Jonathan Montoya Correa
Periodista del Área de Información y Prensa de EAFIT
La privatización de la educación es un fenómeno en crecimiento y de alcance global. Diferentes países, de todos los continentes, han adoptado medidas que favorecen el aumento de esta, lo que ha hecho que sean cada vez más los niños y las niñas escolarizados en instituciones de estas características.
Según el Instituto de Estadística de Unesco, desde 2016, con un 20 por ciento de estudiantes matriculados en escuelas privadas de nivel primario, América Latina es la región que más evidencia este crecimiento, seguida de cerca por el continente africano y el sudeste asiático. Indicadores que también se repiten en el nivel secundario.
Para Esteban Hoyos Ceballos, docente de la Escuela de Derecho de EAFIT, y quien trabaja los temas de protección de derechos económicos y sociales –como la educación–, la privatización en sí misma, y en los escenarios ya expuestos, no es el problema sino, más bien, la poca actuación e intervención de los Estados, la desregulación, y el descuido de los sistemas educativos públicos.
Este académico fue uno de los invitados, a comienzos de 2019, a participar en la creación de los Principios de Abidjan (Abiyán, en su españolización), sobre el derecho a la educación y los actores privados, y cuyo último borrador fue entregado en febrero de este año, en la ciudad del mismo nombre, en Costa de Marfil.
Se trata de una iniciativa que nació debido al rápido crecimiento de la educación privada en el mundo y que, facilitada por una secretaría conformada por Amnistía Internacional y las organizaciones Equal Education Law Centre; The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights; The Initiative for Social and Economic Rights; y The Right to Education Initiative ha convocado a expertos de todo el mundo, durante los últimos años, para precisar las obligaciones de los Estados en el aseguramiento de la educación pública y de calidad, así como la regulación de las participaciones de los actores particulares en la educación.
Un total de 20 académicos internacionales –entre los que se destacan Esteban Hoyos y un docente brasileño como los dos únicos latinoamericanos– y 68 observadores de más de 40 países participaron de esta construcción colectiva.
“Es muy importante aclarar que la apuesta de este documento es, justamente, por fortalecer la educación pública y de calidad, reconociendo la existencia de los prestadores privados del servicio, o el derecho de las personas y las familias de escoger las escuelas donde estudiarán sus hijos”, comenta el profesor eafitense, quien agrega que el documento que se entregó en febrero es un borrador inicial antes de la versión final, que fue presentada en marzo.
Los Principios de Abiyán contaron con la participación de 20 expertos internacionales (en su mayoría mujeres), de Senegal, Burkina Faso, Kenia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, Brasil y Colombia, entre otros. Además, de 70 observadores y representantes de organizaciones sociales de todo el mundo.
Un total de 20 académicos internacionales –entre los que se destacan Esteban Hoyos y un docente brasileño como los dos únicos latinoamericanos– y 68 observadores de más de 40 países participaron de esta construcción colectiva, a la que también se sumó la ministra de Educación de Costa de Marfil, y Koumbou Boly Barry, relatora especial por el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas.
Fueron dos días de trabajo en la población de Grand-Bassam, a las afueras de Abiyán (antigua capital de Costa de Marfil), donde los redactores se reunieron para debatir, punto por punto, los aspectos claves de esta declaración. Las intervenciones de Esteban, por otra parte, estuvieron concentradas en dos aspectos: la accesibilidad económica y las medidas regresivas adoptadas por los Estados.
“Los costos que tienen las familias para acceder a la educación no solo son los directos (matrículas), sino también los indirectos, como uniformes, transportes y alimentación. Además, cuando los Estados adoptan medidas regresivas en relación con la educación, también se afecta el núcleo esencial de la protección de este derecho. Por eso era clave que estos aspectos fueran incorporados en el documento”, agrega.
El eafitense señala, además, que no fue gratuito que este encuentro se realizara en Costa de Marfil, un país que, durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, fue un referente africano en educación y formación profesoral, pero que ha experimentado un rápido detrimento de su sistema en los últimos años. “Tuvimos la oportunidad de vivir de cerca esta experiencia y de interactuar con la comunidad. Esto también enriqueció la redacción de los Principios”.
