No solo las grandes entidades estatales o financieras son víctimas de delitos informáticos. Cualquier ciudadano puede sufrir este tipo de situación.
• EAFIT, Funlam e Ideas se unieron para investigar el tratamiento probatorio de las nuevas formas de delito relacionadas con las TIC.• Colombia fundamenta sus estadísticas en la cantidad de denuncias que se reciben, un total de 995 en 2010 y que corresponden a delitos de este tipo.
El asunto se ha propagado a mucha velocidad por las redes sociales y por los diferentes medios masivos de comunicación: durante 2011 varios portales web, de carácter oficial y privado, fueron atacados en Colombia y el exterior por grupos de activistas, lo que significó que quedaran fuera de servicio por varias horas.
Esta situación motivó a Ana María Mesa Elneser, abogada de la Fundación Universitaria Luis Amigó, a formular el proyecto La informática forense en su aplicación de la investigación de delitos informáticos, a partir de la Ley 1273 de 2009, para el que contó con el apoyo de EAFIT y de la Corporación Universitaria Ideas, de Itagüí.
El trabajo, que se realizó en 2011, arrojó resultados que merecen revisarse por los diferentes órganos del poder en el país.
Y es que no solo las grandes entidades estatales o financieras son víctimas de delitos de este tipo. De acuerdo con el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia (Conpes), entre enero y diciembre de 2009, la Policía Nacional atendió, en el país, un total de 575 delitos informáticos.
Estos van desde el acceso abusivo a un sistema informático, que en ese año registró un total de 259 casos, hasta el hurto por medios informáticos y semejantes (247), la interceptación de datos (17), la violación de datos personales (35) y la transferencia no consentida de activos (8), entre otros.
No obstante, en 2010, la cantidad de delitos informáticos y contravenciones aumentó en un 73 por ciento, al alcanzar un total de 995 casos, siendo el hurto, por medios informáticos, el incremento más representativo al pasar de 247 a 502.
Desconocimiento
Durante la investigación se aplicaron encuestas anónimas a fiscales, jueces, abogados y defensores públicos, y se encontró que ante preguntas relacionadas con la verificación de protocolos, que deben seguirse para la conservación de la cadena de custodia en el análisis post-mortem de un incidente de este tipo en Colombia, es decir, después del incidente, el 20 por ciento de los abogados y los defensores públicos, al igual que este mismo porcentaje de los jueces, respondió que sí conocían dicha verificación de protocolos, mientras que en los fiscales hay mucho desconocimiento.
Otra de las conclusiones, según la profesional, es que hay mucha delincuencia en el campo informático, pero no una capacidad de respuesta de funcionarios que atiendan el asunto.
“Esto implica impunidad o que, por ejemplo, una persona que haya cometido un solo tipo penal de delito informático pueda terminar judicializada por tres o cuatro tipos penales, o viceversa: que haya cometido varios delitos informáticos, y que quede judicializada por uno porque no se supo manejar la imputación”, dice la abogada.
Ante este panorama, y como una forma de contextualizar la situación, Juan Guillermo Lalinde Pulido, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de EAFIT, explica que la tecnología ha penetrado a la sociedad en todos los aspectos, por lo que la parte legal no se puede quedar atrás.
Y es que, de acuerdo también con el Conpes 3701, Colombia, a julio de 2011, ocupa el quinto lugar entre los países más afectados por este tipo de delitos, entre un listado que encabeza la India, seguida por México, Brasil y Corea.
“El proyecto se formuló, con una fuente de consulta, para establecer los datos estadísticos de denuncias versus investigación versus judicialización, pero esta información es absolutamente hermética, debido a temas de seguridad y privacidad de la información gubernamental”, explica la abogada.
Por su parte, el profesor Lalinde señala: “Este es un asunto que no se puede abordar única y exclusivamente desde la parte legal ni única y exclusivamente desde la parte técnica. Entonces, tenemos un grupo en el que hemos venido trabajando el tema de seguridad en tecnologías de la información”.
De esta manera, EAFIT apoya la labor desde el componente tecnológico, mientras que la Fundación Universitaria Luis Amigó y la Corporación Universitaria Ideas trabajan el tema legal.
Gracias al trabajo de estas tres instituciones, al finalizar la ejecución del proyecto quedará un libro que ya está en revisión en el Fondo Editorial de la Fundación Universitaria Luis Amigó. De manera adicional, se elaborarán y publicarán varios artículos y ponencias que se llevarán a diferentes eventos académicos, investigativos y científicos.
Así mismo, se proyectan seminarios, foros, capacitaciones y diplomados; y se formularon dos cursos, uno para Derecho y otro para Ingeniería, para que los estudiantes se puedan formar en este campo.
“Uno de los resultados del proyecto es que se generan ciertas inquietudes. Incluso, en este momento, las preguntas más importantes surgen es en el plano legal, en términos del conocimiento que deben tener los jueces, los abogados, los fiscales, frente a los retos que plantea la tecnología”, concluye el profesor Lalinde.
Colombia en el contexto mundial |
| Con fundamento al documento Conpes 3701, otros países de la región con porcentajes altos de delitos informáticos son Brasil con el 7.74 por ciento (ocupa el tercer puesto). Por debajo de Colombia están Perú con el 2.42 por ciento y Chile con el 1.74 por ciento. |
Mayores informesJuan Carlos Luján SáenzPeriodista Área de Información y PrensaTeléfono: 574 2619500 Ext. 9931Correo electrónico: jlujans@eafit.edu.co