Un reciente amotinamiento que provocó un incendio en la estación de policía Los Gómez, en el municipio de Itagüí, en calabozos que fueron adaptados como reclusorio debido al alto número de sindicados, dejó el pasado 23 de marzo más de 40 lesionados según defensores de derechos humanos. Este hecho evidenció la situación penitenciaria en Colombia, en el que es protagonista el hacinamiento.
Esta situación fue analizada durante la audiencia pública, realizada este primero de abril en EAFIT, por invitación de la Corte Constitucional de Colombia y la Procuraduría General de la Nación, que buscan soluciones a la situación carcelaria y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
“El reto hoy del constitucionalismo está en la eficacia de los derechos. La Corte Constitucional en el año 1998 habló, por primera vez, del estado de cosas inconstitucional del hacinamiento carcelario. Antioquia nos preocupa, presenta una gran cantidad de afectación de derechos de las 13.836 personas detenidas. El incremento de las acciones de tutela en materia de afectación de derechos de personas privadas de la libertad nos inquieta”, señaló Gloria Stella Ortiz Delgado, presidenta de la Corte Constitucional.
Las condiciones de hacinamiento, los problemas de alimentación y atención en salud, además de la infraestructura carcelaria y la situación jurídica sin resolver de muchos de los sindicados, son algunas de las principales problemáticas identificadas por el ministerio público y los comités de derechos humanos, condiciones que confirman los organismos nacionales en sus visitas periódicas a los centros penitenciarios.
“La Corte ha sido catalizadora del cambio social en Colombia mediante la garantía y la realización del estado social de derecho que consagramos en la Constitución de 1991. Esta Corte ha venido ampliando su radio de acción. La violación masiva de los derechos fundamentales que se ha presentado en el caso de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia y el fracaso de una política pública, si es que hay alguna, es el punto de partida que nos congrega”, manifestó Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.
En este cuarto encuentro territorial que se realiza en el país, luego de visitar las regiones de Sierra Nevada, la isla de San Andrés y Riohacha, la conversación se centró en el estado de mínimos constitucionales que garanticen la dignidad de los internos en Antioquia, además sobre la actual situación de hacinamiento en cárceles, centros de detención transitoria (URI) y estaciones de policía en Medellín.
“Si hacemos un balance de lo que es el sistema penitenciario y la situación de las personas privadas de la libertad, en un terreno cualitativo y no solamente cuantitativo, podemos decir que estamos en las mismas condiciones o peor, porque la situación se ha agravado. El hacinamiento actual a nivel nacional es del 50.57 por ciento. Pero lo más grave es la situación de los centros de detención transitoria, estaciones de policía y de la URI que no satisfacen condiciones mínimas para el internamiento de personas. Sería importante mirar más allá y, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la situación actual de las personas privadas de la libertad es producto de una política criminal contradictoria y errática”, expresó Juan Oberto Sotomayor Acosta, director del Grupo de Estudios Penales de EAFIT.
En ese sentido, en junio del año 2017 la Corte Constitucional determinó integrar una Sala Especial de Seguimiento a esta problemática y reiteró el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria. Las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en su momento, se pronunciaron con órdenes concernidas al cumplimiento y superación de la crisis.
“Desde el año 2013 ha habido una reducción del hacinamiento del 35 por ciento, que equivale a 1800 personas privadas de la libertad que se han rebajado al interior del establecimiento. Pero este problema se lo hemos trasladado a la Policía Nacional y Fiscalía. En este momento las estaciones de policía de Medellín tienen 1499 internos. En Antioquia hay un total de 1828 internos por fuera de los establecimientos. Debo advertir que este año el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha recibido 1218 internos privados de la libertad entre condenados y sindicados”, dijo Martha Lucía Feho, directora regional noroeste del Inpec.
El panorama carcelario de Antioquia
La Dirección Regional Noroeste del Inpec, que cubre los 20 centros penitenciarios y carcelarios en Antioquia, cuenta con una capacidad para 7592 reclusos, pero su población actual supera los 13.836 presos. Y según las cifras entregadas en el evento, esta situación convierte a este departamento en el más hacinado de Colombia.
“Todos los días nos encontramos problemáticas diferentes dentro de Bellavista. Vivimos el día a día buscando resocializarnos con base en un trabajo o estudio. Nosotros con base en eso buscamos que la institución vea la resocialización como realmente es. En estos momentos tenemos 700 compañeros que ya pueden gozar de sus prorrogados penales, pero los jueces de penas y medidas a veces niegan esa posibilidad de salir en libertad. De ahí parte el problema real del que la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces”, manifestó William Alberto González Gómez, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel Bellavista.
Estas actuales condiciones de hacinamiento han generado problemas de convivencia y salubridad dentro de los centros de reclusión, situación que es comunicada por organismos como la Personaría de Medellín y defensores de derechos humanos. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en Antioquia durante el año 2018, murieron 15 reclusos en condiciones intramurales por falencias en la atención de salud.
“Hay que superar la discusión que se plantea siempre de que no hay recursos, porque esta es una obligación planteada desde el año 1993 a los entes territoriales de cara a los sindicados. Esto no es un invento caprichoso ni una idea de desconcentración abusiva frente a los territorios. Es decir, el arraigo familiar y territorial tiene un sentido fundamental para poder sacar adelante nuestro modelo penal y penitenciario de resocialización”, dijo Carlos Medina, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por su parte, Juan Guillermo Sepúlveda, encargado del programa de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de la Nación, señaló que el ente gubernamental desde el año 2017 trabaja en un programa de justicia restaurativa en el ámbito nacional, donde invita a mirar las víctimas como una de las posibles salidas a la problemática carcelaria.
“La Corte Constitucional, en muchas sentencias, ha dicho cuál es el efecto transformador de la justicia restaurativa y, entre ellas, se propone una transformación que pasa del enfrentamiento de la criminalidad como una idea de la política criminal, al rescate de la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario”, señaló el procurador delegado.
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Alejandro Gómez Valencia
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