Con la firma de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc no llega a su fin la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), al contrario, se abren una serie de desafíos en los ámbitos social y jurídico cuya naturaleza y posibles soluciones fueron discutidas en el panel Retos actuales del DIH en Colombia, realizado en EAFIT la mañana de este miércoles 27 de abril.
En el evento, representantes del Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y analistas de la Universidad expusieron la visión y los aportes de cada institución frente a un panorama en el que, según el consenso de los conferencistas, deben intervenir todos los estamentos de la sociedad.
Los expertos alertaron sobre las problemáticas y los compromiso que precederán a la firma de los tratados, incluidos, en palabras de Daniel Cahen, asesor jurídico del Cicr, fenómenos como "el retorno de los desplazados, el desminado, la contaminación con armas, la persecución penal por crímenes de guerra, los procesos de amnistía para personas que participaron en el conflicto sin condición de crímenes de guerra, así como la situación de las personas desaparecidas y la obligación que tienen las partes de compartir la información".
Cahen destacó también la importancia de otras situaciones de violencia que, aunque no son parte del conflicto armado, generan consecuencias humanitarias importantes y víctimas mortales, como son los disturbios relacionados con los diferentes paros gremiales, las tensiones entre algunas comunidades indígenas o afrocolombianas con el Estado, y la violencia armada en general.
No obstante, uno de los grandes escollos para la reconciliación entre todos los sectores sociales corre por cuenta de la búsqueda, la identificación y la entrega digna de restos de las víctimas de desaparición forzada, un proceso que, de acuerdo con Gloria María Gallego García, directora del Área de Teorías del Derecho de EAFIT, puede tardar hasta 30 años y costarle al Estado varios billones de pesos.
La docente expuso cifras extraídas del Informe ¡Basta ya! Colombia, según el cual 25.007 personas fueron desaparecidas por agentes del Estado entre 1985 y 2012, así como de Naciones Unidas, organismo que habla de 45.000 víctimas de desaparición forzada. También mencionó 3.000 casos de falsos positivos; 155 desapariciones de miembros de las Fuerzas Armadas en retenes de la guerrilla; y cerca de 600 combatientes del Ejército cuyos cuerpos fueron enterrados por los subversivos en tumbas colectivas.
Por su parte, la Fiscalía habla de 117.646 personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto, un fenómeno que, más allá de las estadísticas, encierra un drama social cuyas consecuencias son incalculables, porque, según Gallego García, "la persona desaparecida ha sufrido un final terrible que desconocemos, y sus familias no pueden continuar un plan de vida porque una desaparición para ellos es una ruptura con el pasado, el presente y el futuro".
Panorama legal
Respecto a la manera en que jueces y fiscales decidirán sobre los casos que se juzgarán en un posible contexto de posacuerdo, María Milena Méndez Moreno, abogada de la Fiscalía, señaló el cambio de mentalidad para los mismos que implica la confluencia de dos cuerpos de normas diferentes, como lo son el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos.
Según la experta, mientras el DIH faculta al Estado a usar la fuerza como opción para neutralizar a un enemigo en medio de un conflicto, lo que evita que se hable de abuso en el caso de la muerte de un guerrillero en combate, los derechos humanos sostienen que nadie puede ser privado del derecho a la vida y exigen aplicar criterios distintos para analizar si una persona participó del conflicto y en cuál nivel; si su participación fue directa o indirecta, o si, en términos generales, se trató de un combatiente.
La jurista resaltó que esta situación "hace que un funcionario público deba definir claramente el marco jurídico que se aplicará en cada caso, aunque es necesario comprender que ambos sistemas se articulan, no se excluyen. Es decir, no por la existencia del DIH dejan de existir los derechos humanos, lo que obliga al juez a aplicar el marco que se ajuste de manera específica a cada problema".
Respecto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, el mayor del Ejército Javier Vásquez, coordinador de Instrucción y Cooperación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, afirmó que las acciones de las mismas, en relación con el DIH, están regidas por líneas estratégicas que permean desde la instrucción de las tropas hasta la cooperación con agentes nacionales e internacionales, pasando por la doctrina militar con la que se establece la disciplina en el interior de las instituciones.
Para hablar de acciones puntuales, el militar resaltó la publicación en 2008 del Manual de Derecho Operacional, que permite a los comandantes contar con un asesor jurídico en su plana mayor para tomar decisiones sobre operaciones en el terreno, y añadió que, aunque se han cometido errores, las Fuerzas Armadas son modelo internacional en aplicación del DIH.
La docente Gloria María Gallego alertó sobre la necesidad de que los diferentes actores llamen a las cosas por su nombre y asuman realmente sus compromisos para avanzar hacia un escenario de convivencia social. "No podemos denominar como simples errores actos que fueron crímenes de guerra cometidos por el Estado y la guerrilla. Si nos vamos a reconciliar, todas las partes del conflicto deben reconocer públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas".
Pie de foto: La aplicación del Derecho Internacional Humanitario en un eventual escenario de posacuerdo fue el tema analizado en el panel realizado en EAFIT.
Mayores informes
Alejandro Gómez Valencia
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT
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