Juan Esteban Mejía Upegui
Colaborador
De los 32.795.962 colombianos habilitados para votar en las elecciones al Congreso del pasado 9 de marzo, 17.043.963 eran mujeres y 15.751.999, hombres. Al final de la jornada, del total de 269 congresistas elegidos, 55 eran mujeres. Un panorama semejante era impensable hace 60 años, cuando ellas no podían votar ni ser elegidas. Lograr este derecho implicó décadas de insistencia.
La historia del sufragio femenino en Colombia parte de un hecho anecdótico en 1853, cuando la Nueva Granada estaba dividida en 36 provincias. Una de estas era la provincia de Vélez, ubicada en lo que hoy es Santander y parte de Boyacá. Ese año, la Constitución Nacional determinó que cada provincia tenía autonomía para decidir lo que considerara conveniente para su organización. En escasos tres años fueron expedidas unas 60 constituciones provinciales.
Todas parecían calcadas una de la otra, pero la de Vélez fue particular. Los 25 diputados de esta provincia establecieron: “Son electores todos los habitantes de la provincia casados o mayores de veintiún años”. Al no hacer distinción de género, las mujeres quedaron autorizadas para participar en la elección popular. Antonio María Díaz, gobernador de Vélez, sancionó casi a regañadientes la Constitución. Alertó al Gobierno de que había contradicción con la Constitución Nacional, que solo reconocía como ciudadanos a los varones casados o mayores de 21 años.
En el periódico El Pueblo de Medellín, el escritor y político Juan de Dios Restrepo, bajo el seudónimo de
Emiro Kastos, criticó la constitución de Vélez. Escribió que las mujeres no necesitaban derechos políticos. Su destino, dijo “era aceptar de lleno sus graves y austeros deberes de madre y esposa”. El periódico El Constitucional, que circulaba en la capital, la defendió. La calificó como un acto de justicia y criticó que a las mujeres las criaran como “esclavas del hombre” o como si fueran un “animal doméstico”.
No hay certezas de si las mujeres efectivamente votaron. Su derecho duró poco.
Hacia 1855, la Corte Suprema consideró que los habitantes de Vélez no podían tener más garantías que el resto de granadinos y anuló su constitución.
En 1920, unas 500 empleadas de Fabricato, en Bello (Antioquia),
salieron a huelga. Estaban cansadas de los malos salarios,
de los abusos sexuales y hasta de que les tocara andar
descalzas, porque no las dejaban ni siquiera usar alpargatas.
A finales del siglo XIX, las mujeres empezaron a ocupar cargos de obreras, siempre peor remuneradas que los hombres. En 1920, unas 500 empleadas de Fabricato, en Bello (Antioquia), salieron a huelga. Estaban cansadas de los malos salarios, de los abusos sexuales y de que les tocara andar descalzas, porque no las dejaban usar alpargatas. Para calmar los ánimos tuvieron que hacerse al frente de la situación el dueño de la fábrica, el párroco de Bello y hasta el arzobispo de Medellín.
Las mujeres estaban lideradas por Betsabé Espinosa y sus compañeros hombres no las apoyaron. Ellas solas lograron negociar un incremento del 40 por ciento en los salarios, una jornada laboral de 9 horas y 50 minutos, el fin de los acosos sexuales y el suministro de alpargatas.
Al mes se levantó el paro. Las mujeres lograron que les reconocieran lo que reclamaban, tuvieron visibilidad en los medios de comunicación y fueron tema en sesiones del Gobierno.
Los reclamos de las mujeres se hacían sentir en diferentes partes del país. Según el historiador Luis Vitale, el 18 de mayo de 1927, unas 14.000 mujeres indígenas de ocho departamentos firmaron el manifiesto Los derechos de la Mujer Indígena. Allí se leía: “(…) Lucharemos nosotras mismas por la recuperación de nuestros derechos”.
Más reconocimiento político
En la década del 30 del siglo pasado, las mujeres colombianas empezaron a ganar terreno político. Para ese entonces, los bienes de ellas eran administrados por sus padres, sus esposos o sus hermanos. No podían tomar decisiones sobre sus patrimonios.
Ese año se celebró el IV Congreso Internacional Femenino en Bogotá. Durante el discurso de la feminista Ofelia Uribe de Acosta se escuchó por primera vez la consigna
“compañera, pero no sierva”. Ella y Georgina Fletcher, una española radicada en Colombia, presentaron un proyecto de ley llamado Régimen de Capitulaciones Matrimoniales. Buscaban que les permitiera manejar sus bienes con independencia. La propuesta tuvo voces en contra.
