El papel de los empresarios del país, una vez inicie la etapa posterior a una eventual firma de los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y las Farc, va más allá de brindar oportunidades laborales a los desmovilizados y adelantar obras sociales con fines filantrópicos. Pasa, también, por asumir un papel activo en los procesos de reconciliación y reparación, así como por contribuir con el Estado en los procesos de gestión social en los territorios.
A dicha conclusión llegaron representantes del empresariado, la academia y diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales, cuyos argumentos fueron expuestos el jueves 19 de mayo en EAFIT, durante el Diálogo empresarios y paz: desafío para el posconflicto. El espacio de reflexión fue organizado por el Centro de Análisis Político de la Universidad, EAFIT Bogotá, Proantioquia y la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (Fescol), con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos, la Fundación Ideas para la Paz, la Asociación de Fundaciones Empresariales, el Programa Paz Sostenible para Colombia (Paso) y la Universidad de Antioquia.
Alexandra Guáqueta Girvin, directora de posconflicto del Ministerio del Posconflicto, fue una de las conferencistas cuyas posturas ayudaron a trazar una idea de los retos y aportes en el posacuerdo para el sector privado, los que pasan, según ella, "por un liderazgo definido, que puede ser visible o ejercerse tras bambalinas, construcción de mercados y mecanismos para asegurar que las prácticas de las compañías no profundicen conflictos sociales, ambientes de desconfianza y polarizaciones políticas".
Pero el desarrollo territorial en el posacuerdo debe, además, tener en cuenta que un país sin conflicto armado es más sostenible, o al menos uno en el que los conflictos se resuelvan de manera civilizada, convirtiéndose en fuente de aprendizaje y fortaleciendo los procesos de desarrollo de comunidades y personas.
Así lo consideró Carlos Ignacio Gallego Palacio, presidente del Grupo Nutresa, para quien la terminación del conflicto es responsabilidad de toda la sociedad, pero son los empresarios quienes deben aportar su liderazgo y capacidad de generar oportunidades sociales a través de procesos "conjuntos entre el Estado y sector privado, porque aunque no veo -señaló- al segundo sustituyendo al primero, en cuanto a gestión local en los municipios, debo decir que el Gobierno es muy bueno asignando recursos pero no gestionando proyectos".
Por su parte, Luis Fernando de Angulo, director del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (Creer), llamó la atención sobre el hecho de que los planes de desarrollo de las diferentes localidades no contemplan la reinversión en proyectos sociales de parte de los recursos extraídos por las compañías en sus territorios, un fenómeno que, a su parecer, se convierte en un escollo para la construcción de paz en el país.
Sobre la manera cómo las empresas hacen presencia en las diferentes zonas del país, el experto manifestó que "existe una asimetría en el manejo de la información por parte de las compañías que hacen estudios de impacto ambiental, pero no generan mecanismos para responder las preguntas de las comunidades, ni se aseguran de que estas entiendan los resultados. Hay que preguntarse si en los escenarios rurales, donde hay que lograr la construcción de paz, el empresariado es reconocido como interlocutor".
Riesgos
La politización del tema de la paz en Colombia fue abordado por David Bojanini García, presidente del Grupo Sura, quien advirtió que en ese escenario es muy difícil ceder en las posturas para garantizar el avance en los cuatro elementos que facilitan el tránsito hacia la paz, los que, según recordó Sabine Michalowski, directora de la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex (Reino Unido), son justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
En ese sentido, agregó el líder empresarial, el sector privado debe asumir la responsabilidad de entender el conflicto, acompañar y servir como veedor de los compromisos gubernamentales en pro de la reconciliación, tal y como se hizo en Venezuela con el proyecto Alcatraz, una iniciativa de resocialización de bandas delincuenciales a través del deporte, así como en Kenia, a través de la Alianza del Sector Privado, pensada para dinamizar las relaciones entre el Estado y los empresarios en el país africano. Ambos fueron casos de éxito internacional liderados por empresarios que fueron socializados en el evento.
David Bojanini habló de la necesidad de que las iniciativas sociales de generación de empleo y garantías de otros derechos no apunten únicamente a aquellos que portaron armas durante el desarrollo del conflicto, "pues hay muchas personas que no han sido miembros de grupos al margen de la ley y no pueden encontrar trabajo, y eso solo cambia con inversión social".
En la misma línea, pero convencida de que la transformación del territorio no se logra solo con proyectos, también reconociendo que hay ciudadanos autónomos que deben aprender a ser productivos y competitivos, Ángela Rivas Gamboa, coordinadora del Área de Sector Empresarial de la Fundación Ideas para la Paz, advirtió que las empresas deben pasar la página del asistencialismo y de los proyectos por indicadores y aportar realmente a cambiar las dinámicas en los territorios. "Los empresarios pueden hacer la diferencia en gestión integral, donde el asunto no es que 15 familias tengan mejores ingresos, sino lograr la transformación de un territorio".
El proceso pasa también por aclarar el concepto de justicia transicional en un contexto en el que, de acuerdo con Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Humanidades de EAFIT, muchas personas esperan un escenario en el que los castigos y la justicia retributiva sean protagonistas, cuando es la justicia restaurativa el pilar de la propuesta que se firmó en La Habana (Cuba) el pasado 15 de diciembre.
Según el directivo, "en el país hay un déficit de pedagogía sobre el proceso, lo que hace que muchas personas no contemplen la posibilidad de que cerca del 85 por ciento de los desmovilizados que pasen por los tribunales salgan libres. Es decir, habrá un grado de selectividad que asegure comparecencia por parte de los máximos responsables".
Lo cierto, según manifiesta Gonzalo Restrepo López, empresario y negociador en La Habana, es que la empresa privada es uno de los pilares para el desarrollo del país y el éxito del proceso, pero debe aportar al entendimiento de aspectos claves para la reconciliación, como el hecho de que "para las víctimas lo más importante no es el revanchismo, que implicaría continuar la guerra, sino saber y entender lo que pasó".
El futuro de los derechos humanos en el posacuerdo
Ese es uno de los temas de la cátedra Derechos Humanos y Comunicación, que comienza este viernes 20 de mayo y que organizan el pregrado en Comunicación Social de EAFIT y Naciones Unidas. La lección inaugural estará a cargo de Guillermo Fernández Maldonado, director adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ofrecerá una conferencia a las 10:00 a.m. en el Auditorio Fabricato de la Universidad.
El programa académico profundizará en derechos específicos como el de la salud, la educación, el trabajo y los de las minorías étnicas. Juan Gonzalo Betancur, jefe del pregrado en Comunicación Social de EAFIT, explica que se abordan esos derechos porque ayudan a que las personas vivan con dignidad y esa es una condición para la integración de quienes están en la guerra y “para que la sociedad no explote más”.
Mayores informes
Alejandro Gómez Valencia
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT
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