El proyecto de ley que busca felxibilizar los controles para el porte y tenencia de armas en Colombia, fue presentado a mediados de marzo por una docena de senadores afines al Centro Democrático y partidos cercanos. Tal proyecto propone modificar el decreto 2535 de 1993 -que regula el porte de armas- a través del aumento de multas para casos de manejo y porte irresponsable -bajo efecto de sustancias psicoactivas, por ejemplo-, reduciendo la competencia estatal de incautar armas a los ciudadanos, y dando la posibilidad a quienes portan armas ilegalmente de registrarlas, devolverlas a la policía o renovar los permisos ya vencidos.
Aunque a primera vista pueda parecer un proyecto lo suficientemente fundamentado, al hacer un análisis al detalle de las propuestas del proyecto, es claro que éste no comprende las causas estructurales que impulsan el tráfico ilegal de armas en el país.
En primer lugar, los ponentes en la exposición de motivos presumen el importantísimo papel de las armas ilegales en los altos niveles de criminalidad en el país. No le falta razón a esto, y es que buena parte de los hurtos y homicidios cometidos en el país se realizan con armas de fuego provenientes del mercado negro, caso común a muchos países latinoamericanos -el mismo proyecto de ley menciona a Venezuela, Uruguay y Panamá como naciones también sometidas al flagelo-.
Ya en Colombia, el Gobierno Santos, a partir del 2015, estableció una suspensión general a los permisos de porte y tenencia de armas, que se ha venido renovando desde entonces. Según los ponentes, esto desprotege a quienes tenían permisos legítimos de porte y no resuelve el problema que supone el mercado de armas ilegales. Sin embargo, no es menos cierto que, en el caso colombiano, dichos decretos se han mantenido hasta la era Duque al ser una respuesta a los estudios de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema, que han encontrado indicios de una correlación positiva entre la disponibilidad y número de armas con el número de homicidios por armas de fuego. Tal consideración, al parecer, no es meritoria de mención alguna en la exposición de motivos.
La medida de ofrecer posibilidades a quienes portan ilegalmente armas, por positiva que parezca, adolece del grave problema de no prestar atención a las circunstancias que motivan el porte ilegal. Si bien puede liberalizarse la cultura de llevar armas y aumentar el número de armas amparadas en el país, lo cierto es que la gran mayoría de portadores de armas ilegales no van a mostrar interés alguno en acogerse a estas soluciones, porque no tienen razón para hacerlo. ¿Por qué registrar o devolver el arma usada para matar y robar? Es justamente su carácter ilegal lo que permite que permanezcan invisibles a la autoridad. No se beneficia sino a quien ya, de igual manera, cumplía con los requisitos legales, es decir, creyéndole a los ponentes, a 400.000 portadores de armas, lo cual representa menos de un 20% de los más de 2.5 millones de ilegales en el país. Y, siguiendo la misma línea, quitarle la potestad al Estado de incautar armas a particulares potencialmente peligrosos puede aumentar el índice de criminalidad.
La sanción a comportamientos irresponsables es quizás la única medida que valdría la pena tomar en cuenta, pero la verdad es que el proyecto está mal enfocado y no constituye política pública que ayude a subsanar el grave problema que hoy se tiene con las armas ilegales en el país.