El 80 por ciento de los encuestados apuestan por la rehabilitación de los delincuentes, aun cuando son reincidentes, porque creen que
el ser humano puede cambiar.
Paula Andrea Guisao López
Colaboradora / Trabajos de grado
La delincuencia es un fenómeno estructural que debe combatirse con mejores condiciones sociales y económicas, no con más criminalización como lo han sugerido las políticas de Estado a través del sistema penal durante los últimos años.
Así lo piensan la mayoría de las personas consultadas en la investigación Ciudadanos y actitudes punitivas: estudio piloto en la comunidad universitaria de EAFIT, Medellín, de Juan Pablo Uribe Barrera, estudiante de la maestría en Derecho Penal, que pretende acercarse a la percepción de los colombianos frente al crimen y al castigo.
Para cumplir sus objetivos, el investigador recurrió
a una metodología que combinó análisis teórico y trabajo empírico, dentro del que se incluyó una encuesta a 833 estudiantes, docentes y empleados de EAFIT durante el segundo semestre de 2012.
La encuesta se dividió en varios bloques, en los que se abordaron temas como la delincuencia, sus principales detonantes y la respuesta institucional frente a esta, recurriendo en algunas oportunidades a la presentación de casos hipotéticos.
Los resultados confirmaron que no existe una relación directa entre los deseos punitivos de la sociedad y la actual política criminal expansiva, es decir, que pese a que los políticos promocionan el endurecimiento de leyes como respuesta al clamor popular, las personas son mucho más flexibles frente al tema.
Los encuestados prefieren penas alternativas a la prisión y creen en la rehabilitación de las personas.
“La gente pide una política social real en lugar de criminalizar e intervenir todos los problemas de este tipo a partir de lo penal”, explica Uribe.
A través de diferentes casos y escenarios hipotéticos, en los que se describía un sujeto acusado de determinado delito en una situación específica, los encuestados tuvieron la posibilidad de imponer tipos y dimensiones de la pena.
Mito de los colombianos punitivos
La actual política criminal nacional está legitimada bajo lo que el investigador llama “el mito de los colombianos punitivos”, pues obedece a la suposición de que los ciudadanos piden al Estado “mano dura contra la delincuencia.
Contrario a esto, la mayoría de encuestados sugiere
castigos menores a los existentes, cree en las penas alternativas a la prisión, apoya la rehabilitación de los delincuentes y ve la violencia como una problemática con raíces socioeconómicas.
El 78 por ciento piensa que la delincuencia es resultado de diversos factores, ninguno correspondiente a la falta de normas para enfrentarla.
Entre estas razones estuvieron el aumento de desigualdades sociales y económicas, la pérdida de valores en la sociedad actual, la desintegración familiar y la falta de atención a los hijos por parte de los padres.
Solo el 12 por ciento restante se refirió a situaciones como ineficacia de la policía o penas blandas como causantes de violencia.
En cuanto a la naturaleza del castigo, un 46 por ciento de encuestados cree que la mejor opción para solucionar la sobrepoblación carcelaria es encontrar nuevos métodos para castigar a los delincuentes, un 25 por ciento que se debe adelantar la salida en libertad de los penados por delitos no violentos e, inclusive, un 6 por ciento que se deberían penalizar únicamente las conductas más dañinas para la sociedad.
Solo un 20 por ciento de los participantes se mostraron favorables a la opción que normalmente acogen nuestros políticos, la cual es seguir elevando las penas y construyendo más prisiones.
Otra cifra contundente es la que tiene que ver con la resocialización, ya que el 80 por ciento de las respuestas apostarían por la rehabilitación de los delincuentes, aun cuando son reincidentes, porque creen que el ser humano puede cambiar.
En cuanto a soluciones, las principales están lejos de los mecanismos judiciales: el 40 por ciento optó por aumento de disciplina desde la escuela y la familia, el 30 por ciento por reducción del desempleo y mejora de la condición económica.
También son dicientes las estadísticas en lo concerniente a la visión general de la delincuencia: piensan que esta ha aumentado, que se realiza cada vez con más violencia y que la mayoría de quienes la ejercen son reincidentes.
“Es un panorama preocupante porque nos dimos a la tarea de investigar cada uno de estos ítems y encontramos que ninguno corresponde con lo que sucede en realidad. Es una situación de imprecisión y sobredimensionamiento”, afirma el investigador.
“[…] las instituciones son superadas de manera simbólica por las personas”.
¿Un derecho penal enemigo?
