Róbinson Úsuga Henao
Colaborador / Proyectos de Investigación
Cañamomo Lomaprieta es un resguardo indígena cuya existencia se remonta a la época colonial. Está ubicado en la margen izquierda del río Cauca, entre los municipios de Riosucio y Supía, en el departamento de Caldas.
En las 19 veredas de Cañamomo Lomaprieta habitan un poco más de 26.000 habitantes que tienen un modo de vida de tipo campesino, andino y caldense. Se les considera parte del pueblo emberá chamí. En este resguardo, donde se siembra caña
panelera, café, frijol, yuca y maíz, la identidad está mediada por el tipo de posesión que se tiene sobre la tierra.
“Uno de los factores que en esta población determina
quién es indígena y quién no es la forma que utilizan sus habitantes para transmitir los derechos sobre la tierra. Algunos lo hacen por medio de escritura pública y otros reconocen a la autoridad del
cabildo y a las autoridades indígenas para determinar la transmisión del derecho”, explica Gloria Patricia Lopera Mesa, investigadora y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT.
La identidad indígena en el resguardo Cañamomo Lomaprieta está mediada por el tipo de posesión que se tiene sobre la tierra.
Para Gloria Lopera, Yulieth Hillón y Nicolás Ceballos, académicos e investigadores del Grupo de investigación Territorio, identidades, pluralidad
jurídica y cambio social de EAFIT, el caso de Cañamomo Lomaprieta es útil para analizar las múltiples disputas existentes entre el derecho del Estado y la autonomía de los pueblos indígenas para regirse por el derecho propio.
“Hemos encontrado que el derecho es, en muchos aspectos, como un campo de batalla entre el Estado y las comunidades indígenas”, dice Yulieth Hillón, abogada con maestría y doctorado en Sociología Jurídica.
Prácticas sancionatorias indígenas
Esta línea de investigación inició con el proyecto Derechos Fundamentales y Diversidad Cultural, una mirada a las prácticas sancionadoras de las comunidades indígenas, desarrollado entre 2006 y 2007. En este, Juan Oberto Sotomayor y Gloria Patricia Lopera, docentes e investigadores de la Escuela de Derecho de EAFIT, exploraron el tema de los indígenas ante el derecho penal.
Encontraron que si bien los derechos considerados fundamentales tienen una vigencia universal, no cobijan a algunas poblaciones indígenas, ya que en el país se reconoce su autonomía para gobernarse por sus propias normas y procedimientos, e instaurar sus métodos de castigo y juzgamiento.
Abogados ante el derecho indígena
Para Gloria Lopera, esa disparidad entre el derecho indígena y el derecho “del Estado occidental” se evidencia en la formación profesional que se brinda a los estudiantes de derecho en las distintas universidades del país.
Al respecto, la investigadora señala que aunque la legalidad paralela de las comunidades indígenas está formalmente reconocida en la Constitución colombiana, resulta difícil de comprender para juristas formados en las Facultades de Derecho que tienen una concepción monista del derecho, es decir, que reconocen solo la normatividad emanada del Estado.
Aunque los derechos fundamentales son universales, no cobijan a algunas poblaciones indígenas, ya que en Colombia se reconoce su autonomía para gobernarse por sus propias normas.
Precisamente, esa necesidad de profundizar en el derecho indígena y sus prácticas sancionatorias llevó a la profesora Lopera a realizar su trabajo
de investigación de maestría en Antropología sobre la comunidad Cañamomo Lomaprieta. Gracias a este estudio, su grupo de investigación se acercó
al campo en el que se hace más álgida la disputa entre el derecho del Estado y el derecho indígena: la propiedad de la tierra.
Además de la antropología, el grupo de investigación eafitense también ha incorporado análisis desde la historia y tiene tres líneas de trabajo: los
usos del derecho por parte de actores subalternos, en particular el recurso a las “leyes viejas” para fundamentar la legitimidad y legalidad de reclamos por el control del territorio; la dimensión performativa
del derecho, tanto sobre las identidades como sobre las tierras, y la movilización de las identidades como recurso de lucha por el control territorial.
Las leyes viejas
La expresión “leyes viejas” hace alusión a la legalidad pretérita (leyes, títulos coloniales, viejas escrituras, etc.) abolida o en desuso por parte de los jueces y demás funcionarios con poder para decidir sobre estos reclamos, pero que los actores subalternos (grupos marginales sociales) insisten en hacer valer como fundamento de sus derechos territoriales.
Indígenas ante el derecho estatal
En 2011 este grupo de investigación continuó su línea de trabajo con el proyecto Interacciones entre derecho estatal y derechos indígenas en Colombia: usos indígenas del derecho.
