Hace 25 años Colombia vivió la más importante transformación del Estado de su historia reciente. La Constitución de 1991, creada por la Asamblea Nacional Constituyente tras la desmovilización de varios grupos guerrilleros como el M-19, dio paso para que el país se convirtiera en un Estado Social de Derecho y, según la nueva carta magna, procurara la protección de las minorías y de las poblaciones más vulnerables.
La garantía de los derechos, las acciones populares y los mecanismos de participación ciudadana fueron unos de los cambios más sustanciales que recuerden los colombianos. La tutela, el mecanismo que permitió la defensa de derechos, es hoy la herramienta más utilizada en el país. Según el registro de tutelas, desde 1991, se han recibido 5 millones, con cerca de 40 mil acciones interpuestas mensualmente, en la actualidad.
“Yo vengo del movimiento estudiantil. Fui uno de los líderes de la Séptima Papeleta en 1989-1990. Nosotros propusimos al país que se hiciera una reforma constitucional como una manera de resolver la crisis que había en Colombia y, además, que esa salida constitucional fuera una respuesta de más democracia y no más represión”, cuenta el sociólogo Fabio Villa Rodríguez, quien fuera representante universitario y uno de los constituyentes del 91.
Con la creación de la Corte Constitucional, el 17 de febrero de 1992, un tribunal de articulación entre ciudadanos y el Estado para la defensa de los derechos y fijación de los límites de las entidades gubernamentales comenzó el avance y la transformación del orden jurídico en Colombia.
A partir de allí se abonó el camino para la liberta de cultos y de prensa, la defensa de las minorías étnicas: afrocolombianos, indígenas y raizales, derechos para las víctimas del conflicto armado, comunidades LGTBI, campesinos, madres cabezas de familia y niños, entre otros.
“Esta Constitución marcó un hito muy importante para el país. En el sentido en que se puede evaluar un proceso constituyente. En términos del proceso político, que es lo que yo valoro de la Constitución, es el proceso más amplio, más democrático en 200 años. Allí participó un espectro muy amplio de fuerzas políticas y fuerzas sociales”, expresa Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Humanidades de EAFIT.
Las promesas de la carta del 91
Aunque la Constitución representa una conquista de la democracia y un avance en materia de derecho, esta no deja de ser una promesa en camino de cumplirse. Sobre todo, en temas fundamentales como la paz, el derecho a la vida, la multiculturalidad y la participación ciudadana.
“Aquí hay una Constitución escrita, que queda por ahí en las bibliotecas, en los anaqueles y otra constitución real. Si miramos el capítulo de derechos, por ejemplo, en el derecho a la vida hay mucho que preguntarse. Aquí tenemos que decir muchísimas cosas de lo que sucedió después del 1991, en un genocidio político que avergüenza la humanidad”, señala Aida Avella Esquivel, constituyente y presidenta de la Unión Patriótica (UP).
Frente a esta realidad, Jorge Giraldo manifiesta que la Constitución ha ido avanzando en una jurisprudencia que reconoce y garantiza los derechos de las poblaciones vulnerables, tales como las leyes de víctimas, contra la discriminación o la protección de las personas con discapacidad, entre otras.
“En ese momento, los resultados de la Constitución habían mejorado mucho la democracia local y de participación. No tanto el sistema político nacional. Había tenido efectos positivos sobre los indicadores sociales, pero mucho menos en el fortalecimiento de las capacidades del Estado. Yo creo que los acontecimientos posteriores a la Constitución del 91 no se deben a la Constitución, sino que fueron a pesar de esta. Y el más grave fue el escalamiento de la guerra”, sentencia.
Por su parte, Clara Inés Atehortúa, politóloga y profesora de la Universidad de Antioquia, expresa que los avances democráticos y el proceso de transformación de la Constitución ha traído ventajas y desventajas a la sociedad colombiana.
Para ella, la transformación en estos 25 años de la carta de derechos, tuvo la ventaja de ser construida en medio del contexto. Es decir, en sus palabras, fue una Constitución para la paz, pero también para el conflicto.
“En el 91 se hablaba, sobre todo, de un conjunto de personas que se adueñan de la Constitución. Y eso es una ventaja significativa en relación con la constitución de 1886. Ahora, cuál es el problema que esto nos suma: tenemos que resolver esos conflictos. Hay que resolver la visión de país que cada uno de ellos tiene en relación con la Constitución”, manifiesta la docente.
Otro de los asuntos que se debaten en el sector político y académico es la idea de multiculturalidad consignada en la Carta Constitucional. Para Selnich Vivas Hurtado, experto en literatura y culturas ancestrales, la defensa de la diversidad cultural en Colombia no deja de ser una ilusión.
“La Constitución del 86 y del 91 son un libro. Y todos sabemos que cada libro es una manera de imaginar o inventar una sociedad. Me pregunto cómo es posible que la constitución del 91 haya inventado una sociedad otra vez en la lengua de conquistadores. Resulta del todo paradójico hablar de una sociedad multicultural cuando todos sabemos que los colombianos no hablan ninguna lengua ancestral, tienen vergüenza a ello. No les interesa en absoluto el conocimiento ancestral de los pueblos americanos. Resulta por eso mismo un acto violento, no importa que le cambiamos la fecha al libro”, concluye el escritor y profesor de la Universidad de Antioquia.
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Alejandro Gómez Valencia
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