En su libro
Una voz insurgente, Ofelia Uribe citó los términos que usó el representante Mu- ñoz Obando: “(…) Las mujeres colombianas están empeñadas en quebrar el cristal que las ampara y defiende. No saben que si este proyecto llegara a ser ley, quedarían a merced de todos los comerciantes inescrupulosos que se apoderarían de sus fortunas que son el patrimonio de sus hijos. ¿Qué podrían hacer sin el esposo, gerente de la sociedad conyugal, que es la inteligencia y el brazo fuerte sobre el cual descansa el patrimonio familiar?” Desde las gradas del Congreso las mujeres gritaron: “¡No queremos tutores…!” Y el Representante contestó enérgico: “¡Pero los tendrán con su voluntad o sin ella…!”. Finalmente, en 1932, fue aprobada la Ley 28, que reconoció a las mujeres los mismos derechos civiles que a los hombres.
La primera mujer en ser elegida por voto popular fue Esmeralda
Arboleda, que en 1958 llegó al Senado. En el periodo de 16
años del Frente Nacional fueron altas las cifras de abstención
de las mujeres en las elecciones.
Una vez adquirido este derecho, las feministas empezaron una nueva batalla por el acceso a la educación y a la cultura. El Decreto 1972 de 1933 les permitió ingresar a la secundaria y a la universidad. Tres años más tarde, durante el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, y cuando ya las primeras universitarias iban a salir a la vida profesional, las mujeres pudieron emplearse en cargos pú- blicos. Sin embargo, para que pudieran ocupar los puestos oficiales, necesitaban cédula y, hasta ese entonces, no portaban tal documento. Con el debate sobre la necesidad de reconocerles su ciudadanía, tomó fuerza la discusión sobre su derecho al voto.
La búsqueda de este derecho se convirtió en la primera ola del feminismo en Colombia y en el resto del mundo, según lo explica la académica y líder feminista Florence Thomas. En aquel entonces, cuando empezaba a hablarse del tema en el país, Ofelia Uribe dijo: “Aspiro únicamente a que se abra para los dos sexos la posibilidad y la oportunidad de una dirección conjunta de los negocios públicos, ya que se ha comprobado que los varones solos no han sido capaces de construir el arquetipo de gobierno democrático para defender y embellecer la vida”. Otra feminista, Lucila Rubio de Laverde, le envió al Presidente una carta con más de 500 firmas de mujeres que exigían la ciudadanía.
López presentó un proyecto al Congreso para reformar la Constitución. En él se leía: “La calidad de ciudadano es condición previa, indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que lleven anexos autoridad o jurisdicción. La mujer colombiana mayor de edad puede ser elegida, pero no puede votar sino cuando la ley orgánica haya reglamentado el sufragio femenino, con las restricciones que considere el legislador”
Uno de los contradictores más punzantes fue el periodista Enrique Santos Montejo, que firmaba sus columnas en
El Tiempo con el seudónimo de
Calibán. Decía que “de aprobarse esta reforma, sería el avance más insensato hacia la quiebra social, hacia la desorganización de la familia, hacia la ruina moral que vendrá”.
En otro texto, dijo: “Si no fuera porque en ello va el porvenir del país, me encantaría presenciar unas elecciones en que participaran las mujeres. Sería una trágica diversión”. Decía defender la sociedad en estos términos: “Salvémosla y no la sometamos al voto femenino, que será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y en la pugna entre los sexos”. Y argumentaba que la mujer era inferior al hombre: “Ninguna hembra ha igualado al macho en las manifestaciones del atletismo, en toda la escala animal. Solo una yegua ha ganado el Gran Derby (1915) y esto porque el hándicap la favorecía”.
Más obstáculos
La prensa oficial no daba mayor respaldo a las iniciativas de las mujeres y ellas crearon sus propios medios. Se opusieron con vehemencia funcionarios liberales, como el ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo. Él decía que la actividad política en Colombia era defectuosa y que debía estar apartada de la mujer porque su temperamento pasional podía entorpecer el progreso de la nación.
El proyecto, inicialmente, fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero cuando llegó al Senado, el debate se volvió más ofensivo contra las mujeres. Les reconocieron el título de ciudadanas y negaron su derecho a votar.
Una vez terminado el Gobierno de López Pumarejo, a comienzos de la presidencia de Mariano Ospina Pérez, la Asociación de Mujeres de Colombia presentó un nuevo proyecto al Congreso. De nuevo, pedían el derecho a votar. La iniciativa fue archivada porque se consideró que había otros proyectos más importantes. Sin embargo, el debate sobre el derecho al voto de las mujeres era cada vez más impostergable.
“Es innegable que a lo largo de todos estos años hemos tenido
avances en la participación política de las mujeres y en el reconocimiento
de otros derechos. Pero también es cierto que este
país es muy machista. La política sigue siendo un territorio de
los hombres”: Florence Thomas.
