Noticias febrero
18 de febrero de 2010

La salud y la emergencia social, en el centro del debate

​​• El tema más relevante de las últimas semanas fue analizado en EAFIT por varios expertos, quienes, desde la luz de los argumentos, mostraron los alcances de las normas.

• En cuanto a posiciones asumidas, varios de los profesionales coincidieron en que las decisiones del Gobierno afectan a los pacientes y a los médicos.

La declaratoria de emergencia social, anunciada por el Gobierno Nacional hace ya unas semanas, incluyó una serie de medidas y de decisiones sobre el ejercicio médico y el manejo del sistema de salud que de inmediato empezaron a tomarse las primeras páginas de los periódicos, los titulares de los noticieros de radio y televisión, y la atención de los colombianos.

Problemas financieros, de acceso al sistema, crecimiento acelerado de tratamientos y medicamentos costosos, precios alterados de las medicinas, y deudas a las entidades de aseguramiento, sumado todo lo anterior a las sentencias de la Corte Constitucional que ordenaba mejorar la atención, llevaron al Ministerio de la Protección Social a anunciarle al país una noticia que ha recibido más voces en contra que a favor.

Pero a la luz de los argumentos, expertos en derecho constitucional, penal, laboral, del campo médico y de la salud pública, en el conversatorio sobre los decretos expedidos en relación con este estado excepcional realizado ayer miércoles 17 de febrero en la Universidad EAFIT, concluyeron que estas medidas intentan dar solución a estos problemas solo bajo unos criterios económicos.

Para empezar, Mario Alberto Montoya Brand, coordinador del área de Derecho Público de la Universidad, señaló que estas normas introducen unos comités técnicos que construyen unos estándares y protocolos a los que se deben fijar los médicos. Lo problemático de allí es que la razón que inspira estas pautas es de costo-beneficio y no de calidad de la atención que se le debe prestar al paciente.

“El problema es que el sistema de salud colombiano está basado en el régimen contributivo de la mano laboral formal e informal, que es la que los gobiernos han incentivado. Por eso crecen más los del régimen subsidiado y decrecen los miembros del contributivo. Al largo plazo la cuestión sería resolver el problema del empleo en Colombia antes que los detalles de estos decretos”, enfatizó.

Efectos de las medidas

Por su parte, Élmer Gaviria Rivera, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, expresó que no debe haber Prestaciones Excepcionales porque nadie, voluntariamente, elige tener una enfermedad de mediana y alta complejidad y que en ningún momento en esta declaratoria de emergencia social se habla de la salud, sino de mercantilización de la enfermedad.

A su vez, a Juan Carlos Álvarez, profesor del área de Derecho Penal en EAFIT, le pareció curioso que una reforma que busca atacar problemas de financiación haya modificado el código penal, por ejemplo, en el que se creó el delito de omisión de la atención inicial de emergencias, lo que busca prevenir el paseo de la muerte. Sin embargo, esto no es causante de la crisis financiera del sistema.

De acuerdo con el profesor Álvarez, la penalización proyecta en la sociedad la idea de que el legislador, en este caso el Gobierno, está preocupado por un determinado problema y que está dispuesto a enfrentarlo tomando disposiciones severas para conjurarlo. “La expedición de normas penales para acompañar las controvertidas medidas de la emergencia social se inscriben en la línea de utilizar el derecho penal para generar consenso entre la ciudadanía y no para atacar el problema”, afirmó.

Expuso que en los decretos se incluye otro aspecto en este mismo ámbito y es la creación de unas circunstancias de agravación para los delitos de especulación (vender productos a precios superiores a los establecidos por el organismo competente) y agiotaje (manipulación fraudulenta de esos precios) cuando estas conductas recaen sobre medicamentos.

“Para efectos penales todas las personas que manejen recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud serán considerados funcionarios públicos”, detalló el docente Álvarez.

Por otro lado, Camilo Piedrahita, jefe de carrera de la Escuela de Derecho de EAFIT, declaró que ante las reacciones de los límites al POS, el Gobierno reglamentó que el piso para la actualización de éste es el que existe hoy. “La gente tenía miedo que se fuera a restringir aún más por la emergencia social. Esto sería una carta de garantía al menos en el tiempo”.

Y agregó Piedrahita: “Lo discutible es que si el Estado, con base en el principio de solidaridad, le puede trasladar la carga a los ciudadanos o no. Segundo, cómo se va a delimitar si alguien tiene capacidad de pago real por el hecho de tener una casa o un carro. Lo de menos es que la gente saque las cesantías o las pensiones, lo graves es que una persona tenga que coger un crédito”.

Diferencia entre esquemas jurídicos y publicitarios

En medio de la discusión sobre el tema, Mario Montoya Brand, adscrito a la Escuela de Derecho de EAFIT, relató, teniendo en cuenta el anuncio hecho por el presidente Álvaro Uribe hace un par de días sobre la caída de una de las normas, que “me encontraba con dos estudiantes de Derecho y me decían: ‘profe no se preocupe que Uribe ya dijo que esos decretos no iban’”.

Ante lo dicho por los estudiantes, Montoya explicó: “Por favor, distingamos entre los esquemas jurídicos y los esquemas publicitarios. En Colombia y, en cualquier Estado de Derecho, se requiere de una derogatoria explícita por parte de los órganos que producen esos decretos. Pero la gente piensa, y es un asunto mediático, que el Presidente reversa una medida públicamente y ésta se reversó”.

En este sentido, Álvaro Cardona Saldarriaga, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, sostuvo que los debates en este tema no se hacen en un terreno con rigor técnico sino con propagandas y medios.

Ante este panorama, Élmer Gaviria Rivera, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, propone demostrarle al Gobierno que el único camino viable es derogar todos los decretos de la emergencia social. “Países como México y Costa Rica han demostrado que con menos Producto Interno Bruto tienen unas coberturas mejores”, concluyó.

En el debate, cumplido el miércoles en la Universidad EAFIT, participaron diversos profesionales de la rama y contó con la presencia de estudiantes, docentes y de la ciudadanía en general.

Medidas con diversas interpretaciones

Otros expertos expresaron sus opiniones sobre la emergencia social. Carmen Helena Castaño Londoño, magistrada de la Sala Laboral Tribunal Superior de Medellín “Con la restricción a los médicos por parte de las EPS no creo que se reduzcan las tutelas, porque muchos de los casos que hemos trabajado son por estos profesionales y si tienen su ética estarán diciendo qué es lo que requiere el paciente. Ahí lo que entraría a pugnar sería el derecho a la salud con el de la ética médica. Sé que el Gobierno tuvo su buena intención de cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional, pero hemos visto cierta improvisación”. Carlos Alberto Giraldo Giraldo, investigador de la Universidad de Antioquia. “La declaratoria de esta crisis es un efecto de una presión de las EPS que amenazan con cerrar los servicios y el Gobierno está completamente paralizado porque éstas tienen una posición hegemónica”.

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