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Los mil ojos del titán mirando a la sociedad

Los avances y retrocesos en asuntos de justicia, violencias, paz, seguridad y convivencia,
economías ilícitas y construcción de Estado son un campo fértil para la investigación académica
que busca desentrañar las complejas relaciones que rigen la vida colombiana


Octavio Gómez Velásquez, Colaborador




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10 de septiembre de 2020 | REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT - CONSTRUCCIÓN PACÍFICA, CONVIVENCIA Y POSACUERDOS


La Universidad EAFIT es como un titán de mil ojos que, desde el aprendizaje, el descubrimiento y la creación, y la proyección social acompaña los procesos sociales, económicos y políticos que permiten interpretar muchos asuntos de nuestro devenir: la historia nacional, el papel del Estado, las instituciones que administran justicia, el accionar de los grupos ilegales, los conflictos, la reincorporación a la sociedad de excombatientes, la manera en que se desarrolla la agenda de construcción de paz y fenómenos como las economías ilegales, las organizaciones criminales y sus relaciones con las comunidades.

Son ojos que avizoran, con criterio interdisciplinario, la evolución de esos fenómenos y cuyos responsables abren espacios de reflexión y encuentro social.

El abogado Camilo Piedrahíta Vargas, decano de la Escuela de Derecho de EAFIT, destaca la participación general de las universidades durante el proceso de negociación que permitió la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) diciendo que “la academia ha sido un espacio supremamente valioso e importante para reflexionar en torno a figuras jurídicas y políticas y, en nuestro campo, especialmente sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

En esa línea, el directivo docente destacó el trabajo de EAFIT, junto a la Universidad del Norte (Barranquilla), en “el acompañamiento a las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como a la Comisión de la Verdad”.

Piedrahíta Vargas defiende el hecho de que las universidades, durante la negociación y tras la firma del acuerdo, se hayan consolidado como “espacios y centros de debate, de tolerancia, desde donde –gracias a la credibilidad que tiene la academia– podemos hacer un acompañamiento no solo a las instituciones encargadas de ejecutar y materializar los acuerdos de paz y el resarcimiento a las víctimas, sino también a la sociedad”.


Mirada sobre las economías criminales

Los ojos de la universidad también han observado fenómenos paralelos al conflicto o que son producto de él. El doctor en Ciencia Política y docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT, Gustavo Duncan Cruz, experto en temas de narcotráfico, criminalidad y construcción del Estado, explica que con el proceso de paz se evidenció que “el fenómeno de las economías criminales está conformado por un espectro más amplio que surge de tantos años de conflicto. Hay una serie de actividades que son ilegales, ilegales toleradas o informales que son susceptibles a la regulación de actores armados distintos al Estado”. 

Duncan Cruz añade que “el problema que quedó después de tanto tiempo fue que el conflicto enseñó a muchas comunidades y organizaciones criminales cómo explotar ganancias por ejercicio sobre ese control social porque se establece un monopolio sobre ese mercado, porque se practican extorsiones, etc.”

La academia ha ganado en metodologías para el estudio de fenómenos complejos, como la minería ilegal. Foto: Róbinson Henao

Lo que cambió con la desmovilización de gran parte de las Farc, advierte, es que ese grupo tenía un proyecto de toma del Estado para transformar a su manera la sociedad, pero los grupos que los reemplazaron para controlar las economías ilegales “quieren mantener un control local sobre actividades locales y eso genera una interacción muy distinta con el Estado”.



“El miedo, la rabia y el resentimiento no han podido ser reemplazados por la empatía y la compasión necesarias para la reconciliación”. Mauricio Uribe López, jefe del Departamento de Gobierno y Ciencia Política.






Cultivos ilícitos y estrategia de negociación

Otra mirada al problema del vacío dejado por las Farc en las zonas sembradas con cultivos ilícitos la tiene el doctor en Economía Santiago Tobón Zapata, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de EAFIT.

Para él, la razón más probable para explicar el crecimiento de esas áreas fue una estrategia política del grupo en trance de desmovilización.

