• Así lo expresó Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación, en la sexta edición del seminario ¿Hacia dónde va Colombia?, apoyado por EAFIT.
• El funcionario insistió en la necesidad de una cultura de la legalidad, regla principal para disminuir los casos de malas prácticas éticas en el país.
La rueda de la legalidad debe ir en el mismo sentido de la rueda de la cultura. Y es que nunca antes se había hablado tanto de transparencia en la agenda nacional, no obstante los casos de corrupción siguen apareciendo.
Con esta mirada, Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador General de la Nación, intervino en la sexta edición del seminario ¿Hacia dónde va Colombia?, organizado por Acción Universitaria, el Centro de Estudios Católicos, y apoyado por EAFIT.
En la conferencia, que se realizó el viernes 23 de septiembre, el Jefe del Ministerio Público resaltó la existencia de una cultura volcada hacia la legalidad como solución a los problemas que en este tema tienen las instituciones colombianas.
Así mismo, señaló que los niveles de corrupción han llegado a límites preocupantes. “Según datos del Banco Mundial, nueve billones de pesos quedan en manos de los corruptos anualmente en Colombia”.
Según Ordóñez Maldonado, con ese dinero se podrían construir, por ejemplo, 2.000 acueductos en el país. “Hay una necesaria relación entre corrupción y pobreza. De esta forma, este mal frustra a los sectores más deprimidos de una sociedad que se ha equivocado en corregir el problema”, dijo.
Es así como el Procurador se concentró en una exposición que intentó establecer cómo la corrupción afecta los Derechos Humanos y qué clase de derechos son los que se ven afectados.
En esta jornada del seminario ¿Hacia dónde va Colombia?, también intervinieron Iván Garzón Vallejo, jefe del Área del Derecho y del Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana; y Gloria Patricia Naranjo Ramírez, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente universitaria.
La sociedad, núcleo de valores
Para el procurador Ordoñez, es menester de la sociedad articular escenarios que formen valores. Sin embargo, existe actualmente un paradigma en el ejercicio del poder público, ya que ejercer la autoridad significa servir al bien común y ejercer las virtudes públicas a nivel social. Contrario a esto se hace presente una agresiva primacía de lo individual ante lo público, y los empleados del sector estatal se sirven de su función para generar beneficios personales.
“La corrupción no se vincula a un gobierno específico, es un problema ético de la sociedad”. Por esta razón, las políticas anticorrupción no logran enteramente su objetivo. “Nunca antes se había invertido tanto en la legalidad, pero la cultura no funciona”, explicó el Procurador, y aclaró que la falta de valores es lo que impide este funcionamiento.
“Estamos recogiendo los frutos de la desilusión de la familia, escenario natural para trasmitir principios y valores. De esta forma, no vamos a tener funcionarios públicos que ejerzan su función pulcramente. Los tendremos cuando hayan buenos ciudadanos que trasmitan esos principios y valores”.
En esta línea, las estrategias gubernamentales y las sanciones aplicadas no bastarían para controlar el problema. Hace falta una cultura de la legalidad, afirmó Ordóñez Maldonado, fundada en principios y valores, y que logre penetrar las instituciones privadas y públicas, de modo que se adecúen al ordenamiento jurídico.
Pero, es también deber de la sociedad que todas sus instituciones participen en la construcción de esta cultura. Por lo tanto, en el sector educativo se deben disponer espacios para formar a nuevas generaciones en la legalidad.
“Construir una ética pública sin valores es construir una ética anoréxica. Pensar en un derecho por fuera de los principios morales es como pensar en un río sin cauce que no vaya a producir destrucción en los terrenos colindantes”, concluyó el Procurador.
Más información
Juan Carlos Luján Sáenz
Área de Información y Prensa
Teléfono: (57) (4) 2619500 Ext. 9931
Correo electrónico:
jlujans@eafit.edu.co