Más que un documento, una herramienta de debate
Más de 24 horas (Vía Madrid-Casablanca), le tomó a Esteban Hoyos llegar a Abiyán. Una vez allí, acompañado por los otros académicos, expertos y representantes claves de organizaciones sociales, se dieron a la tarea de responder el siguiente interrogante: ¿Por qué se necesitan principios sobre el derecho a la educación pública si ya existen tratados, declaraciones e instrumentos internacionales que abordan este problema?
“Lo que se buscó con estos Principios, entonces, fue llegar a un acuerdo sobre cuál es el contenido del derecho a la educación, las obligaciones del Estado frente a la prestación de la educación pública, y los deberes de regulación frente a los entes privados y particulares”.
Para el docente eafitense, la cuestión va más allá. Y es que como lo explica, estas medidas de protección al derecho siempre se han redactado en términos de las obligaciones del Estado frente al sistema público, y es muy poco lo que dicen, de manera concreta, frente al rol de otros actores.
“Lo que se buscó con estos Principios, entonces, fue llegar a un acuerdo sobre cuál es el contenido del derecho a la educación, las obligaciones del Estado frente a la prestación de la educación pública, y los deberes de regulación frente a los entes privados y particulares”, apunta.
De igual manera, indica que este documento hace parte de lo que en su campo se conoce como soft law. Es decir, se trata de una declaración no vinculante para los Estados.
Más de tres años tomó la construcción de este acuerdo, que fue facilitado por una secretaría conformada por Amnistía Internacional y las organizaciones Equal Education Law Centre; The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights; The Initiative for Social and Economic Rights; y The Right to Education Initiative.
“Los que participamos en su construcción no somos representantes de Estado. Lo que brindamos son un grupo de herramientas de lucha y de debate público para las organizaciones sociales que trabajan, día a día, para proteger el derecho a la educación. Con estos podrán acudir ante cortes, gobiernos y congresos para demandar o exigir dicha protección”, continúa explicando el docente.
Los Principios de Abiyán y su proceso de construcción pueden ser consultados en www.abidjanprinciples.org.
Por supuesto, una de las aspiraciones del grupo de expertos y observadores es que los Principios de Abiyán sean incorporados al derecho doméstico de los países y, eventualmente, se conviertan en obligaciones. “Esperamos que este documento se expanda porque es la realidad en muchas partes, sobre todo en Latinoamérica”.
Los Principios de Abiyán y el caso colombiano
Aunque Esteban Hoyos manifiesta que, en general las cifras de cobertura en educación en Colombia son buenas y se ha extendido una idea de gratuidad en la educación primaria y secundaria, este documento impacta de manera positiva al país, pues llama la atención sobre otros costos diferentes a los directos.
“Accesibilidad no implica únicamente el tema de matrícula. Hay otros costos como lo mencionábamos antes, que son indirectos. Y en esta materia los instrumentos internacionales son muy vagos, no dicen mucho, y todo queda al arbitrio de las entidades territoriales. Ahí los Principios tienen mucho que aportar”, dice.
Según el académico, la implementación de estos es una apuesta decidida por fortalecer el sistema educativo, propende por generar regulación efectiva y mecanismos de monitoreo, y busca cerrar la brecha entre colegios públicos y privados.
Además, concluye que el espíritu del documento es reconocer las diferencias de contexto, y aprender de buenas prácticas y experiencias positivas que han tenido otros países. Las Principios de Abiyán y su proceso de construcción pueden ser consultados en
www.abidjanprinciples.org
Esteban Hoyos Ceballos es abogado de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de Cornell en Ithaca (Nueva York). Además de su vinculación a EAFIT como docente del área de derecho constitucional, se ha desempeñado como auxiliar judicial en la Corte Constitucional e investigador en los campos de derecho constitucional colombiano; derecho constitucional comparado; derechos económicos, sociales y culturales; derecho internacional de los Derechos Humanos; educación jurídica clínica y derecho de interés público.