Carolina Ospina Foronda
Colaboradora
Héctor Emilio Ríos, campesino del corregimiento Santa Ana de Granada (oriente de Antioquia), se trasladó a Medellín en 2003, luego de que un grupo armado ilegal le arrebatara la vida de uno de sus hijos.
“Él se llamaba Germán de Jesús Ríos y tenía 21 años. El 31 de diciembre de 2002, mi muchacho y un amigo salieron para una fiesta que había en una casa cercana. Ellos se fueron en bestias. Luego de un rato, el resto de la familia los seguimos a pie. A los cinco minutos de camino escuchamos una balacera, pero del miedo que teníamos no pudimos ver nada. Germán nunca llegó a la fiesta y, por eso, el primero de enero salimos un puñado de vecinos a buscar a los muchachos. Vimos uno de los caballos muerto en la carretera, pero no encontramos a mi hijo. No quisimos seguir buscando porque por esa época había muchas amenazas y, días después, supimos que Germán había sido enterrado en el cementerio de Granada”.*
Héctor y su familia recogieron algunas pertenencias y engrosaron las cifras de desplazados en el país, que entre 1995 y 2006 fue de aproximadamente seis millones de personas. Así, compraron una casa por 450.000 pesos en la comunidad Altos de la Virgen, del barrio medellinense Juan XXIII, donde vivieron hasta el retorno a su parcela en 2009.
Para Gloria María Gallego García, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, el estudio de casos como el de Héctor es la constante en Colombia. De hecho, entre sus temas de investigación ella se ha concentrado en la fundamentación filosófica del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en cuáles han sido los focos de violación de estas normas en el caso del conflicto en el país, siempre con el ser humano como el centro de sus conclusiones.
“La reconciliación es necesaria y todos los sectores del país
debemos ser generosos y ceder en algo”. Gloria Gallego.
La desaparición forzada de personas, la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra,el uso del hambre como método de guerra contra la población civil, el reclutamiento forzado de menores, los castigos colectivos (masacres: homicidio de tres o más personas) y el desplazamiento forzado se han constituido para la profesora Gallego en las mayores infracciones cometidas por los grupos armados.
“En Colombia se ha peleado una guerra irregular que, desde la concepción de la estrategia viola todas las normas básicas del DIH. Esto es desolador porque significa que hemos llegado a unos niveles de atrocidad y de degradación del conflicto tales, que cumplir con las normas básicas de la guerra es excepcional y violarlas es la regla constante. Lo anterior conduce a que los no combatientes, los inocentes, han terminado como un botín de esa contienda”, concluye de forma categórica.
Pero no solo la pregunta por la guerra y por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el contexto colombiano ha estado presente en la cabeza de esta investigadora. El derecho a la paz, según ella tan poco analizado por los teóricos, es desde hace años su tema principal.
De paz debe hablarse siempre
El proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, desarrollado en La Habana (Cuba), comenzó en 2012. Según las últimas declaraciones de la mesa de conversaciones, el proceso se encuentra en su última fase y se espera que en marzo pueda firmarse el acuerdo final.
“La paz deviene como la única alternativa aceptable”. Juan Oberto Sotomayor, docente eafitense.
Desde su inicio, Gloria Gallego ha estado atenta a este proceso: “hemos seguido permanentemente el proceso de paz, con sus inmensas vicisitudes y complejidades. Lo hemos acompañado en todos sus momentos con el análisis y el debate público, particularmente en su punto más duro que es el de justicia transicional”.
En este sentido, los trabajos de la docente eafitense sobre paz se orientan a acercar, desde el punto de vista académico, los acuerdos obtenidos en la mesa de conversaciones a la legalidad y la jurisprudencia en el contexto colombiano. También estudia el papel de las víctimas y la reivindicación de sus derechos.
“Analizo los dilemas del proceso de paz y mi objetivo es encontrar qué podríamos fundamentar como jurídicamente aceptable de esos acuerdos que son políticos, en el marco constitucional que tenemos y a la luz de la legalidad internacional”, explica la abogada.
