Cultivos ilícitos y estrategia de negociación
Otra mirada al problema del vacío dejado por las Farc en las zonas sembradas con cultivos ilícitos la tiene el doctor en Economía Santiago Tobón Zapata, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de EAFIT.
Para él, la razón más probable para explicar el crecimiento de esas áreas fue una estrategia política del grupo en trance de desmovilización.
Tobón Zapata señala, primero, el hecho de que las áreas con cultivos ilícitos de coca cayeron en tasas relativamente altas hasta el último año de la negociación con la guerrilla, cuando comenzaron a incrementarse.
Tres hipótesis aparecieron para explicar ese hecho: la más socorrida fue la decisión del Gobierno Nacional de suspender la aspersión aérea con glifosato; la segunda, la devaluación del peso frente al dólar que hacía más rentable la exportación de cocaína; y la tercera, la idea de que en el posacuerdo se iba a tener una importante oferta de programas de sustitución de cultivos ilícitos por parte del Gobierno.
Sobre el impacto de la suspensión de la fumigación aérea con glifosato, el director del Cief considera que los costos de ese método son tan altos que lo convierten en la opción menos eficiente para la reducción de esas áreas.
“Un estudio de Daniel Mejía con Pascual Restrepo (de la Universidad de los Andes), en la frontera con Ecuador, encontró que costaba entre 35 mil y 40 mil dólares reducir una hectárea de cultivos ilícitos mediante aspersión. Es decir, era más barato comprar la cocaína ya transformada que hacer la aspersión”, advierte.
Por ello, el impacto sobre los cultivos era mínimo y no se podía asociar la aspersión con la reducción de cultivos ni la ausencia de la fumigación con su aumento.
La hipótesis de una tasa de cambio elevada como la razón para el crecimiento de los cultivos tampoco tenía evidencias que la respaldaran, dice Tobón Zapata, porque es una situación que se presentó en otros momentos sin que se reflejara en un aumento de las áreas cultivadas con coca.
“La demanda de cocaína es creciente en Europa y Estados Unidos y si bien la tasa de cambio ha crecido mucho en los últimos años, no había ocurrido un incremento proporcional en las hectáreas sembradas de coca”.
“La tercera hipótesis es que se generó una expectativa en muchos campesinos que empezaron a sembrar más coca (con la ilusión de ayudas del gobierno en el poscacuerdo). Esto, al principio, se manejó simplemente como especulación, pero hace pocos meses Juan Fernando Vargas, de la Universidad del Rosario, y Daniel Mejía, de los Andes, publicaron un documento de trabajo en el que presentan evidencia empírica que respalda eso”, explica Tobón.
De acuerdo con esos hallazgos, ese crecimiento se debería explicar por la mezcla de las tres hipótesis, pero donde la estrategia de las Farc para vincular a un grupo mayor de campesinos era la más influyente. “Era complejo decirle a la gente que dejara los cultivos legales que no iban a tener ayudas del gobierno para que sembrara cultivos ilícitos que sí iban a tener esas ayudas”, afirma Tobón Zapata.
El problema, que se puede considerar coyuntural del proceso, lleva a las consideraciones de fondo: ¿cómo debería llegar el Estado a retomar el control y la legitimidad de las zonas con cultivos ilícitos?
Para Tobón Zapata, la respuesta ya se ha discutido ampliamente en los ambientes universitarios, no solo de EAFIT sino de otras instituciones: “Un trabajo reciente determinó que es mucho más eficiente, en términos de reducción de cultivos ilícitos, la titulación de tierras que otro tipo de estrategias”.
Hasta ahora, comenta, el Estado se topa con el problema de no encontrar la forma de llegar a muchos territorios donde los cultivos ilícitos y otras economías ilegales son prácticas habituales.
“El Estado no ha logrado consolidar su presencia en ninguno de los territorios donde se han presentado estos problemas. La región del Bajo Cauca antioqueño, por mencionar un caso, tiene problemas muy serios de orden público, violencia, crimen organizado, gobierno de grupos criminales sobre las comunidades, minería ilegal, cultivos ilícitos y violencia del mismo nivel del que había hace 10 o 12 años”