El panorama de los derechos económicos y sociales en el mundo desde la mirada de académicos y activistas de varias regiones. Eso es lo que se puede percibir en el VIII encuentro de la red académica International Social and Economic Rights Project (Iserp), una red global integrada por abogados, jueces, activistas de los derechos humanos y académicos del derecho, todos enfocados en el estudio y protección de los derechos económicos y sociales, quienes se reúnen hasta este viernes 3 de noviembre en EAFIT, convocados por la Escuela de Derecho.
Por la Universidad, uno de los participantes en el encuentro es Antonio Carlos Barboza Vergara, profesor del Departamento de Derecho, quien considera, a propósito de los derechos económicos y sociales, que “la pobreza es incompatible con la garantía de los derechos sociales. Los derechos sociales han representado una superación de la pobreza en Colombia y el Gobierno ha mostrado cifras positivas, pero hay muchas personas excluidas de los beneficios del desarrollo”.
Con una mirada panorámica a las sociedades del mundo, la afirmación de este académico parece tener sentido cuando se observa que en países donde gran parte de su población se ha integrado al sistema productivo, se han cumplido las garantías de estos derechos en cierto grado, caso Canadá o Australia, por ejemplo. Sin embargo, en la mayoría de países que están en vía de desarrollo, estos derechos continúan siendo una promesa a cumplir, para lo que se debe recorrer un camino en materia jurídica y de políticas públicas.
Cuestiones como estas, y el estudio de herramientas jurídicas efectivas a las demandas sociales por la defensa de los derechos humanos, son abordadas en el encuentro de Iserp, red financiada por el programa de Derechos Humanos y Economía Global de la Universidad Northeastern (Estados Unidos), que integra a una comunidad intelectual de abogados, jueces, activistas de derechos humanos y expertos académicos que estudian la efectividad y la protección de los derechos económicos y sociales en el mundo.
“No solamente se discuten algunos aspectos académicos relacionados con los derechos económicos y sociales, también las cuestiones de su aplicación y concreción en la práctica. Es una discusión desde una perspectiva global y no solo del norte global —de la situación de los derechos en países como Estados Unidos y Reino Unido—, sino particularmente de países más parecidos a nosotros: Sudáfrica, Uganda, India. Y cómo estas sociedades se enfrentan a los derechos económicos y sociales”, señala Esteban Hoyos Ceballos, coordinador de la maestría en Derecho de EAFIT.
Estas discusiones cobran actualmente mayor vigencia en contextos como el colombiano, ya que el país experimenta un periodo de transición tras los acuerdos de paz y la creación de la justicia transicional, relacionada con la garantía y la ampliación del espectro en la protección efectiva de derechos económicos y sociales. Esto conlleva a una mayor responsabilidad del Estado, lo que significa un reto en materia de generación de políticas públicas.
“No todos los países tienen una protección judicial fuerte de estos derechos. De los derechos sociales se esperaba que se desarrollaran a través de políticas públicas, que fueran diseñadas e implementadas en el ámbito del legislativo y del ejecutivo, por medio de programas que condujeran a su realización. El caso colombiano es bien interesante, porque ha habido un amplio protagonismo de los jueces en la protección de estos derechos. Son derechos que hoy tienen un gran protagonismo en los países en desarrollo”, señala el profesor Antonio Carlos Barboza, doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
La discusión académica del encuentro se enmarca dentro de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que se reconocieron en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 1948.
El origen de muchos de estos derechos, tales como el trabajo, la educación, la libre asociación, la libertad de expresión, la vivienda digna y la salud, entre otros, puede situarse en el contexto de la Revolución Industrial, pero solo hasta finales del Siglo XX comenzaron a ser reivindicados por los Estados dadas las transformaciones económicas y sociales del mundo.
Hechos como las revoluciones sociales, las depresiones económicas, la teoría keynesiana del estado benefactor explican de alguna manera el surgimiento de estos derechos económicos y sociales, considerados de segunda generación por haber surgido después a los derechos fundamentales consignados en las distintas constituciones.
Aunque en 1969 el gobierno colombiano ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la ONU, estos solo se consagraron en 1991 con la nueva Constitución Política. Como sucedió en muchos países latinoamericanos, la discusión sobre la introducción de estos derechos en las constituciones se dio después de la caída del Muro de Berlín en 1989.
En ese sentido, en Colombia la Constitución de 1991 permitió desarrollar uno de los mecanismos más importantes para la protección de derechos. La Acción de Tutela se convirtió en el mejor instrumento para garantizar el acceso al sistema de salud de los colombianos. Según entidades como la Defensoría del Pueblo, la cuarta parte de las tutelas interpuestas en el país reclaman el derecho al servicio de salud.
“En materia de salud somos los campeones mundiales de acciones judiciales para reclamar servicios médicos. El litigio en el país es excepcional comparado con otros países. La salud es uno de los temas que se tienen que discutir, porque uno supone que la acción judicial no debería ser un instrumento cotidiano para acceder a un derecho social”, afirma el abogado Antonio Barboza, quien complementa que la Corte Constitucional ha intentado dar remedio a fallas en políticas sociales no solo en salud, también en temas como desplazamiento y agua potable. “El reto es evaluar la eficacia y el impacto real de este tipo de órdenes, cuando los jueces no tienen capacidad para hacer seguimiento”.
Tras la conquista de los derechos económicos y sociales en el mundo, hoy los países tienen la obligación de garantizar que sean efectivos. El reto para el Estado es llevar los derechos sociales a las zonas rurales, donde persisten bajos indicadores en la calidad de vida de las personas. Aunque en Colombia se ha dado un avance importante en materia de estos derechos, consideran los expertos, en la práctica su cumplimiento aún no ha sido eficaz. “La gente cree que el remedio judicial es el idóneo, y no. Los derechos sociales se satisfacen es a través de políticas públicas”, concluye Barbosa.
Este 3 de noviembre, en el auditorio 101 del bloque 38 a las 9:00 a.m., se ofreció la conferencia Transitions, Shocks and Social and Economic Rigths, en la que Iserp presentó los estudios en materia de derechos económicos y sociales del mundo. Temas como la propiedad en contextos de justicia transicional en Colombia, las pensiones en Chile, el Brexit, los recursos naturales y la captura del estado en Sudáfrica, hacen parte de la discusión académica.
Este encuentro tuvo la participación de reconocidos líderes y defensores de derechos. Una de ellas Jayshree Satpute, confundadora de la organización no gubernamental Nazdeek, que trabaja con comunidades marginadas en India. También se destaca la visita del abogado ugandés Joe Oloka, profesor y litigante de casos emblemáticos de derechos humanos en ese país.
“En algunos de estos países, los profesores y activistas que nos visitan han liderado cambios estructurales significativos a través del uso del derecho y podemos aprender de primera mano de su experiencia”, manifiesta Esteban Hoyos Ceballos.
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