Carmen Elisa Chaves Soto
Colaboradora / Proyectos de investigación
La guerra en Colombia es un hecho y, por lo tanto, hay que buscar mecanismos, desde el derecho, para minimizar sus consecuencias en la población civil, insistir en la reparación de las víctimas, seguir abriendo caminos de diálogo y, sobre todo, deslegitimar las armas como forma de solucionar los conflictos.
Lo anterior resume algunos resultados de Conflicto armado, derechos humanos e impunidad, investigación realizada, entre 2008 y 2010, por un grupo de profesionales especializados en derecho internacional, filosofía del derecho y derecho penal de las universidades EAFIT y de Zaragoza (España), financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).
En lugar de hacer un diagnóstico del conflicto colombiano, el estudio se enfocó en el papel que han tenido en este los juristas y la normatividad colombiana, con el propósito de establecer posibles líneas de acción, cuenta Gloria María Gallego García, profesora de filosofía de la Escuela de Derecho de EAFIT y quien promovió ese vínculo interinstitucional cuando realizó su doctorado en Derecho en la Universidad de Zaragoza.
Una nación resquebrajada
La investigación partió del hecho de que en Colombia se estudia el conflicto en medio del mismo, lo que dificulta conocer la voz de las víctimas a quienes de manera frecuente se les violan los derechos humanos.
También tuvo en cuenta el papel de la sociedad en la permanencia del conflicto. Gloria Gallego, coordinadora del grupo de investigación en Justicia y Conflicto de EAFIT, explica que toda la sociedad de este país está marcada por el conflicto armado, lo que ha generado efectos determinantes sobre la transformación moral de los colombianos.
“Nos acostumbramos a mirar de manera violenta al otro, sobre todo si es diferente por su etnia, su elección sexual y su posición política. En Colombia está resquebrajada esa visión compartida en la que se fundamenta una nación. La divergencia es estructural porque hay un divorcio entre el ser y el deber ser”, expresa la investigadora.
Esta polarización de la sociedad genera una gran disposición a justificar fácilmente la violencia. “El derrumbe de la sociedad, del conjunto de significados compartidos, hace que sea la lógica de la guerra la que funcione, que se legitime y que se vea correcta la eliminación de quien es percibido como antagónico”, agrega Gallego García.
Revaluar la legitimación de la guerra
Colombia ha asistido en los últimos años a un proceso que ha legitimado la guerra, un mensaje cultural hegemónico que debe ser revaluado, tanto en el plano internacional como nacional.
“La apuesta sincera por el derecho implica necesariamente abandonar cualquier forma de justificación de la guerra: dicho de otro modo, luchar contra la guerra exige apostar por el derecho”.
En este sentido, Andrés García Inda, investigador de la Universidad de Zaragoza, argumenta que “la apuesta sincera por el derecho implica necesariamente abandonar cualquier forma de justificación de la guerra: dicho de otro modo, luchar contra la guerra exige apostar por el derecho”.
Esta es la principal conclusión del estudio que García desarrolla en el texto
Derecho o barbarie, apuntes sobre la legitimización de la guerra.
Por eso, Gloria Gallego enfatiza en lo urgente de limitar el conflicto armado y dice que la regla fundamental al hablar de la condición moral de la guerra es la “que obliga a introducir limitaciones respecto a las personas: la distinción entre combatientes y no combatientes”.
La investigación también resalta la necesidad de seguir reflexionando acerca de los marcos más adecuados de la reparación a las víctimas en conflictos no internacionales, en los que los mecanismos comunes son insuficientes.
Respecto a las negociaciones de paz con los grupos paramilitares a la luz del panorama internacional en torno a las amnistías, la investigadora Catalina Uribe Burcher, concluye que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz puede llevar a equívocos y, por eso, algunos casos de violaciones de derechos humanos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
En cuanto a la impunidad en Colombia frente a, paradójicamente, el abuso del castigo, Gallego expone que “por una tradición de culto a la legalidad se piensa que creando o cambiando la norma, cambia la realidad”, una dinámica que ha generado muchas reformas al sistema de justicia penal, cuya consecuencia es la ineficacia y el autoritarismo.
La investigación insiste en la salida negociada al conflicto, desde el derecho, y en la búsqueda urgente de la defensa de los derechos humanos. Para esto es fundamental la presencia de los juristas, también una perspectiva filosófica del derecho que ponga el deber ser por encima del realismo político que ha marcado la historia reciente del país.
El trabajo, además del aporte interdisciplinar, intergeneracional e intercontinental, deja a los investigadores un conjunto de instrumentos jurídicos para analizar complejidades como la realidad colombiana, con el fin de buscar y ofrecer a la sociedad alternativas de civilidad que permitan recuperar el valor y la dignidad de la vida.
DIH, verdad, perdón y reconciliación
La investigación tuvo una segunda fase, también financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, llamada Conflicto armado, justicia y reconciliación. Esta etapa se basó en la premisa de que la población civil ha quedado cautiva en medio del conflicto. Los colombianos, en muchas partes del país, son sobrevivientes de la guerra en medio de la miseria, el encarcelamiento y la falta de oportunidades.
Esta segunda fase profundizó en temas como el derecho y sus posibilidades de recuperar los límites que demarca el Derecho Internacional Humanitario (DIH) a la guerra para proteger la población civil, las fuentes de violación de los derechos humanos y su definición como delito, y la responsabilidad y sanción a los agentes de las violaciones.
Los dos primeros capítulos abordan la verdad y el perdón. Frente a la verdad, explican que esta idea está en la base de la dignidad humana y, por eso, toda sociedad, especialmente la colombiana, debe demandarla insistentemente.
Respecto al perdón, María José Bernuz Beneitez, investigadora de la Universidad de Zaragoza, plantea que “el perdón parece un tema ‘poco actual’ y, por eso mismo, necesitaría un plus de razones que lo legitimen, que reivindiquen su necesidad y que permitan crear un espacio para perdonar”.
Esta fase trabaja también, entre otros, temas como el miedo y sus implicaciones frente al control social, así como la necesidad de protección de la población civil en el conflicto. Al respecto, la autora de este capítulo, Gloria María Gallego, coordinadora del grupo de investigación Justicia y Conflicto de EAFIT, retoma el DIH para argumentar que contener la “actividad bélica es, si se quiere, más acuciante en las guerras internas, la forma más típica y extendida de los conflictos armados contemporáneos”.
Coordinadoras académicas de la investigación
Gloria María Gallego García
Abogada, Universidad de Antioquia. PhD en Derecho, Universidad de Zaragoza (España), con la tesis Violencia y política. En los confines de la política, el derecho y la moral. Profesora de filosofía del derecho y coordinadora, desde febrero de 2011, del grupo de investigación Justicia y Conflicto de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT.
Desde 2010 hace parte de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Aedidh) y del grupo de docentes investigadores del doctorado en Estudios Humanísticos de EAFIT. Su investigación se centra en el estudio y reflexión sobre las teorías de la justicia y la fundamentación de los derechos humanos, conflicto, violencia y política, guerra y paz, y protección internacional de los derechos humanos.
Más información sobre la investigadora
María José González Ordovás
PhD en Derecho, Universidad de Zaragoza (España). Profesora titular de filosofía del derecho en la misma institución y autora de diversos trabajos especializados en la eficacia del derecho, el pensamiento urbano y el derecho a la vivienda.
Su investigación se centra en el estudio de la relación entre ética y derecho, y en el papel de la violencia en la eficacia de los derechos.
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