Maria Bran Ruiz
El 2 de marzo en la vereda de Buenos Aires en el San José del Guaviare las Fuerzas Armadas colombianas bombardearon un campamento disidente de las FARC, en este hecho fueron asesinados 14 niños a manos del Estado colombiano. Las familias de los menores reportaron que sus hijos fueron victimas de reclutamiento forzoso; incluso con esta información, el Ministro de Defensa Diego Molano señaló que se habían “neutralizado narco-criminales”.
Lo preocupante de esta noticia es que el reclutamiento forzoso de menores es una practica constante en los grupos insurgentes, pues según el DIH los niños deben ser protegidos y los Estados no pueden abrir fuego contra ellos, por tal motivo, estos grupos los utilizan en primera línea como escudos humanos para protegerse. Esta práctica debería ser combatida por el Estado, teniendo como prioridad el bienestar de los menores que, claramente, no tienen un total entendimiento de las ideologías del grupo, así lo tuviesen, fueron reclutados forzosamente . En cualquier caso, el Estado tiene el deber de protegerlos de esta situación.
Así pues, el título de villano de la situación, lastimosamente, se disputa entre las FARC y el Estado (escenario bastante frecuente en Colombia). Por lo que es indispensable una investigación del caso, no dejarlo en el olvido mediático en el que se encuentra actualmente, para así evitar que se sigan escudando las prácticas inadecuadas de las Fuerzas Armadas colombianas y se garantice la protección de grupos vulnerables como son los niños. ¿Quién dio la orden? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen a nuestros niños como escudos?