Creación de altos tribunales como la Corte Constitucional, cambios en la forma de elección de magistrados en las altas cortes y la posterior conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, fueron hechos que modificaron el sistema judicial en Colombia, tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19 el 6 de noviembre de 1985, hace 30 años.
Estos cambios notables, vistos desde un contexto histórico, marcaron un punto de cierre y apertura de lo que era la administración de justicia, con puntos de vista relevantes como la extradición de delincuentes y la influencia del narcotráfico y la guerrilla que empezaba a arreciar con fuerza en el país.
Así lo señala Jorge Iván Duque, magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues este suceso “fue algo desastroso para la institucionalidad nacional y, debido a ello, el país entendió que el poder judicial no podía ser atacado ni mantenerse en riesgo”.
El ‘Holocausto del Palacio de Justicia’ es uno de los hechos que los colombianos tienen vigente en su memoria, pues el enfrentamiento entre militares y guerrilleros, por 28 horas, tuvo consecuencias nefastas como la muerte de casi un centenar de personas -entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema- y 12 fueron reportadas como desaparecidas.
Las condiciones del sistema de judicial en Colombia cambiaron luego del ataque del M-19. Eso significó un antes y un después para la institucionalidad de la justicia, ya que “los altos tribunales tenían una gran credibilidad y un profundo respeto en diferentes estancias de la vida nacional. La Corte Suprema estaba compuesta por juristas de las más altas calidades en aquel entonces”, afirma David Suárez Tamayo, docente del departamento de Derecho de EAFIT.
La creación de la Corte Constitucional en 1991, tras los cambios establecidos en la Asamblea Nacional Constituyente y producto de la toma del Palacio, le otorgó poderes a este nuevo tribunal que antes ostentaba la Corte Suprema de Justica con la Sala Constitucional, “donde magistrados proyectaban fallos respecto a decisiones de este tipo en pleno”, señala David.
Otra diferencia a destacar es que los magistrados de la Corte Constitucional, hace 30 años, se elegían a sí mismos y decidían los reemplazos ante alguna vacante. Con la Constitución de 1991 esta función pasó al Consejo Superior de la Judicatura y, con posterioridad, un proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes suprimió esta atribución.
Hoy en día, la elección de los magistrados de este tribunal está a cargo del Senado, quien selecciona los futuros miembros de ternas presentadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el Presidente de la República, estableciendo límites a los poderes que el máximo ente de justicia en el país poseía antes de la toma.
No obstante, y a pesar de las modificaciones en el sistema judicial, “lo lamentable es que no se esclarezcan estos hechos con más vehemencia en los que murieron varios magistrados antioqueños y muchas personas inocentes”, apunta el docente.
Otros cambios políticos
El impacto mediático y la inestabilidad política tras este acontecimiento para la institucionalidad nacional tiene aún repercusiones en el país, pues familiares de los desaparecidos en esta toma guerrillera exigen justicia y claridad respecto al paradero de sus seres queridos. Este hecho incluso ha terminado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por las responsabilidades y torturas sufridas en la retoma por parte de los militares.
Este acontecimiento también marcó el fin de las acciones espectaculares que emprendía la guerrilla del M-19 en las grandes ciudades con un contenido simbólico muy fuerte, como la toma de la embajada de República Dominicana, el robo de armas al Cantón Norte o a la Espada de Simón Bolívar.
En ese contexto, “las fuerzas armadas responderían con dureza pues no permitirían más humillaciones como la toma del Palacio de Justicia”, explica Gustavo Duncan Cruz, profesor del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT.
El emblema de la justicia colombiana, ardido en llamas, representó la imagen de la justicia arrasada que tomaría tiempo en restaurarse y que, con la Constitución de 1991, quería retomar garantías y derechos ausentes en aquel noviembre de 1985, explica el docente.
De esta manera, se cumplen tres décadas de un hecho político y social que todavía retumba en la mente y los recuerdos de los colombianos. Un acontecimiento de los más violentos en la historia reciente de la nación que, no obstante, produjo cambios estructurales en la administración de la justicia nacional vigentes hoy en día.
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Alejandro Gómez Valencia
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT
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