La modificación del sistema de control judicial de la administración pública en un Estado puede representar un desequilibrio en su configuración democrática. Esto es lo que podría suceder en Hungría cuando entre en vigor, en enero del 2020, la ley aprobada el pasado 12 de diciembre. A través de esta, presentada por el gobierno de Viktor Orbán, se incorpora en el sistema judicial húngaro una nueva jurisdicción contencioso administrativa compuesta por jueces regionales y una Corte Suprema Administrativa.

La noticia de la aprobación de la ley tuvo mucho eco en los medios y en organizaciones no gubernamentales que monitorean los derechos humanos, pues se afirmaba que la nueva jurisdicción contencioso administrativa estaría a cargo de asuntos electorales, derecho a la protesta, licencias para la construcción y asuntos de competencia. Estos dos últimos sensibles en materia de corrupción. El supuesto ataque a la democracia se encuentra en que los jueces que harían parte de esta jurisdicción serían escogidos y promovidos por el Gobierno a través de uno de sus ministerios, tal como lo señalan los artículos 35, 67, 71 y 72 del proyecto de expediente T/3353.

Esta columna fue publicada en www.ambitojuridico.com el 5 de marzo de 2019.