Se entiende muy poco, o nada. Se lee un fallo, una resolución, una reglamentación y parece que estuvieran escritos en claves indescifrables. En parte por eso surgió la Red de Lenguaje Claro, una iniciativa para promover el uso de un lenguaje sencillo en la manera como el Estado se comunica con los ciudadanos, presentada por el Departamento Nacional de Planeación, la Cámara de Representantes, EAFIT, el Instituto Caro y Cuervo, y la Universidad de los Andes.
De esta manera, de acuerdo con Camilo Piedrahita Vargas, decano de la Escuela de Derecho de EAFIT, Colombia se convierte en el tercer país latinoamericano, luego de Chile y Argentina, en donde la academia y el Gobierno emprenden acciones para facilitar al ciudadano del común la comprensión de textos, comunicados, citaciones, notificaciones, procedimientos, servicios, decisiones entre otras piezas de información que las personas reciben por parte de entidades estatales, empresas de servicios públicos, bancos y otras organizaciones.
"La idea es que el ciudadano no requiera de conocimientos especializados ni de la ayuda de intermediarios para entender el contenido de los documentos de carácter legal o técnico que recibe. En este esfuerzo nos acompañan, desde EAFIT, el Departamento de Humanidades y el Consultorio Jurídico, en cuyas asesorías, decisiones y comunicaciones hemos venido implementando un lenguaje más claro", explica Camilo.
El país se une así a una tendencia mundial liderada, en la región, por países como Chile. No obstante, la preocupación por acercar el Estado al ciudadano a través de comunicaciones más claras y efectivas, tiene una historia cercana a los diez años en naciones como Canadá, en donde surgió lo que se conoce hoy como Plain Language Association International (Plain), organización global que agremia a cerca de 220 redes, empresas, instituciones y personas que trabajan por este objetivo en cerca de once idiomas, incluidos inglés, danés, francés, sueco, portugués y español.
Las ventajas más visibles de implementar estas prácticas incluyen, para las personas, la comprensión de las decisiones y dinámicas estatales que las afectan en diversos frentes, así como una mayor claridad respecto a sus derechos y deberes para disminuir la necesidad de trámites y gestiones innecesarias.
"Si la gente entiende por qué le rechazaron la pensión, o por qué se tomó cierta decisión respecto a un predio, no tiene que empezar a ir de oficina en oficina esperando una explicación o mayor claridad sobre una decisión. Así, se reducen también las demandas al Estado y, por ende, el gasto del mismo", asegura el decano de la Escuela de Derecho.
Información entregada por el DNP da cuenta de un ahorro anual de 5.000 millones de pesos para el Gobierno gracias a la implementación de estas acciones, que incluyen medidas no solo en lenguaje escrito sino también en el verbal y gestual por parte de los funcionarios públicos, a quienes se les pide cada vez más considerar cuidadosamente el propósito de la información que brindan, la audiencia de la misma, la estructura de los mensajes, la manera cómo los expresan y el diseño de los mecanismos y piezas gráficas necesarias para garantizar la claridad del contenido.
Desde el punto de vista lingüístico, se evalúan 22 criterios relacionados con sintaxis, morfología y diseño. Tales criterios, según Sonia Inés López Franco, jefa del Departamento de Humanidades de la Institución, fueron usados en EAFIT para analizar textos generados en el Consultorio Jurídico. El ejercicio permitió detectar la necesidad de usar criterios retórico-funcionales más precisos acerca de a quién va dirigido el mensaje, quién lo escribe, cuál es la intención y qué tipo de discurso emana del mismo.
"A nivel sintáctico, es necesario usar, en lo posible, oraciones simples y evitar las complejas y subordinadas inadecuadas. A nivel morfológico, reducir el uso excesivo de gerundios y de participios innecesarios, que son además anacrónicos. También, dentro del campo morfológico, disminuir expresiones en desuso como "hubiese", que son subjuntivos cuya utilización en este tipo de textos debemos reevaluar", aclara Sonia.
Ahorro y productividad
La Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP 2018, arrojó que 9 de cada 10 colombianos consideran que la Administración no se comunica de manera clara y comprensible.
Solo este año, el DNP ha supervisado la traducción de 50 documentos, producidos en 22 entidades públicas nacionales y territoriales, a lenguaje claro, y dio forma a herramientas, instructivos, mesas de trabajo y programas de capacitación para irrigar estas buenas prácticas a funcionarios de todos los niveles del servicio público.
El DNP informa que, de esta manera, se mejoró en más del 100% el contenido del 54% de las piezas comunicacionales, cuya extensión disminuyó en más del 15%. A nivel gráfico, visual y de accesibilidad, se mejoraron algunos diseños hasta en un 400%. Estos resultados permiten a Gloria Alonso, directora de esa entidad, afirmar que con la red se da "un paso más en la creación de documentos fáciles de entender por el ciudadano y en la promoción de la eficiencia administrativa en las entidades del Estado".
EAFIT implementa también estas buenas prácticas en la construcción de sus nuevos reglamentos, y las comunicaciones del Consultorio Jurídico incluyen el documento con tecnicismos y lenguaje especializado, necesario para dar sustento legal a las decisiones, pero también un aparte en el que se explica este primero en lenguaje sencillo. De esta manera, se evita cometer errores en relación con la rigurosidad y el sentido de los términos, pero se garantiza la comprensión del mensaje por parte del destinatario.
Usar estos textos simples permite, en palabras de Adriana Elvira Posso Ramírez, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad, que el usuario quede satisfecho con la respuesta, y entienda su caso y la posible solución a sus necesidades.
"Lo que ha venido sucediendo hasta ahora es que cuando estudiantes o profesores escriben un texto jurídico, el usuario vuelve al consultorio a preguntarnos sobre el sentido de lo que se le quiso decir. Eso implica realizar reuniones extra para explicarle aquellos cuyo sentido debió quedar claro desde un principio", manifiesta Adriana.
Los esfuerzos de la Red de Lenguaje Claro seguirán en la vía de consolidar cada vez más empresas y entidades que se sumen a la iniciativa de garantizar la compresión de la información por parte de usuarios y ciudadanos.
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Alejandro Gómez Valencia
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