Que todas las personas reciban, tengan o no tengan empleo, un salario básico fijo. Se le ha llamado salario básico universal y varios líderes mundiales han empezado a hablar de esa propuesta argumentando que, ante el crecimiento de la automatización de un alto porcentaje de labores, se incentive la redistribución de la riqueza, se dinamice el crecimiento económico y se garantice la capacidad de consumo.
Dicha iniciativa (llamada en inglés universal basic income –UBI-), que empezó a recibir atención mediática en las pasadas elecciones presidenciales de Francia, en las cuales el candidato Emmanuel Macron obtuvo la victoria, contempla un sueldo fijo a toda la población sin importar el estrato socieconómico ni las condiciones de empleo o desempleo de los ciudadanos.
"Se trata de un mecanismo utópico, si tenemos en cuenta nuestra actual configuración de las sociedades comerciales. Hoy es posible especular, especialmente en el ámbito académico, sobre figuras que no necesariamente pasen por la estatización, e imaginar mecanismos de redistribución de la riqueza a cargo de particulares, aunque estos dependerían de la generosidad, y esa no se puede garantizar", explica José del Carmen Ortega, abogado constitucionalista y profesor de argumentación jurídica de EAFIT.
La idea de instaurar este tipo de propuestas, para facilitar a las personas una fuente económica que garantice una subsistencia mínima, surge como respuesta a la automatización y el uso de robots en un número cada vez mayor de industrias y oficios, un factor que amenaza directamente la generación de empleo.
Quienes ven la iniciativa con buenos ojos resaltan ejercicios realizados en lugares como Ontario (Canadá), en donde desde abril de 2018, y hasta el 31 de marzo de 2019, 4000 personas entre los 18 y los 64 años reciben un ingreso anual de 16.989 dólares canadienses (poco más de 40 millones de pesos) si son solteras, o de 24.027 dólares canadienses (cerca de 58 millones de pesos), en el caso de las parejas, previa sustracción del 50 por ciento de ingresos generados mediante otros medios.
Aunque el análisis del impacto del proyecto Ontario Basic Income Pilot, que se centra en aspectos como seguridad alimentaria, estrés y ansiedad, salud mental, acceso a la salud, estabilidad en materia de vivienda, educación y empleabilidad, aún está por hacerse en el país del norte, ya se señalan beneficios como el empoderamiento económico, aumento en la calidad de vida y redistribución de las riquezas.
Pero otros, como el mismo gobierno de Ontario, son conscientes de las limitaciones de estos planes piloto. “Tenemos un sistema de servicios sociales que no funciona. Un proyecto de investigación que ayuda a menos de 4000 personas no es la respuesta y no otorga esperanza a los cerca de dos millones de ontarienses atrapados en el ciclo de pobreza", declaró recientemente Lisa MacLeod, ministra de Niñez, comunidad y servicios sociales de Canadá.
Las voces en contra del salario básico universal se cuestionan que justamente tiene el respaldo de líderes como Mark Zuckerberg (Facebook) y Elon Musk (Tesla), y se responden que eso es una pista del riesgo de que los medios de producción de la sociedad queden en monopolio de unas pocas empresas dueñas del conocimiento y la capacidad de crear los robots que remplacen el trabajo humano. También se menciona el riesgo de la productividad de los países, pues ante la seguridad de un ingreso fijo, las personas quizás no se interesen por trabajar o atender empleos que se requieran para mantenerla.
Fuentes de financiación
Lo cierto es que el análisis a profundidad de este tipo de respuestas se hace cada vez más necesario, a medida que más puestos de trabajo son reemplazados por procesos automatizados en industrias y sectores diversos: agrícola, automotriz, medicina, desarrollo informático, entre otros. No obstante, según Maria Alejandra Gonzalez-Perez, profesora del Departamento de Organización y Gerencia de EAFIT, estos procesos deben mirarse con lentes diferentes, según la realidad de cada país.
"El desempleo puede aumentar, según predicciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). De hecho, algunos reportes muestran que 1 de cada 4 empleos actuales desaparecerá en el mundo, para 2020, por la automatización. Pero, la productividad y la competitividad serán mayores en donde esta se adopte. En países en desarrollo, aunque el empleo no se afectará con la sustitución de máquinas sí lo será por más competitividad en los países desarrollados y su capacidad de producir a mejores precios y calidad", afirma la académica.
A este problema se sumaría, en Colombia, el de mirar qué hacer con las personas desempleadas y sin posibilidad de reubicación en el mercado laboral. En palabras de Maria Alejandra, en el país ha existido siempre resistencia a los impuestos a las empresas, pero es necesario crear vías para compensar los trabajos sustituidos por máquinas y crear subsidios con beneficios sociales.
Pero mientras la prueba adelantada en Canadá o la propuesta de Maria Alejandra buscan explorar dos posibles formas de generar estos recursos, José del Carmen Ortega se inclina más por una alternativa mixta. “Todo no puede ser estatismo ni privatismo, y las fórmulas mixtas pueden ser una solución relativamente buena si se controlan bien. Puede complementarse un ingreso mínimo vital, con asignaciones públicas, con ingresos básicos de cada quien, para garantizar capacidad de consumo a las personas. Así, se alimenta la economía de mercado", indica el jurista.
Ambos docentes coinciden en que si un gobierno y una sociedad no cuidan a las personas con limitaciones para encontrar un espacio en el mercado laboral, y generar ingresos, se genera exclusión y aumenta la criminalidad. Esto exige, de acuerdo con sus argumentos, la toma de decisiones con costos políticos muy altos, a la hora no solo de pensar en mecanismos para contrarrestar la desigualdad social sino también de asumir la automatización con la menor cantidad posible de traumatismos.
"En Colombia, tenemos una jurisprudencia de la Corte Constitucional que habla del mínimo vital en los casos de pobreza extrema. Si se crea un salario universal, sería un verdadero mínimo vital garantizado para todos los colombianos. No debe ser, necesariamente, en dinero sino en servicios y prestaciones directas de salud, alimentación, recreación, educación, entre otros", concluyó Ortega.
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Alejandro Gómez Valencia
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