Margarita Zuluaga Esquivel
Colaboradora
En cuestión de 60 minutos, el detective Mike Logan (uno de los personajes de la serie estadounidense Law & Order) es capaz de desentrañar el más extraño caso de homicidio con la ayuda de su equipo de colaboradores y de las más ingeniosas herramientas del laboratorio de criminalística.
Esa rapidez para descubrir a los asesinos más cautelosos ha calado hondo en la psique de los televidentes, muchos de ellos colombianos. Los seguidores de la serie no se explican por qué un país como Colombia, que adoptó el sistema penal estadounidense, retratado en el programa de televisión, no logra capturar a sus delincuentes de una forma tan hábil y, mucho menos, llevarlos ante un juez.
La Embajada de los Estados Unidos capacita a jueces, fiscales, policía judicial y el resto de personal relacionado con el nuevo procedimiento penal. Sin embargo, el sistema sigue sin mostrar su eficacia. Ante esto, Juan Oberto Sotomayor Acosta, docente de Derecho Penal de EAFIT, expresa que la culpa no es del sistema, sino de la falta de recursos.
Un fiscal en Medellín puede tener al mes un total de 300 casos asignados y compartir un investigador con otro fiscal. De ahí que los procesos se acumulen sin reparo, teniendo en cuenta que el conflicto urbano de una ciudad como esta hace que se disparen las cifras de delincuencia.
“Esto genera que el sistema se concentre en la investigación de los pequeños delitos, lo que no es probatoriamente exigente, como el porte ilegal de armas, la venta callejera de estupefacientes o delitos con imputado conocido como las inasistencias alimentarias o violencias intrafamiliares”, dice el profesor Sotomayor.
La Gobernación de Antioquia, a través de la oficina de Asesoría Política Criminal de la Secretaría de Gobierno, determinó que había que enfatizar en la capacitación, con énfasis en la cualificación de fiscales, defensores, jueces y policía judicial, en tareas como el desmembramiento de las llamadas bacrim (acrónimo de bandas criminales), microtráfico, lavado de activos y extorsión.
Diplomado eficaz
Marta Cecilia Penagos Penagos, asesora en Política Criminal de la Gobernación de Antioquia y exdirectora de Fiscalías de Medellín y Antioquia, se puso en la tarea de buscar al mejor grupo de abogados penalistas y, según ella, los encontró en EAFIT, institución con la que la Gobernación contrató el diplomado Sistema penal acusatorio, que duró 120 horas y se realizó a finales del año anterior.
La primera cohorte participó en tres módulos: introducción al estudio del sistema penal acusatorio; dogmática penal, parte especial y proceso penal acusatorio; y criminalidad y política criminal.
La asesora quedó tan satisfecha con los resultados del curso que asegura que el éxito del proceso contra uno de los exjefes paramilitares se debe a la cualificación que están recibiendo jueces y fiscales para determinar con precisión a las figuras del crimen organizado del país.
“Aquella parte de la dogmática penal nos permitió encontrar herramientas para comprometer a los jefes guerrilleros o paramilitares con casos en los que había pocas pruebas de su presencia. Pero fue tan contundente lo que conseguimos con la teoría que la captura y la condena fueron específicas”, explica la funcionaria.
Justicia mediatizada
Los medios de comunicación han evidenciado las carencias del sistema penal colombiano. Los noticieros y los programas investigativos le han mostrado al país las atrocidades de los criminales pasionales o de los grupos armados al margen de la ley. Y el mensaje ha sido claro: la impunidad es el común denominador.
Básicamente, series de televisión donde se expone el modelo norteamericano de justicia penal, como Law & Order, CSI o Criminal Minds son el sustento intelectual de muchos televidentes para juzgar lo que ocurre en Colombia. Pero para los fiscales, la policía judicial o los jueces que tienen que interactuar en la vida real con el sistema, el mismo código es otra víctima de lo que ocurre en el país.
“Debido a la precisión del diplomado anterior, el profesor William Fredy Pérez, que fue parte del curso, nos presentó una edición para periodistas, porque creemos necesario que los medios de comunicación conozcan el funcionamiento del sistema y lo presenten de manera adecuada en sus informaciones”, dice Juan Carlos Álvarez Álvarez, profesor de Derecho Penal de EAFIT y coordinador del diplomado.
Juan Carlos enfatiza en que el valor agregado del curso es dar las herramientas adecuadas y el análisis político criminal para tener un mejor contexto sobre los problemas concretos de criminalidad que existen en Medellín y Antioquia.
El Tribunal Superior de Medellín aceptó una tutela, efectiva desde marzo de 2013, que prohíbe recibir más presos en la cárcel de Bellavista, debido a la cifra de hacinamiento.
La Gobernación de Antioquia, a través de la oficina de Asesoría Política Criminal de la Secretaría de Gobierno, determinó que había que enfatizar en la capacitación, con énfasis en la cualificación de fiscales, defensores, jueces y policía judicial, en tareas como el desmembramiento de las llamadas bacrim (acrónimo de bandas criminales), microtráfico, lavado de activos y extorsión.
Aumento de penas
El curso, además del marco teórico que presentó, fue un espacio de debate para los diversos perfiles de profesionales que se encontraron en las aulas de EAFIT. En muchos temas divergen jueces, fiscales y policía judicial, pero en otros se encuentran, como es el caso del aumento de penas, en el que coinciden que es un grave error.
El aumento de penas y de las detenciones preventivas distorsionó el sistema, que inició con un cambio en la tarea del fiscal. Según el código vigente, los fiscales ahora se encargan de la recolección de pruebas, pero no deciden sobre la libertad de los investigados y sus bienes. Un punto a favor. Sin embargo, hay más problemas por mencionar.
La ley colombiana copió de la norteamericana la posibilidad de que el fiscal preacuerde con el investigado su responsabilidad penal con el fin de evitar el juicio. Los medios de comunicación, nuevamente, han sido los encargados de poner en el tinglado casos de delincuentes confesos que, a cambio de reconocer el delito o de entregar información, se han salvado de ir a la cárcel o pagan penas muy bajas, según el sentir de la opinión pública.
“Los medios de comunicación y la sociedad han entendido que el derecho penal tiene como objetivo el castigo como una forma de solucionar los problemas sociales y en eso hay un gran error. Todo lo contrario, el derecho penal es el último recurso cuando los otros medios de control no funcionan”, explica Raúl Castaño Vallejo, juez penal del Circuito de Medellín.
El juez Castaño coincide con el profesor Sotomayor en que fue un error endurecer las penas, lo que no parece haber asustado a los delincuentes. Por el contrario, este es un aliciente para negociar. Las estadísticas señalan que más del 80 por ciento de los procesos terminan en aceptación de cargos y negociación con la Fiscalía.
Aunque parece contradictorio, dadas las posibilidades de negociación que provee la ley, las cifras de permanencia en prisión son otro dato para tener en cuenta. Mientras que en un país como Holanda un condenado permanece un promedio de cinco meses en prisión y en Estados Unidos el promedio es de 29 meses, en Colombia la permanencia promedia los 140 meses. El dato, de Naciones Unidas, corresponde a una fecha anterior al endurecimiento de penas establecido en el país. Hay que aclarar que, hasta la fecha, el 70 por ciento de la población carcelaria colombiana no tiene condena definitiva.