Tobón Zapata señala, primero, el hecho de que las áreas con cultivos ilícitos de coca cayeron en tasas relativamente altas hasta el último año de la negociación con la guerrilla, cuando comenzaron a incrementarse.

Tres hipótesis aparecieron para  explicar ese hecho: la más socorrida fue la decisión del Gobierno Nacional de suspender la aspersión aérea con glifosato; la segunda, la devaluación del peso frente al dólar que hacía más rentable la exportación de cocaína; y la tercera, la idea de que en el posacuerdo se iba a tener una importante oferta de programas de sustitución de cultivos ilícitos por parte del Gobierno.

Sobre el impacto de la suspensión de la fumigación aérea con glifosato, el director del Cief considera que los costos de ese método son tan altos que lo convierten en la opción menos eficiente para la reducción de esas áreas.

“Un estudio de Daniel Mejía con Pascual Restrepo (de la Universidad de los Andes), en la frontera con Ecuador, encontró que costaba entre 35 mil y 40 mil dólares reducir una hectárea de cultivos ilícitos mediante aspersión. Es decir, era más barato comprar la cocaína ya transformada que hacer la aspersión”, advierte.

Por ello, el impacto sobre los cultivos era mínimo y no se podía asociar la aspersión con la reducción de cultivos ni la ausencia de la fumigación con su aumento.

La hipótesis de una tasa de cambio elevada como la razón para el crecimiento de los cultivos tampoco tenía evidencias que la respaldaran, dice Tobón Zapata, porque es una situación que se presentó en otros momentos sin que se reflejara en un aumento de las áreas cultivadas con coca.

“La demanda de cocaína es creciente en Europa y Estados Unidos y si bien la tasa de cambio ha crecido mucho en los últimos años, no había ocurrido un incremento proporcional en las hectáreas sembradas de coca”.

“La tercera hipótesis es que se generó una expectativa en muchos campesinos que empezaron a sembrar más coca (con la ilusión de ayudas del gobierno en el poscacuerdo). Esto, al principio, se manejó simplemente como especulación, pero hace pocos meses Juan Fernando Vargas, de la Universidad del Rosario, y Daniel Mejía, de los Andes, publicaron un documento de trabajo en el que presentan evidencia empírica que respalda eso”, explica Tobón.

De  acuerdo  con  esos  hallazgos,  ese crecimiento se debería explicar por  la  mezcla  de  las  tres  hipótesis,  pero donde la estrategia de las Farc para vincular a un grupo mayor de campesinos era la más influyente. “Era complejo decirle a la gente que dejara los cultivos legales que no iban a tener ayudas del gobierno para que sembrara cultivos ilícitos que sí iban a tener esas ayudas”, afirma Tobón Zapata.

El  problema,  que  se  puede  considerar coyuntural del proceso, lleva a las consideraciones de fondo: ¿cómo debería llegar el Estado a retomar el control y la legitimidad de las zonas con cultivos ilícitos?

Para  Tobón  Zapata,  la  respuesta  ya  se  ha  discutido  ampliamente  en  los ambientes universitarios, no solo de EAFIT sino de otras instituciones: “Un trabajo reciente determinó que es mucho más eficiente, en términos de reducción de cultivos ilícitos, la titulación de tierras que otro tipo de estrategias”.

Hasta ahora, comenta, el Estado se topa con el problema de no encontrar la forma de llegar a muchos territorios donde  los  cultivos  ilícitos  y  otras  economías  ilegales  son  prácticas  habituales.

“El Estado no ha logrado consolidar su presencia en ninguno de los territorios donde se han presentado estos problemas. La región del Bajo Cauca  antioqueño,  por  mencionar  un caso, tiene problemas muy serios de orden público, violencia, crimen organizado,  gobierno  de  grupos  criminales sobre las comunidades, minería  ilegal,  cultivos  ilícitos  y  violencia del mismo nivel del que había hace 10 o 12 años”

Cooperación Universidad-Estado

Santiago Tobón Zapata, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief) señala que la complejidad de muchos fenómenos de las empresas criminales hace que no haya paradigmas científicos de trabajo: “La academia tiene la responsabilidad de ser muy propositiva con programas y políticas públicas que pueden ser aplicadas en estos contextos y tiene que ser muy convincente para lograr que el Estado asuma lo que proponen nuestras investigaciones. A veces los académicos somos muy torpes en comunicar las propuestas. Debemos ser conscientes y pragmáticos de que el Estado y la política tienen que enfrentar unos retos”.

