Los agricultores extremadamente pobres tienen mayor posibilidad de recurrir a la siembra de coca como sustento que aquellos que son menos pobres de la misma zona. Asimismo, los hogares conectados a la red eléctrica, con acceso a crédito y que reciben pagos en efectivo por sus cultivos lícitos tienen menos probabilidades de producir este cultivo.
Estas conclusiones corresponden a un estudio adelantado por las investigadoras Eleonora Dávalos Álvarez y Liliana Dávalos, estudiosas de la economía del crimen y de los cultivos ilícitos quienes, a partir de los resultados, surgieren estrategias para disuadir a los agricultores de cultivar coca. Son tres las recomendaciones que hace el estudio: apuntar, específicamente, a los hogares más pobres de la zona, expandir la electrificación rural; y mejorar la productividad legal al brindar acceso a crédito, soporte técnico o contratos de cosecha antes de la siembra.
La investigación es fruto de la disertación doctoral de Eleonora, financiada por Minciencias y la Universidad del Norte de Carolina, en Charlotte (Estados Unidos), donde la profesora eafitense realizó el posgrado. En el análisis, en el que se utilizaron datos suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también participó como co-autora Liliana M. Dávalos, profesora de biología de la conservación de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook (Estados Unidos).
"Por décadas la investigación relacionada con cultivos de uso ilícito se enfocó en las estrategias usadas para controlar los cultivos de coca. Sin embargo, los cultivadores de coca son finalmente quienes toman la decisión de sembrar o no. En consecuencia, había un vacío en la literatura y una oportunidad para contribuir con nuevas soluciones a esta problemática", comenta Eleonora Dávalos, quien es doctora en política pública y utiliza la microeconomía aplicada para el análisis de las problemáticas sociales.
"Los cultivos ilícitos están asociados a unas fronteras abiertas, en las que los bosques supuestamente públicos se convierten en propiedades privadas bajo el actual régimen de tenencia de la tierra. A pesar de varias reformas agrarias, la estabilización de esa frontera extractiva no se ha logrado y de hecho se ha agudizado tanto con coca como sin coca. Nuestro estudio demuestra que aun dentro de estas mismas fronteras, hay diferencias importantes entre pequeños agricultores que apuntan a la importancia de mecanismos de financiamiento de pequeños productores, de la electrificación rural y de la educación básica universal", explica la investigadora Liliana Dávalos.
Esta problemática se presenta en un contexto donde Colombia es uno de los mayores proveedores de hoja de coca del mundo. De acuerdo con la investigación, los campos de menos de una hectárea representan más del 60% del cultivo. Si bien en el país tienen relevancia las estrategias para controlar los cultivos ilícitos, hay pocos conocimientos sobre lo que motiva a los pequeños agricultores a cultivar esta planta.
"Si la unidad de producción agrícola accede a crédito, la probabilidad de que siembre cultivos de coca se reduce en 30 puntos porcentuales", asegura Eleonora.
¿Cómo se hizo el estudio?
Para llegar a estos resultados las investigadoras analizaron las motivaciones de los cultivadores de coca mediante la estimación de un modelo de elección discreta, en el que se incluyen las características del jefe de hogar, las variables del hogar y los atributos de la unidad agrícola.
Para esto tomaron datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), un proyecto de carácter tecnológico que ofrece información de las dinámicas de producción de drogas que depende de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia.
"Si bien la investigación no explora los canales por los que la pobreza y los cultivos de uso ilícito se relacionan, este análisis cuantitativo sí identifica una relación estadística entre las dos variables. Esta relación podría estar evidenciando que las dificultades económicas llevan a los campesinos más pobres a sembrar coca", indica la profesora Eleonora Dávalos.
Para realizar este análisis cuantitativo desde la perspectiva de los sembradores de cultivos de uso ilícito, el principal obstáculo que encontraron las investigadoras fue el acceso a los datos. Según manifiestan, para mejorar los procesos de diseño de políticas públicas y estrategias de control es necesario promover la investigación en el área y facilitar el acceso a la información.
En relación con los retos de Colombia para resolver esta problemática social y económica, la investigación recomienda en el corto plazo complementar las estrategias convencionales con otras a largo plazo que se enfoquen en consolidar alternativas lícitas y rentables para los campesinos.
"Midiendo a corto plazo el uso de la aspersión genera algunos resultados, pero con altísimos costos sociales. Hay que tener en cuenta que ni Bolivia ni Perú han utilizado esta técnica y utilizando otras herramientas han logrado controlar sus cultivos ilícitos mucho mejor que en Colombia", analiza Liliana Dávalos.
Tal como indican las autoras, justamente el estudio podría aportar en la construcción de estrategias que ayuden al control de cultivos ilícitos en el país, gracias al análisis de las motivaciones de los sembradores que, en resumen, son: la pobreza extrema, la falta de electricidad, la falta de acceso a crédito, la pérdida de un cultivo y el pago de cultivos con medios diferentes al efectivo.
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Alejandro Gómez Valencia
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