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​​El Centro de Análisis Político (CAP) ​de la Universidad EAFIT realizó entre 2013 y 2014 tres estudios sobre seguridad, convivencia y victimización para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Sus hallazgos ayudan a construir políticas públicas en estas áreas.​

El 15 por ciento de los encuestados en Antioquia y Medellín aseguraron haber sido víctimas de un delito en 2013. Sorprende lo bajo de la cifra en un país que aún enfrenta la persistencia de un conflicto armado y múltiples retos provenientes del crimen organizado.

Andrés Felipe Giraldo Cerón
Colaborador​ / Proyectos de Investigación

En Colombia, específicamente en Antioquia, el hecho de que el orden social se encuentre en proceso de construcción plantea el reto de pensar que para la gente el Estado es tan solo uno de los proveedores de soluciones y bienes asociados a la seguridad y la convivencia. 

En estos contextos donde el orden social no está resuelto aparecen actores privados que prestan seguridad, la gente no confía en las autoridades y considera que los jueces no resuelven los conflictos de forma justa. Esta situación, y dada su eficacia, conlleva que los ‘combos’ y las pandillas, por ejemplo en algunos puntos de Medellín, tengan aceptación y legitimidad social.
Así lo evidencian los hallazgos del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad EAFIT, a partir de tres estudios sobre seguridad, convivencia y victimización que realizó entre 2013 y 2014 para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia (ver recuadro ‘Estudios sobre seguridad, convivencia y victimización’). ​

Las soluciones a los mayores retos en materia de seguridad y convivencia para Medellín y Antioquia​ son políticas y ciudadanas: Andrés Casas.​​​​

​​​Andrés Casas Casas, coordinador de los tres estudios, afirma que esas investigaciones evidencian tensiones propias de procesos de construcción del orden social. En este sentido, en Antioquia, por ejemplo, la gente expresa poca confianza en las instituciones del Estado, pero demanda más acompañamiento por parte de este. Así mismo, la victimización es baja con respecto a la del país, pero la percepción de inseguridad es radicalmente más alta.

Lo anterior si se tiene en cuenta que para el 48 por ciento de los encuestados la inseguridad en su municipio se debe a la poca cantidad percibida de policías, mientras que el 38 por ciento la atribuye a grupos delincuenciales y el 28 por ciento a lo que ven o escuchan en medios, puntualiza Santiago Silva Jaramillo, investigador del CAP.

Llama la atención que la región y la ciudad han dejado de ser casos negativos, extremos y sui generis en cuanto a seguridad y convivencia. De ahí que, acota Casas, el reto tiene que ver con la construcción ciudadana de la seguridad y la convivencia desde las comunidades, un proceso de corresponsabilidad en el que el Estado debe ser el mejor aliado y estar al servicio de las personas del común.  


El Estado como constructor del orden social​

¿Por qué no se ha consolidado todavía el orden social? Porque la presencia del Estado se ha circunscrito selectivamente a los territorios físicos, pero la noción de confianza y protección por parte de este no la ha asimilado la gente.​

No está resuelto, no es paradójico que la gente exprese poca confianza en las instituciones del En contextos territoriales donde el orden social Estado y, a la vez, demande más acompañamiento por parte de este.​​​​​


Una cosa es hacer presencia física y otra tener sentido en “los territorios simbólicos y cognitivos de las poblaciones”, señala Andrés Casas, quien explica que “el orden social es el resultado de una compleja ecuación de domesticación de la violencia, legitimidad, lealtad y legalidad. Y el Estado debe comprender que el mejor camino es el de ganarse el respaldo de los ciudadanos con transparencia, justicia, eficacia y eficiencia en los territorios”​. ​

Al analizar la percepción de seguridad en Antioquia, el CAP encontró que mientras 88 por ciento de los encuestados se siente muy o relativamente seguro en su barrio o vereda, el porcentaje baja a 86 por ciento cuando se trata de la cabecera municipal, dice Santiago Silva.

Para entender dicha percepción, el CAP identificó en sus estudios lo que se denomina ‘confianza familista’, es decir, entre más cercano y privado es el círculo la gente se siente más segura y “en la casa más que en el barrio, pero más en el barrio que en la ciudad, una característica social que se presenta tanto en Medellín como en el departamento”, puntualiza el politólogo Casas.


Convivencia y victimización

En cuanto a los niveles de convivencia en Antioquia y Medellín, en las investigaciones del CAP se constata que los antioqueños y los medellinenses muestran algunos de los porcentajes más altos en materia de confianza y acción colectiva en el país. uno de los mayores problemas que afectan la convivencia en Medellín y el departamento, e inciden en la seguridad según la opinión de los encuestados.

Por otra parte, respecto a la victimización, 15 por ciento de los encuestados en Antioquia y Medellín aseguraron haber sido víctimas de un delito en 2013. Sorprende lo bajo de la cifra en un país que aún enfrenta la persistencia de un conflicto armado y múltiples retos provenientes del crimen organizado.

