Róbinson Úsuga Henao
Colaborador / Proyectos de investigación
Entre los libros de derecho penal que lo rodean, el profesor Juan Oberto Sotomayor pasa buena parte de su tiempo. En su oficina, en el Consultorio Jurídico de la Universidad EAFIT, analiza lo que él considera es el mayor reto que enfrenta el derecho penal actualmente.
"Asistimos al crecimiento de un fenómeno comprobado por diversos investigadores: la expansión del punitivismo en el derecho penal", afirma Sotomayor, miembro del grupo de investigación Justicia y Conflicto de la Escuela de Derecho de EAFIT. Una de sus líneas de trabajo es el derecho penal, campo al que ha dedicado su carrera profesional.
En los últimos años Juan Oberto mantiene comunicación permanente con otro penalista que vive al otro lado del Atlántico, el profesor Miguel Díaz y García Conlledo, director del Departamento de Derecho Público y catedrático de derecho penal de la Universidad de León (España).
A ambos los une el interés por estudiar la expansión en el mundo que tiene el punitivismo al impartir justicia. En sus análisis estos investigadores evidencian que en la mayoría de países occidentales crece la lista de conductas catalogadas como delitos y, al mismo tiempo, aumenta el rigor de las penas tradicionalmente previstas por el derecho penal.
"Este exceso de leyes penales y de dureza de las penas ha significado una disminución de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución Política (en el caso colombiano), pero no una disminución de la criminalidad", afirma Juan Carlos Álvarez, abogado e investigador del grupo Justicia y Conflicto.
En la mayoría de países occidentales crece la lista de conductas catalogadas como delitos y, al mismo tiempo, aumenta el rigor de las penas tradicionalmente previstas por el derecho penal.
Otra de las conclusiones del trabajo que vienen haciendo es que en el país "se recurre cada vez más al derecho penal para enfrentar todo tipo de problemas sociales. Y depositar tantas expectativas en el sistema penal ha provocado un
efecto negativo: el sistema se ha desprestigiado, pues al no poder cumplir con tantas expectativas termina por ser un sistema en el que la ley solo cumple un papel simbólico", puntualiza Juan Carlos.
¿Sociedad del control?
Este fenómeno comenzó su expansión en Estados Unidos y en Europa durante los últimos 25 años. Uno de los autores que más da cuenta de esto es David Garland, profesor de leyes y de sociología de la Universidad de Nueva York. Con su libro
La cultura del control, publicado en 2001, Garland le entregó una obra de culto a la ciencia de la criminología contemporánea. Dicho libro alerta sobre un declive en la justicia penal de bienestar, que ideológicamente situaba la desviación del delincuente como un producto social, tratable y manejable. De esta manera, los problemas de criminalidad y violencia en las sociedades empezaron a verse como productos de decisiones netamente individuales.
Al respecto, Juan Oberto explica que "en los Estados Unidos y en los países desarrollados, durante mucho tiempo, la esencia del sistema penal era lograr la rehabilitación del delincuente. Por eso se requerían procesos de resocialización". Sin embargo, el concepto "Estado de bienestar" entró en crisis en las últimas décadas y el neoliberalismo impuso las lógicas del mercado sobre la justicia penal, al incorporar un racionalismo económico y moral que afecta seriamente las garantías. De esta manera, debido a los costos que conlleva la búsqueda de rehabilitación de los delincuentes, esta dejó de ser una prioridad para la justicia penal.
Resonancias del 11 de septiembre
Para el catedrático Miguel Díaz y García Conlledo, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y sus trágicas secuelas en Londres y Madrid agravaron el fenómeno en los estados democráticos.
"En España, por ejemplo, las estadísticas muestran una de las tasas más bajas de delincuencia de Europa y el mundo. Sin embargo, independientemente de los gobernantes de turno, aumenta la creación de nuevos tipos penales, la ampliación de los existentes y el endurecimiento de las penas, con un abuso importante de la prisión", afirma Díaz
y García Conlledo. Para Sotomayor, estos parecen síntomas de una sociedad más ávida de venganza que de justicia. Y, en gran medida, se debe al radical cambio en la percepción que se tiene sobre el llamado delincuente.
