Urgencia de una teoría económica para comprender el mercado minero energético

La reducción de las ganancias del Estado en el mercado minero energético a partir de la década de los noventas, y el riesgo inminente de dejar de percibir ingresos fiscales por más de 10 billones  de pesos como consecuencia de la caída en los precios del petróleo¹, dan señales que el modelo económico con el que se ha venido apropiando las rentas públicas no renovables debería replantearse.

La fundamentación de los análisis cuantitativos en las decisiones de política pública tiene sus orígenes en la  idea que el mercado será quien equilibre la distribución de los recursos y que con el tiempo cualquier disparidad en el rendimiento de los factores tenderá a desaparecer. Las críticas han llegado por todos lados. Entre las más destacadas se reconoce la ausencia de las instituciones, la alta dependencia de los valores iniciales, sujeción de deducciones axiomáticas, y la inhibida intervención del Estado en la  asignación recursos públicos². En otras palabras, si las bases del edificio son débiles, los vientos que exigen una explicación científica a las crisis económicas y la agudización de los problemas sociales y económicos, van a resultar volteando el edificio neoclásico.  

Las críticas de los teóricos de la escuela de la Teoría del Valor Monetario, no solo desnuda las fisuras de la ortodoxia económica, sino que además expone nuevas rutas para entender fenómenos económicos concretos como los que surgen en el campo de la  política pública. Los retos que tiene una sociedad como la colombiana respecto al tratamiento del sector minero energético, no pueden seguir respondiéndose en un terreno tan frágil, donde el Estado y las instituciones solo prestan servicios de apoyo a la gestión de recursos del mercado³. 

Así que sí no hay certeza científica de la eficiencia del mercado puro, no es correcto seguir empujando la desregulación del sector minero energético. Colombia es en la actualidad el segundo país con menor participación del Estado en las ganancias del sector energético en Latinoamérica. Por cada dólar creado por el sector, el gobierno se queda con 17 centavos⁴. La apuesta por el neoestractivismo desconoce que la actividad minera no es una solución de empleo, no reporta divisas para el país y el costo ambiental es alto e irreparable en muchos casos. 

Las falencias institucionales que han dirigido al mercado minero energético en Colombia no han permitido conseguir una estrategia de desarrollo integral en materia de redistribución, apropiación de rentas públicas, y creación de nuevos empleos a través de las cadenas de valor agregado (encadenamientos productivos). De igual manera, es prioritario escalar las acciones contra los crímenes ambientales y la expoliación del recurso no renovable y público. Es urgente buscar un marco teórico alternativo para dar vida a las instituciones que necesita el sector de cara a una apuesta de desarrollo. Solo así se podrá reevaluar el sutil régimen tributario de la inversión extranjera en el sector, fortalecer el control fiscal, y las condiciones políticas de la explotación, permitir la ampliación del margen de acción en la participación del Estado sobre los bienes públicos que hacen parte de la propiedad y el bienestar de los colombianos. 

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