Después de realizar un análisis detallado del trabajo de campo y hacer un contraste con los planteamientos teóricos que tomó como base, Uribe llegó a tres conclusiones principales: Colombia es una democracia de baja intensidad, con un derecho penal enemigo y un populismo de tipo hobbesiano.
En un país que ha tenido un conflicto armado por más de medio siglo, no se puede obviar este elemento cuando se habla del tema punitivo. Por eso, este estudio llega a la conclusión de que el derecho penal en Colombia es utilizado como un arma más del poder político para enfrentar a sus enemigos.
Uribe explica que las normas se entienden dentro de una lógica de guerra, en la que el Estado las usa como cualquier otra herramienta para incapacitar, detener y destruir a su oponente. Se trata de un Estado que opera en una democracia que no ha podido imponerse en todo el territorio y que no inspira credibilidad en los ciudadanos.
Por lo tanto, los temores, las angustias y las demandas de las personas no se orientan al pedido de más leyes, sino hacia líderes autoritarios que se muestran con la suficiente fuerza para conseguir la paz. Es decir, las instituciones son superadas de manera
simbólica por las personas, justo a lo que se refiere el populismo hobbesiano.
“No vamos a encontrar que la gente haga pedidos por un derecho penal determinado, pero sí grandes votaciones por gobernantes con el eslogan y actitudes autoritarias”, señala Uribe.
Aporte a la política criminal
Este trabajo es el primero de su tipo en el país,
asegura Juan Oberto Sotomayor Acosta, profesor de la Escuela de Derecho y asesor de la tesis. Surgió después de varias lecturas de populismo punitivo en el módulo de política criminal de la maestría
enDerecho Penal.
“Nos preguntábamos qué tan útiles serían estos postulados para Colombia y yo respondía que en este país no se podía hablar de populismo punitivo, por lo menos no en ese sentido, pero en realidad no teníamos herramientas empíricas para dicha afirmación”,
indica Sotomayor.
El 78 por ciento piensa que la delincuencia es resultado de diversos factores, ninguno correspondiente a la falta de normas para enfrentarla.
A partir de ahí inició un trabajo que implicó varias fases: problematización, diseño, recolección de datos, análisis de interpretación de datos e investigación. Yulieth Hillón Vega, profesora de la Escuela de Derecho, fue la segunda asesora del trabajo y se enfocó en la metodología, en especial el diseño y aplicación de la encuesta.
Por todo lo anterior, esta investigación es un aporte a la generación de herramientas empíricas de análisis en el estudio de la relación entre la actual
política criminal colombiana y la demanda ciudadana por un derecho penal.
Ficha técnica de la encuesta
Población objetivo: 13.952
Alcance: Universidad EAFIT, carrera 49 No. 7 Sur - 50
Tiempo: segundo semestre de 2012
Técnica muestreo: probabilística simple
Instrumento de recolección de datos: cuestionario cedido por Daniel Varona –investigador de la Universidad de Girona– con modificaciones
Nivel de confianza: 95 por ciento Margen de error: 3,29 por ciento
Varianza poblacional: 59 por ciento
Población encuestada: 833
Investigador
Juan Pablo Uribe Barrera
Abogado, Universidad de Antioquia; especialista en Derecho Penal y magíster en Derecho Penal, Universidad EAFIT. Profesor y coordinador de la especialización en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad San Buenaventura (Medellín). Ha sido profesor de EAFIT y la Universidad de Antioquia. Áreas de interés: criminalidad, política criminal y violencia; guerra, conflicto armado y dinámica social; fundamentos del derecho penal, y consecuencias jurídicas del delito.
Asesores
Juan Oberto Sotomayor Acosta
Abogado, Universidad de Medellín; PhD en Derecho, Universidad de Salamanca (España). Profesor del pregrado en Derecho, y de la maestría y la especialización en Derecho Penal de EAFIT. Se desempeña como coordinador académico de esta última. Áreas de interés: derecho penal, teoría del delito, delitos contra la vida, política criminal, justicia, conflicto e instituciones.
Yulieth Teresa Hillón Vega
Abogada, Pontificia Universidad Javeriana; magíster en Sociología Jurídica, Instituto Internacional de Sociología Jurídica (España); y PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad de Zaragoza. Profesora de la Escuela de Derecho de EAFIT en los cursos de argumentación jurídica y sociología jurídica. Áreas de interés: derechos humanos, sociología jurídica, migraciones, género, estudios culturales, territorio, identidades, pluralidad jurídica y cambio social.