Obstáculos de carácter social, económico y político afectan los ingresos por impuesto predial en Antioquia. Un exitoso recaudo significaría un mejor desarrollo para las regiones.
• El impuesto predial en Antioquia: hacia un recaudo óptimo es el nombre de la investigación que realizaron, por convenio, EAFIT y la Gobernación de Antioquia.
• El trabajo, que finalizó en 2011, halló que unos 75 municipios, de los 125 que tiene el departamento, presentan niveles de evasión por encima del 50 por ciento.
El recaudo municipal por impuesto predial no solo se incrementa con nuevas actualizaciones, sino también con la reducción de la evasión, con la mejoría del diseño de las tarifas y con el aumento de la confianza de los ciudadanos por medio de la construcción de obras que faciliten su vida.
Estas son algunas de las recomendaciones que se desprenden de la investigación El impuesto predial en Antioquia: hacia un recaudo óptimo. El trabajo se finalizó en 2011 gracias a un convenio interinstitucional entre la Escuela de Ciencias y Humanidades de EAFIT y el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia.
La pregunta que motivó la investigación fue: ¿Cómo lograr que los municipios potencialicen las posibilidades que les brinda el territorio para que tengan un mayor margen de maniobra con el fin de impulsar proyectos de inversión para el desarrollo local?
De acuerdo con Oswaldo Zapata Quijano, economista de la Universidad de Antioquia y uno de los investigadores, la pregunta surgió porque el impuesto predial, dentro de las finanzas públicas de los municipios, constituye un ingreso fundamental para el desarrollo de proyectos que permitan mejorar los niveles de calidad de vida de la población y de crecimiento económico local.
Sin embargo, pese a su importancia -es el segundo después del impuesto de industria y comercio como una de las fuentes de ingresos propios más significativas de los municipios- existen diversos obstáculos de orden político, social y económico que distorsionan el diseño de tarifas óptimas y el recaudo, lo que deja a las localidades con ingresos menores a su potencial.
La investigación, entonces, se planteó un par de retos. En primer lugar entender cuáles son los determinantes del recaudo efectivo. Y, segundo, analizar los niveles y las causas de la evasión del impuesto predial.
“Esto con el objetivo de derivar recomendaciones de política pública que les permita a los municipios incrementar los niveles de recaudo”, explica Zapata Quijano.
El recaudo
Para entrar en el tema de las causas que afectan el recaudo efectivo se analizaron tres componentes: catastral, fiscal y social, cada uno con múltiples variables.
Entre lo más destacado se encontró que, en un ámbito catastral, los municipios esperan, de manera equivocada que, a mayores actualizaciones de las bases de datos catastrales y a mayores aumentos de los avalúos, con repercusiones en las facturaciones del impuesto predial, haya niveles de recaudo superiores.
En la variable de tipo fiscal se halló que la dependencia al Sistema General de Participaciones y de Regalías y, en general, a los ingresos del Estado central, genera menores niveles de ingreso.
“Pareciera que la mayor dependencia a los ingresos que reciben los municipios del Estado generara pereza fiscal para recaudar algunos propios”, anota el investigador.
Y por último, en el tema social, se encontró que el desplazamiento forzado y los altos índices de violencia también reducen los niveles de recaudo por impuesto predial.
La evasión
Unos 75 municipios, de los 125 que tiene el departamento de Antioquia, registran niveles de evasión por encima del 50 por ciento. De hecho, señala el académico, existen 25 poblaciones que tienen una evasión superior al 67 por ciento.
Para determinar por qué estos niveles de evasión son tan altos también se analizaron cuestiones de tipo catastral, fiscal y social.
Entre lo que se halló se destaca el diseño relativamente arcaico de las estructuras tarifarias, las que, en la mayoría de los casos, ni siquiera corresponden a la realidad predial de los municipios ni a la capacidad adquisitiva de la gente. Es decir, están mal elaborados.
Así mismo, se encontró que la falta de confianza de la ciudadanía con relación a sus gobernantes, frente a la eficiencia en el gasto público y la corrupción, determinan en gran medida los altos niveles de evasión. “La gente no confía en sus autoridades y no está dispuesta a pagar porque cree que eso es botar la plata”, reitera Oswaldo.
Recomendaciones
Así pues, teniendo en cuenta estos hallazgos de la investigación, se desprendieron varias recomendaciones.
“Una podría ser que los municipios dedicaran el recaudo efectivo que tienen a inversiones específicas y que eso se haga público. Es, por ejemplo, que a la gente le digan: ‘vea, esta carretera, el acueducto o esta escuela se está construyendo con sus recursos’”, asegura. También, se recomienda revisar sus estatutos tributarios y las tarifas del impuesto predial.
“Si se reducen las tarifas, y eso lo demostramos; si se mejora el diseño de las tarifas; si se aumenta la base gravable y si, además, se aumenta la confianza de los ciudadanos para que paguen, se reduce la evasión”, concluye el economista.
Este proyecto hizo parte de una agenda de investigación más amplia, que también incluyó un trabajo sobre la estructura de la propiedad de la tierra rural en Antioquia y otra sobre la relación entre violencia y la concentración de la propiedad de la tierra en Urabá. La coordinación académica estuvo a cargo de Juan Carlos Muñoz y Alberto Naranjo.
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Juan Carlos Luján Sáenz
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