Mulltiples retos provenientes del crimen organizado. Sin embargo, como afirma Casas, es común la distancia entre victimización, que en el país es de 18 por ciento (según datos del Dane), y la percepción de inseguridad, que para Colombia es de 57 por ciento, Antioquia de 14 por ciento y Medellín de 44 por ciento.​ ​

A este efecto sobre la percepción de los temas de seguridad se le denomina ‘la caja de resonancia’, “un fenómeno cognitivo que se aumenta por la manera en que los medios de comunicación manejan las noticias y las fuentes de información que escogen las personas como el chisme o internet”, ilustra Casas. ​

Estos resultados plantean grandes retos para las instituciones, que ahora cuentan con más información y datos para elaborar las políticas públicas necesarias para atender los problemas que más aquejan a los ciudadanos en temas de seguridad, convivencia y victimización.


Soluciones políticas

Para Casas, investigador del CAP, las soluciones a los mayores retos en seguridad para Medellín y Antioquia son políticas y no se deben limitar solo al aumento de la presencia de la fuerza pública. Por eso se necesita entender que tratar el orden social y la violencia desde el punto de vista político es el único camino para reducir los niveles de inseguridad y generar confianza en el Estado y legitimidad de las normas en el ámbito barrial.​ 

​​En este sentido, el acompañamiento del CAP al diseño de la política pública de seguridad y convivencia en el Municipio de Medellín abarca tres dimensiones: la conceptual, que define un marco analítico para profundizar el significado político y ciudadano de los fenómenos de seguridad y convivencia como problemas del orden social; el diseño de metodologías mixtas para comprender los retos de la seguridad y la convivencia desde el punto de vista de las comunidades y de los funcionarios, y las recomendaciones para construir políticas públicas basadas en evidencia de cara a la toma formada de decisiones.​ ​

Otros estudios sobre seguridad y convivencia en Medellín​

El Centro de Análisis Político (CAP) actualmente apoya a la Alcaldía de Medellín en dos frentes: 
Desde 2015 adelanta un estudio sobre las transformaciones locales de los puntos calientes de la ciudad en materia de homicidio. En esta investigación cuenta con el apoyo de la prestigiosa fundación Open Society, que promueve valores, instituciones y prácticas de una sociedad abierta en la que se respete el Estado de Derecho para construir democracias cuyos gobiernos sean responsables ante sus ciudadanos. 
Simultáneamente, desarrolla un estudio sobre los retos y desafíos del posconflicto para la seguridad y la convivencia en Medellín, con el apoyo del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín.​​

Estudios sobre seguridad, convivencia y victimización

El Centro de Análisis Político, de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT, realizó entre 2013 y 2014 los siguientes tres estudios de interés político para Medellín y Antioquia: 
Encuesta de percepción sobre seguridad, convivencia y victimización en el Departamento de Antioquia. ​​Es una de las primeras encuestas de su tipo en el país e incluyó trabajo de campo, registró información comparativa entre zonas rurales y urbanas, y abarcó una muestra representativa de 2.408 personas (en 107 municipios). En los próximos meses el CAP realizará la segunda aplicación de este instrumento.
 
​Primera encuesta municipal con alcance a nivel de comuna sobre percepción de seguridad, convivencia y victimización, que abarcó una muestra de 4.522 personas entrevistadas cara a cara, de un universo de 1’988.560 habitantes. 

Acompañamiento al diseño de la política pública de seguridad y convivencia para el Municipio de Medellín, un estudio que usó métodos mixtos (experimentos económicos de campo, encuestas, grupos focales, entrevistas y análisis econométricos) y le entregó a la ciudad recomendaciones que tienen en cuenta los contextos en sus 16 comunas y 5 corregimientos. 

Estos últimos trabajos contribuyeron a construir la política pública de seguridad y convivencia que presentarán próximamente ante el Concejo de Medellín para su aprobación y marcará la ruta de los gobiernos de la ciudad en los 10 años que vienen.​


Investigadores

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Jorge Giraldo Ramírez 

Filosófo e historiador, Universidad Santo Tomás de Aquino (sede Bucaramanga), y magíster en Filosofía Política y doctor en Filosofía, Universidad de Antioquia. Es el decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT. 


Andrés Casas Casas

Politólogo y magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana. Es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, y de la maestría en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, donde es investigador del CAP. ​


Nathalie Méndez Méndez

Politóloga y magíster en Políticas Públicas, Universidad de los Andes. Es coordinadora de la Estrategia Nación Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, e investigadora del CAP. ​


Santiago Silva Jaramillo 

Politólogo, especialista en Estudios Políticos y estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad EAFIT, donde es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, e investigador del CAP. ​


Felipe Lopera Becerra

Politólogo, Universidad de Antioquia, y magíster en Ciencias en Desarrollo Local, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México). Es investigador del CAP. ​


Juan Pablo Mesa Mejía 

Politólogo, Universidad EAFIT. Es profesor del pregrado en Ciencias Políticas y de la especialización Virtual en Gestión Pública Municipal de EAFIT. Es investigador del CAP.​


​Luis Felipe Dávila Londoño

Abogado y magíster en Gobierno, Universidad de Medellín. Estudiante del doctorado en Humanidades, Universidad EAFIT, e investigador del CAP. 


Andrés Felipe Preciado Restrepo 

Politólogo, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Es estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. ​


Diego Balbín Rondón

​Politólogo, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Camilo Nieto Matiz Politólogo, Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante de PhD en Ciencias Políticas, U​niversidad de Notre Dame.

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Última modificación: 06/03/2017 14:40