Adicionalmente, se ha acercado con sus investigaciones al tema de la paz como derecho fundamental y ha resaltado su importancia para sociedades en guerra como la colombiana porque, como dice, “el derecho a vivir sin guerras es la clave de bóveda del derecho a la paz”.
“El principal aporte al proceso de paz de trabajos como los desarrollados por la profesora Gallego García lo veo en términos de legitimación de dicho proceso, es decir, al denunciar los horrores de la guerra y sus enormes costos, la paz deviene como la única alternativa aceptable. En dicha encrucijada lo jurídico juega un papel preponderante, pues al tiempo que en un país como Colombia puede ser un medio para la construcción de la paz, también podría constituir un obstáculo a la misma. Y no hay duda de que el aporte de ella se orienta en lo primero”, señala Juan Oberto Sotomayor Acosta, docente eafitense y maestro de la investigadora.
Actualmente Gloria trabaja en varios artículos y cátedras sobre la paz. Para ella, los colombianos deben prepararse para un proceso de posconflicto que, en sus términos, es muy difícil. “Tenemos una guerra difusa en la ciudad, un atraso en el campo, y la desigualdad material es aguda. La reconciliación es necesaria y todos los sectores del país debemos ser generosos y ceder en algo; todo sea por librarnos del pesado fardo de la guerra”.
Justicia centrada en la persona
“Cuando el mundo parece centrado exclusivamente en las guerras híbridas, era necesaria una mirada que recordara que detrás de todo conflicto hay víctimas y que el objetivo de la comunidad internacional, política y académica, ha de ser la búsqueda de la paz que solo puede estar basada en la justicia, el perdón y la reparación de las víctimas como base de la recuperación de la convivencia; una justicia restaurativa que ayude a restañar las heridas del conflicto”, señala Natividad Fernández Sola, profesora de derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad de Zaragoza (España).
Para Fernández, el foco de la investigación de Gloria Gallego no está tanto en las variables políticas del conflicto, las fuerzas enfrentadas o los intereses en presencia, sino en la importancia de la persona, de la población civil, como víctima forzada del mismo y que sufre sus consecuencias más penosas.
Por eso “la restauración también ha de centrarse en la persona, pues ahí reside la base de la resiliencia de la sociedad. Creo que el trabajo de la doctora Gallego tiene elementos muy destacados, de utilidad para conflictos persistentes como el de Oriente Medio entre Israel y el pueblo palestino, pero también para otros cerrados en falso y que pueden, por tanto, reabrirse en cualquier momento”, concluye Fernández.
Publicación internacional
La Universidad Carlos IIII de Madrid y la Fundación Gregorio Peces-Barba para el estudio y cooperación en derechos humanos, con sede en Madrid (España), como parte del Proyecto Consolider “El tiempo de los derechos”, invitaron a Gloria María Gallego García, en calidad de experta en temas de paz y derechos humanos, a escribir el capítulo El derecho humano a la paz, para ser publicado en la colección de libros Historia de los derechos fundamentales, específicamente en el volumen VI, libro III dedicado a los Derechos econó- micos, sociales y culturales. En total, 200 profesores de varias universidades y centros de investigación de España y de otros países del mundo realizaron los trabajos de investigación de esta compilación producida a lo largo de 10 años.
“En este trabajo planteo el sentido del derecho a la paz, su trascendencia para la sociedad, qué protección tenemos cuando en nuestro Estado se reconoce el derecho a la paz, qué obligaciones tiene el Estado y cómo debemos actuar los civiles en defensa de la paz”, acota Gallego García.
Investigadora
Gloria María Gallego García
Abogada, Universidad de Antioquia, y doctora en Derecho, Universidad de Zaragoza (España). Es profesora del Área de Teorías del Derecho de la Universidad EAFIT, donde es docente de los cursos de Ética y Filosofía del Derecho, y del curso de Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra en la maestría de Derecho penal. Es directora del Grupo de investigación Justicia & Conflicto.
* Testimonio publicado en el artículo Santa Ana, modelo nacional, escrito por Carolina Ospina para el periódico El Mundo (Medellín). 11 de octubre de 2009.