Un primer dato en relación con el uso que hoy se hace de la expresión “activismo judicial” es que, por ejemplo, en España, calificar a un juez, o a una de sus decisiones, de “activista”, tiene un sentido inequívocamente descalificatorio: un juez activista actúa como no debería actuar un juez. En Latinoamérica, al menos en muchas ocasiones, calificar a un juez de activista supone atribuirle una cualidad positiva, porque se toma en serio lo que constituye la función esencial de la jurisdicción: la defensa de los derechos fundamentales de las personas.