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Seis obstáculos para construir la paz

Un estudio de la profesora Gloria María Gallego, de la Escuela de Derecho, analiza la espiral de violencia, venganza y odios en la que, hasta octubre, habían sido asesinados 289 excombatientes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La cifra se convierte en una mera estadística que pasa inadvertida ante la indiferencia y, muchas veces, indolencia de la sociedad.o




Javier Arboleda García, Colaborador Revista Universidad EAFIT



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26 de enero de 2022 | REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT - ESTADO, CONSTRUCCIÓN PACÍFICA Y POSACUERDOS

Explicar las violencias, a veces, implica mostrar cosas duras de la sociedad, sobre todo en un país donde se generalizó la idea de que unos deben morir para
que otros tengan que vivir.

Con esta reflexión termina el diálogo la profesora e investigadora de la Universidad EAFIT y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza (España), Gloria María Gallego García, sobre los resultados de su investigación sintetizada en el artículo Odio y venganza en la guerra civil colombiana – Patrones en los asesinatos a excombatientes de las Farc.

Y para dar ejemplo de esa reflexión revela un dato aterrador: entre la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, en septiembre de 2016, y octubre de 2021, han sido asesinados, algunos de ellos de la manera más cruel, 289 de los 6.803 hombres y mujeres que abandonaron las armas.

El artículo es uno de los capítulos del libro Historia(s), relatos y memorias. Miradas desde lo local, editado y compilado por Luis Fernando Barón y Adolfo Abadía, publicación que “recoge diferentes investigaciones cuyas temáticas, si bien están basadas en procesos organizativos, comunitarios, étnicos y de cierta tradición historiográfica, logran vincularse a través de la revisión e innovación de perspectivas”.

La profesora Gallego García, preocupada por su visión proteccionista de los derechos humanos y la construcción de paz, ha sido una estudiosa del conflicto armado y ha documentado la guerra desde todas las caras, en especial la de las víctimas, y promueve el deber de hacer memoria con y para ellas.

Dentro de este último resultó ganadora la denominada Alianza Energética 2030 en la que EAFIT es protagonista. Es integrante del Grupo de Investigación Justicia y
Conflicto, de la Universidad EAFIT, reconocido por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación como categoría B.

Entre otros trabajos, también es una de las coordinadoras del proyecto de investigación Conflicto armado interno, derechos humanos e impunidad, realizado de forma conjunta por profesores de las universidades de Zaragoza y EAFIT.

Para la profesora es urgente, más que nunca, exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, por considerar que han salvado miles de vidas, pero entre muchas dificultades se han atravesado los asesinatos de excombatientes y sus familiares.


Se requiere un compromiso genuino

Los documentos firmados hace cinco años entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la organización rebelde “por sí solos no alcanzan a transformar una sociedad para la transición de la guerra a la paz y los acuerdos fracasan si no se crean procesos más profundos de compromiso genuino”, explica la profesora en su artículo.

Afirma que nadie niega los daños causados por esta guerrilla en medio siglo de actividad insurgente, pero se requiere una sociedad generosa que les dé una segunda oportunidad a quienes dejaron las armas y que pare la espiral de violencia.

El acuerdo con las Farc es un avance histórico importante, si se tiene en cuenta que cesaron todas las hostilidades sus 62 frentes rurales, tres urbanos y nueve unidades de élite, grupos que tenían un amplio dominio territorial en muchas regiones del país, entre ellas, Antioquia.

“El Acuerdo, por ejemplo, establece un marco que apuesta al diálogo y la concertación entre los viejos enemigos para deliberar y definir conjuntamente políticas públicas de reincorporación, a partir de las realidades en el terreno y las necesidades concretas de los excombatientes”, dice la profesora.

El de las Farc es un proceso exitoso, pese a esas dificultades, porque el porcentaje de deserción y asesinatos es bajo, del 8%, pero es precario.

“Sobre todo cuando lo miramos desde los territorios”, principalmente por la lentitud como se vienen ejecutando los compromisos pactados por parte del Estado y el exterminio de los excombatientes.

