Las políticas y avances en materia de legislación implementadas por el Gobierno colombiano para atraer inversión extranjera directa y, de paso, promover las exportaciones, han impactado de manera positiva las condiciones de trabajo e incrementado la formalización laboral. Eso ha redundado, de acuerdo con una investigación adelantada por cuatro docentes e investigadores de EAFIT, en el fortalecimiento de garantías en materia de derechos laborales, equidad y trabajo productivo.
Las conclusiones fueron presentadas en el Case study: Colombia investment, export promotion and workers’ rights (Estudio de caso: inversión en Colombia, promoción de las exportaciones y derechos de los trabajadores), un documento publicado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se basa en un informe más detallado y extenso, elaborado por los cuatro autores.
Maria Alejandra Gonzalez-Perez, profesora del Departamento de Organización y Gerencia de EAFIT; Camilo Piedrahita Vargas, decano de la Escuela de Derecho; Laura Jaramillo Echeverri, egresada de Derecho de la Universidad; y Tatiana Restrepo Rey, negociadora internacional eafitense, dieron forma a este documento, centrado en el análisis de los avances en generación de empleo en Colombia, así como del desarrollo de habilidades y la promoción del respeto por los trabajadores, como una forma de mejorar la productividad y la competitividad.
“La calidad de los empleos, y la implementación de lo que se conoce en la OIT como trabajo decente, tiene que ver principalmente con dos conceptos: coherencia y credibilidad. También se articula con las obligaciones en el ámbito nacional, reflejadas dentro de la legislación colombiana, sobre trabajo forzado, trabajo infantil, diferentes formas de discriminación, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva”, explicó Maria Alejandra.
En estos temas, según la docente, existen compromisos internacionales asumidos por los países que hacen parte de instituciones supranacionales como la OIT. No obstante, hay también asuntos relacionados con los principios y las obligaciones morales de empresas y naciones, es decir, la conciencia existente sobre el tipo de trabajo, la naturaleza y las condiciones de las actividades económicas, y la clase de ciudadanos deseados en un país, así como la calidad de vida de los mismos.
Con todas las dificultades, y de acuerdo con Camilo Piedrahita, Colombia ha avanzado en la creación de un marco legal de formalización laboral, respeto a los derechos de los trabajadores, sindicalización, negociación colectiva, entre otras garantías.
“Esta legislación se encuentra acorde con las normas internacionales de trabajo. Colombia ha sido un miembro juicioso de la OIT, y ha ratificado la mayoría de los convenios de la entidad, incluidos los fundamentales. También creó un sistema nacional de vigilancia y control de esa normatividad para garantizar su cumplimiento efectivo”, manifestó el decano.
Mejoramiento continuo
Las exigencias para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), los tratados de libre comercio con Europa y los Estados Unidos, y el acuerdo comercial regional articulado a través de la Alianza del Pacífico hacen parte de los factores externos cuya influencia han llevado al Ejecutivo colombiano a fortalecer sus garantías laborales.
A eso se suman la devaluación del peso; la caída en los precios de los commodities; el deseo de reducir la dependencia de minería y petróleo; el interés por atraer inversionistas extranjeros con procesos sostenibles; y varios temas de equidad contemplados en el proceso de paz colombiano.
“El Gobierno ha adelantado iniciativas para formalizar el trabajo, incluida la Ley de Formalización y Generación de Empleo, del año 2010, y una reforma tributaria, en 2012. Otras medidas han sido programas gubernamentales de apoyo, a través de microcréditos, reducción de impuestos, contribuciones de seguridad social, para pequeñas empresas, simplificación de procedimientos legales, prohibición de actividades a través de mediadores, para las cooperativas, y la no contratación temporal para las actividades principales de la empresa”, asegura Maria Alejandra.
Al crear condiciones decentes de trabajo, con salarios adecuados y una diferenciación clara entre la vida privada y la jornada laboral, se consigue tener, de acuerdo con el informe, colaboradores más satisfechos y con ganas de contribuir, a través de ideas innovadoras, al mejoramiento de los procesos.