El cálculo político veía en ellas un fortín electoral, pues si ingresaran al censo de votantes, ellas superarían el 50 por ciento. Además, su calidad de ciudadanas les dio la posibilidad de ocupar cargos públicos, algo que reñía con la ausencia de su derecho a elegir y ser elegidas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a los países que no habían aprobado el sufragio femenino a que lo hicieran. Los liberales cedieron y aceptaron la participación de las mujeres en la esfera política. Los conservadores temían contradecir a la Iglesia Católica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII defendió el sufragio de la mujer en Italia y quiso convencerlas de votar contra el comunismo, para evitar su llegada al poder. Ese guiño llevó a los conservadores colombianos a ceder.
Cuando Gustavo Rojas Pinilla llegó a la Presidencia tomó la bandera del voto femenino. Con base en 10 puntos publicados en el periódico
El Tiempo propuestos por Lucila Rubio de Laverde presentó un proyecto a la Asamblea Nacional Constituyente con un perentorio mensaje: no podía haber oposición. Él mismo nombró en la constituyente a Josefina Valencia y a Esmeralda Arboleda. El 25 de agosto de 1954, a las 7:00 de la noche, empezó la sesión definitiva.
En su discurso, Esmeralda Arboleda dijo: “Nosotras estamos seguras de que vosotros, honorables diputados, estaréis a la altura de vuestra gran misión histórica y consagraréis para la mujer de vuestra patria el derecho de plena ciudadanía. Todos sabéis que en el martirio de Colombia, la mujer sufrió la tragedia de la destrucción de su hogar, la pérdida de sus seres queridos, de los abandonos y de la persecución. Con el desgarramiento de su propia vida, aprendió a amar la paz como el mejor de los dones y clama por ella desde todos los ámbitos de la patria”.
Cuando terminó su discurso, desde las gradas del Congreso, llenas de mujeres, se escuchó un estruendoso aplauso. En aquella sesión se aprobó, por fin, el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas, con 60 votos a favor y cero en contra. Los contradictores abandonaron el recinto o se abstuvieron de votar. El Acto Legislativo número tres estableció en su artículo tercero: “Queda modificado el artículo 171 de la constitución en cuanto restringe el sufragio a los varones”. Las mujeres que asistieron a la sesión celebraron desfilando esa noche por las calles aledañas al Congreso, entonando el himno de Colombia, a pesar del frío bogotano.
Sin embargo, no todo estaba dado para que las mujeres pudieran ejercer su derecho. Para ese entonces, si bien eran ciudadanas, al igual que los hombres, se identificaban con la tarjeta de identidad que expedía la Administración de Correos. No tenían cédula, indispensable para votar. Mediante el Decreto 502 de 1955 se aprobó la cedulación para todos los colombianos mayores de 21 años. El 25 de mayo de 1956 se expidió la primera cédula para una mujer. Tenía el número 20.000.001 y pertenecía a Carola Correa, la esposa de Rojas Pinilla. La segunda cédula fue la de su hija María Eugenia Rojas, con el número 20.000.002. Después vinieron las cédulas para las esposas de los ministros y, de ahí en adelante, el resto de mujeres del país empezó a recibir el documento.
Pese a la caída de Rojas se mantuvo la decisión
Liberales y conservadores se unieron para derrocar a Rojas Pinilla. En mayo de 1957 tuvo que dejar el poder y la dirección del país quedó en manos de una junta militar. En ese contexto, los derechos adquiridos por las mujeres parecían no tener mucho futuro.
El liberal Alberto Lleras Camargo (que se había opuesto al voto femenino) y el conservador Guillermo León Valencia viajaron por el país. Buscaron convencer de la necesidad de un plebiscito para reconciliar la guerra política de aquellos días, que la historia registró como la Época de la Violencia. Las mujeres aprovecharon el momento. En una reunión en el Club Campestre de Medellín llevaron a aquellos líderes a comprometerse en público con que en el plebiscito se ratificarían los derechos adquiridos por las mujeres.
El primero de diciembre de 1957 asistieron a las urnas 4.397.090 colombianos para votar la consulta. De ellos, 1.835.255 eran mujeres que fueron a las urnas por primera vez. Ese día se aprobó definitivamente su derecho al voto y el establecimiento de un Frente Nacional, en el que conservadores y liberales se repartieron el poder.
En el periodo de 16 años del Frente Nacional fueron altas las cifras de abstención de las mujeres en las elecciones. Y las líderes se quejaban por la poca participación femenina en las listas de candidatos de los partidos. Apenas había siete mujeres por cada 100 hombres que participaban de candidatos para organismos de representación popular.