En su análisis sobre porqué estos hechos dificultan la construcción de una paz ideal, Gallego García enumera seis obstáculos o consideraciones que son necesarios, en lo posible, superar como Estado y como sociedad.

Circunstacias que llevan a tomar venganza
Al citar textualmente al politólogo griego Stathēs N. Kalybas y su libro La lógica de la violencia en la guerra civil, la profesora enumera los determinantes sociales que pueden activar a una víctima a dar el paso hacia el deseo de venganza:

1. Un marcado sentimiento retributivo según
el cual es justo devolver el mal con mal.
2. La ausencia o debilidad del Estado, incapaz de indagar sobre los delitos y sus autores e imponer sanciones que satisfagan los deseos de castigo o venganza.
3. Un ambiente social donde priman juicios
y creencias del estilo: el fin justifica los
medios, todo se vale para defender el honor
personal y familiar.
4. La existencia de circunstancias y
oportunidades que facilitan el acceso a la
retaliación, como la presencia de grupos
armados y la vía a mercados de armas.



El acuerdo con las Farc fue importante: cesaron todas las hostilidades sus 62
frentes rurales, tres urbanos y nueve unidades de élite, grupos que tenían
un amplio dominio territorial en muchas regiones de Colombia, entre ellas Antioquia.






Obstáculo 1: Creer que la paz es algo excepcional

El primer asunto problemático tiene que ver con los antecedentes y cómo los colombianos nos hemos acostumbrado a convivir con los conflictos, así como pensar que la paz es la excepción en la vida nacional. Por eso, la historia muestra que casi siempre resolvemos nuestros conflictos por medio de la violencia, una violencia que se hereda y se transforma debido a otras motivaciones.

La investigadora recuerda que en las guerras civiles la venganza opera en muchas dimensiones: como motivación para la acción violenta, para enlistarse en las organizaciones armadas y para matar al enemigo en asesinatos rodeados de sevicia, ritos y estéticas del horror.

Esas dinámicas –explica– fraccionan las sociedades donde se producen las guerras y alimentan una espiral de rencor y venganza. “Y la venganza es una fuerza poderosa que obstaculiza la consecución de la paz. Por ello, ni las autoridades ni los ciudadanos deberían ignorarla”.

Obstáculo 2: Persecución violenta a excombatientes

El segundo punto es que las negociaciones pactadas a finales del siglo XX y las que van de este XXI dejan enseñanzas y avances, pero también muchos firmantes de la paz muertos en forma violenta.

Así lo muestran los procesos adelantados con diferentes guerrillas: con el M-19 (600 asesinados); el Ejército Popular de Liberación, EPL (700); la Corriente de Renovación Socialista, CRS (79); las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC (2117) y ahora este con las Farc (284 hasta agosto de 2021).

Amplios sectores de la vida colombiana han reclamado,
especialmente al Gobierno Nacional, el cumplimiento de todos los
puntos pactados en el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc como
una forma de evitar un nuevo ciclo de violencia y conflicto armado. 

Foto: Ròbinson Henao

Obstáculo 3: El deseo de venganza
Los datos anteriores llevan a la tercera consideración, una de las más complejas porque habla de la violencia íntima y la venganza contra los excombatientes.

Y, para el caso, la profesora Gallego García referencia lo sucedido con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, donde se concentraron 278 hombres y mujeres que dejaron las armas y que hicieron parte del antiguo Frente 18.

Ese municipio, durante años escenario de guerra, intentó convertirse en ejemplo de paz con la puesta en marcha de proyectos productivos como la cría de cerdos y aves de corral y el cultivo de café, que dio lugar a la denominación de origen Café Paramillo.

Pero, en 2017, los empezaron a matar: fueron once exguerrilleros y siete de sus familiares. “Estas muertes los forzaron a desplazarse, poco a poco, hacia Medellín, Pereira y a otros lugares para ponerse a salvo de una violencia incesante. Luego, el 15 de julio de 2020, los pocos hombres y mujeres y sus hijos que quedaban en el ETCR de Santa Lucía, salieron en caravana hacia Mutatá”, recuerda la profesora Gallego.

