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La Defensoría del Pueblo. Un futuro incierto

​​​​​Por César Danilo Rua Mejía, Antioquia Visible.

Desde su creación en la constitución de 1991, la figura de la defensoría del pueblo ha tenido la misión, como parte de los entes de control, de velar por la promoción, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos (art. 282 de la Carta Política). Por supuesto, tal deber implicará el hacer debido seguimiento a las actuaciones estatales a fines de garantizar el respeto por los derechos básicos de la población.

Es aquí donde se encuentran los primeros puntos de controversia con la elección del nuevo Defensor, Carlos Camargo. El abogado especializado en Derecho Administrativo recibió 140 votos de apoyo al momento de realizarse la votación en la Cámara de Representantes, principalmente de los partidos liberal, la U, Conservador y Cambio Radical. La oposición fomentó el voto en blanco, alegando la inadecuada preparación de los ternados para ejercer el cargo.

El perfil del señor Camargo suscita dudas, pues durante su tiempo como director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el periodista Ariel Ávila le señaló como parte en una feria de contratos, en conjunto con familiares y cercanos de diversos magistrados y exmagistrados (especialmente del Consejo de Estado) a cambio de asegurarse un apoyo para sus aspiraciones como Registrador Nacional. La divulgación de la columna respectiva en la revista Semana (publicada el 8 de agosto del año pasado) paró en seco las aspiraciones de Camargo a la Registraduría, aunque por el momento las investigaciones no pasan a mayores.

La crítica no sólo pasa atendiendo a la fiabilidad del electo, sino que también se dirige hacia su hoja de vida. Los sectores de la oposición, el Director de las Américas para HRW José Miguel Vivanco, además de varios comentaristas de opinión, han considerado la terna escogida por el Presidente Duque para la Defensoría (que incluyó también a Elizabeth Martínez, quien se ha desempeñado principalmente en la Cámara de Representantes y Myriam Carolina Martínez, abogada con experiencia en el sector agrícola) como una con escasa experiencia en Derechos Humanos, aludiendo a la experiencia y la trayectoria laboral de los ternados.

Considerando el inmenso apoyo político y el precedente mediático sobre el Defensor electo, se hacen evidentes los retos que tiene por delante: desligarse de vínculos políticos con sus electores en el Congreso y demás órganos del estado, y hacer frente a un cargo que demanda una vasta experiencia en materia de defensa de derechos humanos, en una situación especialmente precaria. Actualmente, el deficiente cumplimiento de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC-EP, los asesinatos de líderes sociales son cada vez más recurrentes y las masacres van en aumento constante. Finalmente, el señor Camargo se enfrenta a una situación de credibilidad que apenas si ha empezado a recuperar la Defensoría con las últimas gestiones del cargo. El futuro de esta institución queda así, en manos del aún incierto ejercicio del señor Camargo.