Ese día se firmó el cambio de una era y Colombia testificó que se puede dialogar con respeto, llegar a acuerdos y materializarlos. Ese día, hace tres décadas, el 4 de julio de 1991, se promulgó una nueva Constitución Política de Colombia, un documento que conserva su espíritu pluralista como hoja de ruta de la vida republicana del país, garante de una democracia participativa.
Es el aniversario de esa Carta Magna, una oportunidad para releerla y aprender de su proceso. Por eso es válido identificar los hitos que se reconocen como sus principales aportes en relación con la transformación de la organización y las funciones del Estado, luego de mantener por 105 años su anterior Carta Constitucional, la de 1886.
Para Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de EAFIT, la Constitución de 1991 fue el último gran acuerdo de los colombianos como sociedad, en el que un grupo plural pactó dos cosas muy importantes: cuáles deberían ser los derechos constitucionales y sus mecanismos de protección; y la organización del poder público, es decir, la parte orgánica de la Constitución para hacer efectivas estas promesas.
"La Constitución tiene plena vigencia, incluso en estos últimos tiempos donde se habla de movilización social. En los últimos meses la gente en la calle no viene pidiendo un cambio en la Constitución, es el cumplimiento de las promesas constitucionales, particularmente, en la protección de derechos económicos y sociales como la salud, el trabajo, la educación. Lo que necesitamos es que se cumpla y que sea un texto eficaz", asegura el decano.
A pesar de las muchas reformas, dice Antonio Carlos Barboza Vergara, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad, se mantienen los principios y los valores que inspiran al Estado como la organización política y en esa medida cree que sigue siendo muy vigente el proyecto original de la Carta Magna. Las promesas tienen que ver con el Estado Social de Derecho, la idea de una sociedad organizada en términos de igualdad de oportunidades que garantiza a los ciudadanos sus derechos básicos.
Entre los artículos destacados que propuso la constituyente de esa época, integrada por 74 representantes de diferentes partidos y movimientos políticos, y con un recordado protagonismo de los estudiantes de la Séptima Papeleta, se encuentran el muy citado Artículo 86, correspondiente a la acción de tutela y a la protección inmediata de los derechos fundamentales; o los artículos 239, 240 y 241 que se refieren a la Corte Constitucional y su conformación.
También fueron importantes los correspondientes a la descentralización administrativa del Estado, a la ampliación del espectro de participación política con la creación de nuevos partidos y, desde aspectos económicos, la creación del Banco de la República y la mayor apertura del país en términos comerciales.
Una apuesta común
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 surgió tras una las mayores crisis institucionales en la historia política del siglo XX en Colombia. Inicialmente fueron 70 colombianos elegidos popularmente los que se posesionaron como representantes del mandato popular que dejó el resultado de la Séptima Papeleta para cambiar la Constitución de 1886.
A estos se sumaron, posteriormente, cuatro representantes de los grupos guerrilleros desmovilizados, a los que se les otorgó representación sin voto: Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores y Movimiento Armado Quintín Lame. En ese momento la entonces guerrilla FARC no participó tras el genocidio de la Unión Patriótica y no llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional.
Germán Darío Valencia Agudelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y director de la revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, reitera que este proceso surgió, además, de la necesidad de actualizar las normas que permitirían profundizar en la descentralización administrativa y en otros cambios políticos, económicos y sociales que vivía en ese momento América Latina.
"La Constitución de 1991 recoge todas las transformaciones que se realizaron por más de 100 años y lo que hace es configurar otra serie de derechos que son importantes. Sobre todo, derechos de los ciudadanos, por ejemplo, a exigir la salud o la educación, a que el Estado protegiera la vida y buscará la paz. Lo que hizo fue hacer más explícitos cada uno de estos derechos que se habían ganado a lo largo de las luchas y confrontaciones que existían desde 1886", expresa el docente.
El profesor Germán Darío cuenta que desde 1886 hasta 1991 la Constitución se había ido modificando lentamente. Por ejemplo, en 1910 se transformó inicialmente y, en 1936, se dio la posibilidad a que el Estado hiciera obras públicas, comprara una serie de empresas, ofreciera los servicios públicos y planificara el desarrollo. Luego en la década de 1960 se hicieron otras transformaciones relacionadas con el sector agrario. En los años 1984, 1985 y 1986 apareció la descentralización administrativa y la elección de alcaldes, lo que terminó cambiando aún más la carta política original.
30 años de camino y aún falta
Son más los avances que los retrocesos en el proyecto de Nación gracias a la Constitución del 91. Así lo considera Esteban Hoyos al mencionar que uno de los progresos más significativos fue el reconocimiento de los derechos constitucionales, mientras que en la parte orgánica sigue siendo un desafío la concentración de poder que a veces tiene el ejecutivo, algo de lo que adolecen muchas constituciones latinoamericanas.
"Tenemos una gran deuda en hacer efectiva la democracia participativa y, sobre todo, en utilizar al máximo los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local y profundizar en la descentralización que trae consigo la Constitución", indica el Decano.
El profesor Germán Valencia identifica que, ante la percepción de algunos de que la Constitución no se ha implementado totalmente, lo que ha pasado es que los principios y valores que hay allí no se han reglamentado, mientras que otros, por el contrario, creen que se ha venido implementando a lo largo de estas tres décadas. “Hablemos de los servicios públicos domiciliarios, la Constitución de 1991 da la posibilidad a los particulares de ofrecer los servicios de electricidad, agua o telefonía. Eso nos ha transformado la vida", asevera.
Entre las razones por las que la Carta Magna mantiene su vigencia está el mensaje de la importancia de la paz negociada que envió la Carta Magna. Así lo considera Antonio Barboza, quien cree que, si bien en la Asamblea Constituyente se generó una paz incompleta porque la entonces guerrilla Farc no participó, el momento actual que vive Colombia hace pensar que se debe avanzar en la pronta la implementación de los acuerdos de paz con esa exguerilla en el avance de la solución del conflicto armado.
Es buen momento, pues, para revisar los aprendizajes y logros que alcanzó el país en la concertación de su actual Constitución Política, un ejemplo del ejercicio de escuchar y acordar ante una necesidad más manifiesta de diálogo que permea a la sociedad.
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