En dicho proyecto las investigadoras principales Yulieth Hillón y Gloria Patricia Lopera, junto con el joven investigador Nicolás Ceballos, egresado de la Escuela de Derecho de EAFIT, además de analizar las interacciones entre el derecho hegemónico y los derechos indígenas, examinaron la manera en que los pueblos indígenas han utilizado las instituciones jurídicas hegemónicas para defender sus intereses, resistir o adaptarse a las reglas establecidas por el sistema.
Una de las conclusiones de este trabajo es que “actualmente el derecho indígena sigue usándose como un mecanismo de resistencia, sobre todo para la defensa del territorio, y en tal sentido debe verse este derecho también como unas herramientas
de movilización política que siguen vivas, y no son simplemente como un rezago o recuerdo del pasado”, expresa el abogado con maestría en Historia, Nicolás Ceballos.
Para Hillón, esta disyuntiva entre los dos derechos se evidencia ante un mecanismo concebido por la ley como lo es la Consulta Previa. La Consulta Previa es el derecho que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos para defenderse de las medidas legislativas, administrativas o de proyectos extractivos (explotación de recursos naturales) que quieran aplicarse sobre sus territorios. Es un medio legal para proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.
Pero en la práctica es un instrumento muy limitado porque, como argumenta Yulieth Hillón, a las comunidades simplemente se les escucha, pero muchas veces no se toman en cuenta sus decisiones. “Consulta Previa es ‘yo le escucho, pero la decisión
queda en el Estado’. Además, no le sirve a otros grupos amplios de comunidades campesinas, mineras o de pescadores que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo en sus territorios.
Sin embargo, las experiencias recientes en Colombia y Latinoamérica muestran que, al lado de las luchas de los pueblos
indígenas por hacer valer sus derechos al territorio y a la Consulta Previa, también otros grupos sociales acuden a mecanismos jurídicos similares para que su voz sea escuchada cuando se trata de tomar decisiones que afectan sus territorios, sus vidas y el uso de los bienes comunes”, dice Hillón.
Con los conocimientos adquiridos, los miembros del Grupo de investigación Territorio, identidades, pluralidad jurídica y cambio social les han brindado acompañamiento jurídico a las comunidades donde han realizado investigaciones.
También han servido de apoyo, junto con antropólogos de la Universidad de Antioquia, en la elaboración de dictámenes solicitados por la Corte Constitucional en varios casos. Por ejemplo, en las sentencias: T-1253 de 2008, sobre el derecho a la
autonomía política de comunidad indígena; T-129 de 2011, sobre protección constitucional de la diversidad étnica y cultural de las minorías, y T-523 de 2012, sobre acción de tutela contra decisiones de autoridades de comunidades indígenas.
Otros proyectos del grupo
Derechos fundamentales e identidad cultural. (2006).
Territorios, identidades y jurisdicciones en disputa: la regulación de los derechos sobre la tierra en el resguardo Cañamomo-Lomaprieta. (2008 y 2010). Interacciones entre derecho estatal y derechos indígenas en Colombia: usos indígenas del derecho. (2011).
Mecanismos de participación en proyectos mineros: el caso de la explotación de oro a cielo abierto en Marmato. (2012).
Derecho al territorio y uso de los bienes comunes. Caso comunidad indígena Cartama. (Iniciado en 2014).
Gloria Patricia Lopera Mesa
Abogada y magíster en Antropología, Universidad de Antioquia; especialista en Argumentación Jurídica, Universidad
de Alicante (España), y doctora en Derecho, Universidad de Castilla La Mancha. Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT en el área de Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica. Áreas de interés: relación entre derecho estatal y derechos indígenas, criterios de identificación de identidad indígena, consulta previa y mecanismos de participación ciudadana en contextos de conflicto socioambiental.
Ha combinado su actividad académica con algunas estancias en la Corte Constitucional, donde se ha desempeñado como magistrada auxiliar en los despachos de los magistrados Jaime Córdoba Triviño y María Victoria Calle Correa.
Yulieth Teresa Hillón Vega
Abogada, Pontificia Universidad Javeriana; máster en Sociología Jurídica, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de
Oñati (España), y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad de Zaragoza (España). Es profesora
de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT en cursos sobre las interacciones entre derecho y sociedad. Área de interés: estrategias utilizadas por poblaciones locales en la construcción de su buen vivir y de la justicia socioambiental. Dicho enfoque aborda temas como tierra y comunes, patrimonio común de la humanidad, memoria histórica, conflicto armado y justicia ambiental o pluralidad jurídica.
Nicolás Ceballos Bedoya
Abogado, Universidad EAFIT. Ganador de la Beca Joven investigador de Colciencias (2011). Candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional (sede Medellín). Es profesor de cátedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y en la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, donde es miembro del Grupo de investigación Justicia y Conflicto.
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