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La perversidad del covid. Las restricciones y sus efectos sociales

​​​​​​​​​​​Por Simón Díaz Pérez, Antioquia Visible.​

Mucho se ha hablado y escrito de los efectos que las medidas contra el COVID-19 en Colombia han tenido sobre la economía y sobre la salud, mental y física, de los ciudadanos. No es mi intención profundizar en estos temas, sino enfocar la discusión hacia otros efectos de la pandemia, quizá más políticos o sociales, que han quedado eclipsados por la indudable importancia de la salud pública y la recuperación económica. Estos efectos actúan como incentivos perversos y a un mes de haber abandonado los aislamientos obligatorios y estrictos, muchos son todavía visibles.

Por incentivos perversos me refiero a aquellos factores que conllevan a que una práctica no prevista se vuelva más común. Es decir, un incentivo perverso genera ventanas de oportunidad que muy probablemente no responden a la intención de los gobernantes al momento de generar políticas o tomar decisiones. A pesar de su nombre, este tipo de incentivos no son necesariamente malos, pero reflejan la dificultad de la toma de decisiones públicas y se vuelven más comunes cuando estas decisiones se toman de manera apresurada.

No me referiré a la corrupción porque en Colombia no requiere de nuevos incentivos y no sorprende a nadie que la crisis del coronavirus haya sido utilizada para pagar favores políticos o enriquecerse a costa del Estado. Son otros los incentivos perversos que requieren de nuestra atención.

En primer lugar, en lo gubernamental se generó una complacencia con los resultados de las medidas tomadas que estancó al país por cerca de 5 meses. No se pone en duda que las medidas de aislación eran necesarias y rindieron los resultados esperados, pero precisamente por cumplir los resultados, el gobierno se vio incentivado a continuar con tales medidas aun cuando la situación de la pandemia y el país requerían de nuevas formas de afrontar la crisis. El gobierno nacional y las administraciones locales se limitaron a importar medidas que otros países tomaron para combatir al coronavirus y por mucho tiempo no pareció haber un plan a largo plazo pues se estaban obteniendo “buenos" resultados; la extensión cada dos semanas de las medidas al principio de la emergencia lo demuestra.

En la sociedad, la rigidez de las medidas y su falta de adaptabilidad a contextos específicos conllevaron a que con el pasar del tiempo fuera más común que las personas dejaran de acatar las reglas de la cuarentena al volverse cada vez más perjudiciales. Esto, junto a una marcada vaguedad en ciertas disposiciones desde el inicio de la reapertura gradual, llevó a ciertas personas, probablemente impulsadas por la necesidad, a aprovechar vacíos normativos para abrir sus negocios antes de tiempo; se veían abiertas panaderías y cafeterías mucho antes que los restaurantes y en esta nueva normalidad se ve a tiendas de barrio con mesas afuera vendiendo cerveza y trago cuando los bares y discotecas siguen sin contar con un aval. No pretendo señalar a quienes se adelantaron, sino mostrar cómo las medidas diseñadas para cuidar a la población y tener un control sobre el virus llevaron a lo contrario: una sociedad desesperada y de difícil seguimiento.

Por último, las disposiciones del aislamiento obligatorio le otorgaron un nuevo protagonismo a la fuerza pública, especialmente a la Policía Nacional, encargada de hacer cumplir el decreto de aislamiento y facultada para expedir multas por su infracción. Casos de excesos de la fuerza pública se encuentran a lo largo de la historia colombiana y claramente preceden a la pandemia, pero no por ello se puede pensar que fue una coincidencia que tras el fin del aislamiento estricto y la transición de la policía nuevamente a un rol de atención al ciudadano, se haya presentado el asesinato de un ciudadano a manos de la policía tras querer imponer un comparendo por una conducta prohibida en contexto de la emergencia sanitaria. Las instituciones siempre son renuentes a soltar el poder que les ha sido otorgado, aun si fue provisionalmente, y no hay mayor incentivo perverso que actuar desmesuradamente creyendo que se tiene un respaldo normativo y facultativo.

Estos son algunos de los incentivos no previstos por el gobierno al decretar las medidas contra el COVID-19, no los menciono para criticar las medidas, todos somos nuevos en una pandemia, pero si bien podía ser difícil preverlos, no debe ser difícil identificarlos para resolverlos. El gobierno y las administraciones deben empezar a pensar a largo plazo y no solo en lo relativo a las vacunas. Qué hacer ante un rebrote, cómo lograr un seguimiento efectivo de casos en una reapertura desorganizada, cómo evitar nuevos excesos de la fuerza pública si se requieren nuevamente medidas restrictivas, estas son algunas de las preguntas, junto a las que versan por la economía y la salud pública, que deberían tenerse en cuenta para seguir afrontando al coronavirus.