Desde el Gobierno de Alfonso López Michelsen, en 1974, las mujeres empezaron a ocupar altos cargos públicos como viceministras y cancilleres. La Constitución de 1991 trajo varios artículos que hacen explícitos reconocimientos a los derechos políticos de ellas. El artículo 13 habla de la igualdad sin distinción de sexos. El 40 dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para hacer efectivo este derecho, las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. El 43 dice que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades, y que la mujer no puede ser sometida a discriminación.
El primer país que oficializó el derecho al voto de las mujeres
sin restricciones fue Nueva Zelanda, en 1893. La primera nación
europea en aceptar que sus mujeres votaran fue Finlandia,
en 1907, que para ese entonces era región del Imperio Ruso.
Las normas han avanzado en traducir los principios que dictó la Constitución del 91. La Ley 581 de 2000, conocida también como ‘Ley de cuotas’, reglamentó la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Estableció que el 30 por ciento de los cargos públicos debe ser ocupado por mujeres. La Ley 823 de 2003 dicta normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. Ordena aplicar el principio “a trabajo igual, igual remuneración”.
La Ley 1475 de 2011 adopta reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales. Ordena a los partidos y movimientos políticos ajustar su organización y funcionamiento al principio de equidad de género.
“Es innegable que a lo largo de todos estos años hemos tenido avances en la participación política de las mujeres y en el reconocimiento de otros derechos. Pero también es cierto que este país es muy machista. La política sigue siendo un territorio de los hombres. La participación en el Congreso apenas alcanza el 20 por ciento y del total de alcaldes del país solo un 10 por ciento son mujeres”, dijo Florence Thomas.
Las cuotas en las listas de candidatos para corporaciones de representación popular empezaron a regir en las elecciones de concejos y asambleas de 2011. De acuerdo con Congreso Visible, en ese entonces se conoció que los partidos tuvieron que incluir “candidatas de relleno” para poder cumplir la ley. Es decir, en algunas colectividades consideraron que las mujeres que aparecían en sus listas no tenían posibilidad de ser elegidas, pero las incluyeron por requisito.
Según Congreso Visible, para las elecciones de 2014 se postularon 750 mujeres que representaron el 32,73 por ciento de los 2.291 candidatos que aspiraron a ser congresistas. Esto significó un incremento en relación con las elecciones de 2010. Ese año, de los 2.224 aspirantes a llegar al Congreso, apenas 441, es decir, el 19,82 por ciento, eran mujeres. El panorama actual, si bien no es perfecto, sí da cuenta de que las mujeres, con admirables esfuerzos, se han ganado espacios a lo largo de las últimas décadas. Es innegable que aún falta más presencia femenina en el poder pú- blico, pero también es previsible que su participación seguirá creciendo.
El voto de las mujeres en el mundo
La primera vez que se aprobó el voto de las mujeres en el mundo fue un accidente. Ocurrió en 1776 en New Jersey, cuando la ley autorizó el voto para “todos los habitantes libres de la Colonia”, queriendo decir que era para “todos los hombres libres”. Desde ese año, hasta 1807, cuando se enmendó la norma, votaron mujeres y hombres afrodescendientes.
En el siglo XIX, algunos estados norteamericanos aprobaron este derecho. En 1838 lo hizo Kansas y en 1869 Wyoming. La Constitución de Estados Unidos lo aprobó definitivamente en 1920. El primer país que oficializó el derecho al voto de las mujeres sin restricciones fue Nueva Zelanda, en 1893. La primera nación europea en aceptar que sus mujeres votaran fue Finlandia, en 1907, que para ese entonces era región del Imperio Ruso. Allí, por primera vez en el mundo, ellas ocuparon curules en el parlamento.
Dinamarca se destaca porque en 1915 otorgó el derecho al voto a hombres y mujeres al mismo tiempo. En 1924, España expidió el Estatuto Municipal que permitió el voto solamente a las mujeres de 23 años que permanecieran casadas. En 1931, las españolas recibieron el derecho a votar sin restricciones.
En América Latina votaron las mujeres uruguayas en 1927 en la localidad de Cerro Chato, en un referendo que buscaba decidir la jurisdicción del pueblo, disputado por tres departamentos. Sin embargo, el primer país latinoamericano en permitir a sus mujeres votar fue Ecuador, en 1929.
En 1946, la ONU instó a los países que no habían aprobado el voto de las mujeres a que lo hicieran. Ese año fue aceptado en Guatemala y Venezuela y, al año siguiente, en Argentina y México. En 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artí- culo 21 estableció: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
Colombia fue de los últimos países de la región en aprobar este derecho. Le siguieron Honduras, Nicaragua y Perú en 1955 y Paraguay en 1961.