Por tal motivo, la Universidad EAFIT realizará un conversatorio sobre estas nuevas disposiciones mañana miércoles 17 de febrero a las 10:00 a.m. en el auditorio 103 del bloque 38.
En este espacio, la comunidad universitaria y la ciudadanía en general tendrán la posibilidad de conocer el contenido de las medidas e introducirse en un análisis desde la perspectiva constitucional del derecho laboral, penal y el impacto de esta reglamentación en el ejercicio de la salud y de la profesión médica.
“Este evento pretende alimentar el debate con argumentos, contribuir a formar una opinión pública para que siente posición sobre este tipo de acontecimientos y motivar a los miembros de la Escuela de Derecho a que mediante la presentación de escritos, ya sea para defenderlos o impugnarlos, intervengan en el juicio de constitucionalidad que la Corte debe hacer”, señala Gloria Patricia Lopera Mesa, profesora de Teorías del Derecho de EAFIT y moderadora del conversatorio.
A su vez, Mario Alberto Montoya Brand, coordinador del área de Derecho Público, hablará sobre el alcance constitucional de la decisión tomada por el presidente Álvaro Uribe Vélez. De igual manera, Camilo Piedrahita Vargas, jefe del Departamento de Derecho, abordará los efectos laborales en seguridad social de las medidas, y el docente Juan Carlos Álvarez Álvarez tratará la perspectiva penal.
Los puntos de discusión
Según el profesor David Suárez Tamayo, coordinador de la especialización en Derecho Público de la Universidad, es muy complicado que el Gobierno emita unas normas y al otro día afirme que éstas no dicen eso sino otra cosa. “Como si se necesitara una lectura adicional a lo que dice el mismo decreto. Por eso, muy seguramente, la intervención de los abogados hará referencia al verdadero sentido de las normas y al alcance del lenguaje que allí se está utilizando”.
También, el profesor Juan Carlos Álvarez añade: “Los decretos de emergencia establecieron unas sanciones penales, pero especialmente agravaron algunos delitos. En este caso, en el conversatorio, se resolverán inquietudes concretas en relación con este asunto y en particular a la responsabilidad de los médicos y de los funcionarios que administran los dineros de la salud, a quienes se les impuso sanciones importantes con estas nuevas disposiciones”.
También, Álvaro Cardona Saldarriaga, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, tratará las implicaciones médicas que tienen los decretos.
En ese sentido, explica: “Cuando se discuten temas de la salud pública es imposible no mirar las decisiones políticas y estatales. Tampoco será posible no hacer referencia a lo económico e, igualmente, tener en consideración las expectativas y sentimientos de distintos actores de la sociedad que participan del sector, hasta del ciudadano común y corriente en su condición de beneficiario del sistema de aseguramiento o del paciente cuando está enfermo”.
Un problema de fondo
El docente David Suárez comenta, siguiendo por esta misma línea de discusión, que otro debate fuerte se refiere a que en Colombia, para que se declaren estados de excepción, como es el de la emergencia, la Constitución pone un requisito y es que tienen que ser situaciones sobrevinientes, sorpresivas y graves, es decir, no pueden ser problemas agudos.
Pero, de acuerdo con su análisis, la salud es un asunto acumulado y una de las cuestiones del conversatorio será si lo ideal hubiera sido que se solucionara a tiempo: “¿Por qué esperar tantos años para apropiarse de una facultad que en principio es del Congreso para hacerlo por la vía del Ejecutivo?”.
Ante lo anterior, asevera: “Es una obligación de nosotros, como docentes, generar propuestas y quizá una de las principales es que este es un tema que debe tratarse por los distintos sectores, porque creo que fueron medidas tomadas unilateralmente por parte del Gobierno sin consultarse con el gremio de la medicina, de la academia y es un problema que requiere mayor discusión”, concluye el profesor.