Obstáculo 4: Extender la venganza contra los familiares

La retaliación colectiva abarca el ámbito familiar y ese es el cuarto aspecto del análisis porque “los familiares son, en muchos casos, designados como víctimas expiatorias que deben ‘responder’ por los delitos de quienes fueran combatientes (...) en consonancia con una moral arcaica según la cual al individuo se le imputa la conducta de la totalidad de su propia familia o comunidad”.

Todo esto se da en un caldo de cultivo muy peligroso: el nexo entre víctimas, altas esferas del poder y cobro de venganzas a la guerrilla por sus crímenes e ideología comunista, un fenómeno que, a juicio de la investigadora, es paralelo a la fundación de los grupos paramilitares y sus métodos de violencia extrema.

Obstáculo 5: La disputa por los territorios

Se trata de la lucha por el control de las zonas donde tenían presencia y control las antiguas Farc y por dominar la denominada “economía de la violencia”: “En territorios con presencia débil y fragmentaria del Estado se da una mezcla de formas políticas y privadas de violencia, y el ligamen entre guerra y economías ilegales es estrecho”, explica la docente.

Las regiones de Catatumbo, Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, sur del Meta, norte del Caquetá, y costas Pacífica de Cauca y Nariño, son ejemplo de ello.
Para comprobarlo, solo basta ver, escuchar o leer las noticias diarias y enterarse de las acciones que comenten la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y grupos paramilitares como Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas.

“Más que la conquista plena de un territorio y la imposición de un orden contraestatal o paraestatal, estos grupos armados se mueven por el control de economías ilegales”, como rutas de contrabando, salida y comercialización de drogas, expendio de drogas barriales y maquinaria y explotación ilegal de minas.

Obstáculo 6: El dilema de la seguridad nacional

Es, quizá, el punto más complejo porque muchos excombatientes, personas que dejaron las armas producto del Acuerdo, permanecen en la disyuntiva de seguir apostándole a la paz o regresar a la ilegalidad por temor a engrosar las estadísticas de la muerte.

“Algunos exintegrantes de las Farc han retomado las armas y han reactivado las hostilidades en respuesta al miedo y al peligro que les ronda”, dice la profesora.
El regreso a las armas ha alimentado ciclos de violencias en Colombia, tal y como sucedió en anteriores procesos de negociación con organizaciones ilegales en los que muchos excombatientes terminaron por enrolarse en otros grupos armados para buscar protección, aunque tuvieran otras ideologías o hubieran sido incluso antiguos enemigos.

“En Urabá, por ejemplo, centenares de desmovilizados del EPL se presentaron en la década de 1990 ante Carlos Castaño y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá para huir del exterminio de las Farc”, recuerda la investigadora.


Cumplirles y protegerlos, sin demora

En conclusión de la docente, la mayoría de los excombatientes son personas humildes que quieren o querían retornar “a un mundo de libertad, paz y tranquilidad, pero muchas están viviendo el luto y la muerte muy de cerca”.

La docente Gallego García asegura que hay que romper el patrón de esa violencia y las cadenas de la guerra, que están llenas de pasiones de venganza y de odios: “No solo les disparan, sino que todos los asesinatos se caracterizan por la sevicia”.

El problema, en su opinión, es que la conducta de un segmento de la sociedad y de algunos legitimadores de ella se convierten en un aliciente para esa cadena de
muerte, al punto que les parecen malos los asesinatos cuando los cometen los guerrilleros, pero no cuando ellos son las víctimas de esos crímenes. Y, tan grave aún, incluso los celebran.

La docente advierte, entonces, que el Estado no puede salir a decir que no estaba preparado para el período posacuerdo y que tampoco debe seguir improvisando. “Tiene que fortalecer la implementación de los dispositivos de desarme con garantías de seguridad para la vida”, es decir, su misión, para detener este desangre, es brindarles seguridad a quienes dejaron las armas y cumplir con lo pactado, sin más dilaciones.


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