Tobón Zapata hace referencia a procesos difíciles, en lo político, tales como la discusión de la legalización de la marihuana –un debate que considera maduro en la comunidad internacional– y al cambio de paradigmas de intervención en las zonas donde el Estado debe consolidar su presencia y legitimidad.


Ampliar enfoques

El profesor Gustavo Duncan Cruz afirma que la academia tendrá que estudiar más el carácter político de las organizaciones criminales. “La gente, en vez de querer tomarse el Estado central y entregarle el liderazgo a una persona instruida, con mando jerárquico, prefiere explotar la renta criminal, controlar una comunidad, volverse rico y con acceso directo al poder, en lugar de desarrollar una guerra directa con el Estado”,

Eso, añade, se traduce en superar el fenómeno puramente criminal: son pequeños centros de poder que cobran impuestos, imponen el orden y mantienen mediaciones con el Estado central.

“En las academias internacionales ya existe el concepto de criminal governance, gobiernos criminales, una rama de estudios que está obligando a hacer más rigurosos en estos temas y que en Colombia tiene implicaciones políticas fuertes porque tanto izquierda como derecha se achacan culpas mutuas sobre la responsabilidad en este fenómeno”, dice Duncan Cruz.

Paz y Estado

Las empresas criminales, las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos y la incapacidad del Estado para conso-lidar su presencia y reducir a las primeras lleva a una de las razones por las cuales el acuerdo de paz se constituye en una agenda de construcción de Estado.Mauricio Uribe López, doctor en Ciencia Política y jefe del Departamento de Gobierno y Ciencia Política de EAFIT, afirma que “buena parte de la explicación de la guerra co-lombiana ha sido la debilidad de la estatalidad y aunque construcción de paz y construcción de Estado no son sinó-nimos, en el caso colombiano las dos tareas van de la mano y son casi una hoja de ruta que debe ir de abajo hacia arriba, desde lo local hacia lo nacional, de la periferia al centro”.

A pesar del reto que ello implica, reconoce que las dificultades que ofrece el contexto actual para la implementa-ción del acuerdo de paz obedecen a que “los colombianos hemos sido muy buenos para hacer la guerra, para firmar acuerdos parciales de paz, pero no sabemos vivir en paz”.

Aunque destaca los actos de reconciliación entre desmo-vilizados de guerrilla y paramilitares, “esos episodios no han permeado al conjunto de la sociedad y el odio, el miedo, la rabia y el resentimiento no han podido ser reemplazados por la empatía y la compasión necesarias para la reconciliación”.

Uribe López señala que el gobierno de Iván Duque pa-rece haber retrocedido a la etapa en que no se reconocía la existencia de un conflicto armado en Colombia: “De todas formas, el Ejecutivo tiene unos compromisos para desarrollar el acuerdo que son legales, normativos, internacionales y vin-culantes. Sin embargo, hay cosas que van avanzando, en par-ticular el proceso de reincorporación de los combatientes”.

A pesar de eso, hay temas como la reforma rural integral, el Fondo de Tierras para la Paz, la sustitución de cultivos ilícitos, las zonas de reserva campesina y los presupuestos para inversión en el sector agropecuario que no avanzan, están estancados.

“No hay que ser alarmistas porque el horizonte tempo-ral de implementación de los acuerdos es amplio, va más allá del gobierno Duque, pero sí es motivo de preocupa-ción que los temas estructurales del acuerdo estén un poco congelados y, aparte de los programas de desarrollo con enfoque territorial y la reincorporación de los combatientes, no mucho más que esté funcionando”, concluye el jefe del Departamento de Gobierno y Ciencia Política.


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