El 11 de septiembre de 2012, cerca de un millón y medio de catalanes (600.000, según el Gobierno) marcharon por las calles de Barcelona (España) para exigir un préstamo de 5.023 millones de euros para solventar una deuda pública que ya rozaba los 5.755 millones de euros. Uno de los mecanismos de presión para lograrlo fue el de fortalecer el discurso independentista de Cataluña el cual hoy, cinco años después, tiene a España dividida y a esa ciudad en estado de tensión.
Y es que mientras se anuncian los resultados de las votaciones por la independencia de la comunidad autónoma, en un referendo unilateral que el Estado califica de ilegal, el análisis de la crisis, en palabras de José Alberto Toro Valencia, docente del Departamento de Derecho de EAFIT, indica que el punto de quiebre de la misma fue la depresión económica acaecida en el país ibérico entre 2009 y 2014.
"Hubo entonces un incremento del nacionalismo cuya consecuencia, al día de hoy, es la existencia de un movimiento capaz de fracturar la sociedad no solo catalana sino española, aunque no se trate de una postura mayoritaria. Eso pese a que, históricamente, siempre ha habido un sector nacionalista independentista dentro de la sociedad catalana", manifiesta el analista.
El pasado domingo 1 de octubre, la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas hicieron presencia en varios centros de votación para requisar el material electoral, apoyados por una prohibición del plebiscito por parte del Tribunal Constitucional, mientras el gobierno separatista catalán prepara la declaración de independencia, cuyo anuncio, por parte del parlamento regional, está previsto para hacerse 48 horas después de la publicación de los resultados. No obstante, Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, dio por ganado el referendo desde el mismo domingo.
"En el caso hipotético de que esta independencia se dé, en Cataluña deberán fortalecer un parlamento que defina reglas aplicables de nacionalidad. Lo más seguro es que quienes tienen residencia en territorio catalán obtendrán dicha nacionalidad. Una segunda fase, muy incierta debido a la falta de voluntad de diálogo entre las partes, será definir la situación de las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio en cuyos planes no esté acogerse a la catalana", señala José Alberto.
Al respecto, Luis Fernando Vargas Alzate, profesor del Departamento de Negocios Internacionales de EAFIT, afirma que el surgimiento de una nueva nación en Cataluña es incierto, debido a que el Estado español tiene el monopolio de la fuerza y la violencia, y se opondrá al reclamo de independencia. Un uso de la fuerza evidenciado en los videos cuya circulación en internet mostró al mundo escenas de enfrentamientos entre efectivos de la Guardia Civil y grupos de civiles, a veces protegidos por los bomberos o los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica de Cataluña).
"Los costos políticos para el gobierno de Mariano Rajoy, derivados del uso de la fuerza, serán variados. Por un lado, los reclamos y la presión internacional frente a los acontecimientos. Por el otro, habrá una división en el país en torno a esta valoración: los españoles y quienes tienen muy arraigado el nacionalismo español, podrían acusar de débil al Gobierno si se suavizan las acciones en Cataluña. Pero muchos catalanes ponen la fortaleza en los líderes independentistas. Lo que quedó claro es que España hará hasta lo imposible por evitar la separación", dice Luis Fernando.
Otra interpretación ques se ha esuchado de las consecuencias de los maltratos a civiles por parte de miembros de la fuerza pública es que, sin querer, el Gobierno español legitima y fortalece la causa independentista, cuyas bases no eran muy sólidas debido a los visos de ilegitimidad que el hecho de ser un referendo unilateral le otorgaba al proceso.
"La sociedad catalana está muy fracturada, y esas acciones desproporcionadas pueden generar la opinión suficiente para que el independentismo pase a ser mayoritario. El Partido Popular gobierna hoy con minoría en el Congreso y tiene un entendimiento, que no una coalición, con el partido Ciudadanos, de origen catalán. Pero eso, eventualmente, se puede desbaratar y conducir a la conformación de un nuevo Gobierno por parte de quienes están en la oposición, o abrir un escenario de nuevas elecciones, con resultados inciertos", manifiesta José Alberto Toro.
Contexto internacional
Con todo esto, el Gobierno español podría estar empujándose a sí mismo hacia una salida negociada y hacia el pacto de un referendo bilateral con los independentistas, aunque el eventual triunfo en el referendo es solo el inicio de un largo camino plagado de incertidumbres geopolíticas para estos últimos.
"Si se llega a dar la independencia, Cataluña se convierte en un nuevo Estado y dejaría de pertenecer a la Unión Europea (UE). Para ingresar a este organismo, debe contar con la aceptación de todos los Estados miembros, y es seguro que España y sus aliados se opondrían. Una fórmula intermedia podría ser un futuro tratado de libre comercio entre Cataluña y la UE, a la que el servicio diplomático español se opondría también con fuerza", señala Toro.
Solo así, Cataluña accedería al mercado único común sin ser miembro de la UE, aunque se obligaría a acogerse automáticamente a toda la regulación europea sin participar en los mecanismos de toma de decisiones, para evitar que los bienes producidos allí sean gravados y, tal vez, que sus ciudadanos pierdan la posibilidad de domiciliarse en cualquier país de la Unión.
"También quedarían por fuera de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos supranacionales. Se tendría que dar entonces un proceso complejo para la inserción de Cataluña en una estructura internacional que le permite operar como Estado", concluye el docente.
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Alejandro Gómez Valencia
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