El estudio de caso, comisionado por la OIT en octubre de 2016, recogió como principales objetivos del Gobierno colombiano, hasta agosto de 2018: promoción de los derechos laborales fundamentales y del diálogo social; erradicación del trabajo infantil; mejoramiento de las dinámicas del mercado laboral; creación de condiciones equitativas de trabajo; mejora del sistema de seguridad social; y empoderamiento de las instituciones de trabajo en busca de modernización y eficiencia. El fin último de dichos esfuerzos: la atracción de inversión extranjera.
Los inversionistas serios ven un contexto más atractivo en los países que respetan los derechos laborales. Por eso la legislación, en ese sentido y su cumplimiento, ha generado un alza positiva y un ambiente favorable para la inversión extranjera, lo que redunda en el aumento de la productividad y competitividad del país.
Inversión extranjera
Al restablecimiento del Ministerio del Trabajo, en 2011, el Gobierno colombiano añadió la creación de un departamento de Servicio Público de Empleo, con presencia en 87 municipios, en los 32 departamentos, a través de 318 centros de cuya asistencia se benefician, de acuerdo con Mintrabajo, tres millones de usuarios al año. El Centro de Orientación y Atención Laboral es otra iniciativa de orientación e información al ciudadano, cuyo apoyo fue útil a un millón 556 mil 470 usuarios.
Además, el Programa de Protección fortalece la libre asociación y la sindicalización, al proteger a 677 líderes sindicalistas. También, desde que en 2004 ProColombia, la agencia de promoción de exportaciones no tradicionales, turismo e inversión extranjera directa, asumió la promoción de estas inversiones, el país subió doce puestos, hasta ocupar el 54, como destino para realizar negocios con mayor facilidad, según el Banco Mundial.
La inversión extranjera directa en Colombia proviene de multinacionales o de empresas de capital extranjero que vienen a crear su primera empresa. Su presencia impacta a través del fortalecimiento de las cadenas de suministro o de valor. Dentro de estas están quienes producen materiales y materia prima; quienes hacen procesos de manufactura; los transportadores; los vendedores; aquellos encargados de elaborar uniformes y elementos de dotación, entre otros.
“Pero este tipo de inversión no solo estimula la creación de empresas alrededor de ciertas industrias, también permite tener más opciones de competencia, lo que brinda alternativas al consumidor. Por eso, la importancia de que una empresa extranjera no vaya en detrimento de las condiciones laborales del país anfitrión. Si una compañía viene a Colombia atraída por los bajos sueldos, a los que el Gobierno se muestra poco dispuesto a poner límites y regular, habrá un deterioro permanente de las condiciones laborales”, señaló Maria Alejandra.
Pese a que, según el documento elaborado por los investigadores de EAFIT, la inversión extranjera directa se incrementó en un 97,1 por ciento en 2011, al alcanzar una cifra récord de 13.297 millones de dólares, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) resaltó que de 30.000 empleos generados ese año solo 806,000 fueron creados por causa de la misma.
Eso explica que Colombia siga estando entre el 25 por ciento de los países en los que la inversión extranjera directa tiene un impacto menor, y que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) llame la atención acerca de la falta de reciprocidad en un contexto de alta inversión por parte de empresas foráneas y baja creación de puestos de trabajo.
“Un informe de la Ocde, de 2016, recogió el análisis de la informalidad laboral en Colombia, en un intento por explicar la existencia de una tasa tan alta en este sentido. En el país, la meta a 2030 es tener el 60 por ciento de las actividades laborales formalizadas. Pero la baja productividad, ocasionada por la baja calificación de los trabajadores, y su falta de conciencia de los derechos y beneficios asociados al sistema de seguridad social, se cruzan en el camino”, concluyó la docente del Departamento de Organización y Gerencia de EAFIT.
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Alejandro Gómez Valencia
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