Las negociaciones con agrupaciones armadas ilegales –habitualmente llamadas “de paz” han sido una constante en la vida política colombiana al menos desde 1982. Si observamos que desde entonces todos y cada uno de los diez gobiernos nacionales promovió uno o varios intentos de diálogo y negociación, y si nos percatamos del uso político y legal el Artículo 22 de la Constitución Política, desde 1991, nos encontraremos con una auténtica política de Estado.
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