"Ahora al delincuente, en la mayoría de los casos, se le ve como a una persona que simplemente buscó un atajo. Por ende, es él quien tiene que responder por sus acciones y no la sociedad", señala Juan Oberto. Si el derecho penal clásico buscaba un equilibrio entre la prevención o amonestación y las garantías individuales para los procesados, ahora sobresale el castigo como fin prioritario del derecho penal. De esta manera, la búsqueda de castigo se convirtió también en un recurso atractivo para los medios de comunicación y para algunos partidos y movimientos políticos que buscan votos con promesas de más penas contra el delito.
Debido a los costos que conlleva la búsqueda de rehabilitación de los infractores, esta dejó de ser una prioridad para la justicia penal.
A esto se le llama "populismo punitivo" y la
Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio del Interior ya reveló las graves consecuencias que tiene el fenómeno en Colombia, con mayor hacinamiento carcelario, sin repercusión tangible en la reducción del delito.
Una propuesta para la administración de justicia
Ante este panorama mundial y nacional, el grupo de investigación Justicia y Conflicto y la Universidad de León vienen formulando propuestas y alternativas para que el populismo punitivo y la expansión del punitivismo no estén en desequilibrio con los derechos y las garantías mínimas que debe tener todo procesado.
Una de esas propuestas es volver a las normas rectoras del Código Penal, que recogen muchas de las garantías constitucionales y prevalecen sobre las otras normas penales. Pero no es la única, cada vezprofundizan más en el tema para encontrar salidas. Para el investigador Miguel Díaz y García Conlledo resulta fundamental no buscar resolverlo
todocon el endurecimiento de las penas, sino "mejorar las condiciones sociales para prevenir la delincuencia.
También, que los medios de comunicación contribuyan con una información veraz y sensata de losproblemas y el sistema penal". Este grupo de investigación internacional, en el que participan expertos colombianos, peruanos, españoles y alemanes, quiere presentar respuestas alternativas a las penas carcelarias. Y lo hace con el análisis concienzudo de la situación en cada uno de los países de origen de los investigadores.
"Yo, por el momento, me concentro en el Código Penal y el papel que cumplen las normas rectoras de este, porque definitivamente tenemos que reforzar el sistema de garantías para que se mantenga el equilibrio y, así, contener el excesivo punitivismo", puntualiza Sotomayor.
Algunos principios del derecho penal clásico
Exclusiva protección de bienes jurídicos, subsidiariedad, intervención mínima o ultima ratio, legalidad estricta, responsabilidad por el hecho, efectividad o idoneidad, proporcionalidad, responsabilidad subjetiva, culpabilidad, responsabilidad personal, humanidad y resocialización, y
non bis in ídem (principio jurídico que prohíbe que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho).
Investigadores
Juan Oberto Sotomayor Acosta
Abogado, Universidad de Medellín; doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca (España). Profesor del área de Derecho penal. Miembro del grupo de investigación Justicia y Conflicto. Dirige la maestría en Derecho Penal y la revista Nuevo Foro Penal de la Universidad EAFIT. Sus más recientes investigaciones han girado en torno a los temas de política criminal y racionalidad legislativa, y los desarrollos de una teoría garantista del derecho penal. Áreas de interés: derecho penal, política criminal y criminología.
Juan Carlos Álvarez Álvarez
Abogado y magíster en Derecho, Universidad de Antioquia. Candidato a doctor en Derecho de Universidad de León (Espa- ña). Profesor del área de Derecho penal y miembro del grupo de investigación Justicia y Conflicto. Sus más recientes investigaciones se han centrado en la corrupción y el papel del derecho penal en el control y prevención de la misma. Áreas de interés: derecho penal, política criminal y criminología.