Además de Emprendimiento y Empleo juvenil, en la jornada del 12 de mayo se presentaron propuestas en los siguientes ejes: Hacia un Cambio de Paradigma para la Equidad y Transformación Social en la Educación Superior; Jóvenes y Ruralidad; Biodiversidad y Bioculturalidad; Sostenibilidad Energética; Sostenibilidad Ambiental; Cambio Climático y Justicia Ambiental; Etnicidad, Cultura y Desarrollo; Desarrollo Rural; Economías Ilegales y Paz Territorial; Economía y Democracia; La Salud en la Encrucijada; Construcción de Paz; Política Exterior y Contexto Internacional de Colombia; y Ética Pública y Corrupción.
Hacia un cambio de paradigma para la equidad social y la transformación en las instituciones de educación superior
Este fue el eje que analizó, durante el último año, la Corporación Universitaria Minuto de Dios como parte del programa Pilas con el futuro y que los llevó, primero, por un análisis de los retos que tiene el país en materia de acceso y permanencia a la educación, empleabilidad de graduados, y capacidades del sistema de emprendimiento, antes de formular un diagnóstico en el que proponen diferentes soluciones para propiciar que las universidades sean ambientes plurales, espacios abiertos para toda la comunidad y lugares para fortalecer la innovación, la creatividad y las mentes soñadoras.
Jefferson Enrique Arias, rector de Uniminuto, fue el encargado de presentar estos hallazgos, entre los que se destacan, por ejemplo, el papel de las universidades en seguir construyendo conocimiento aplicado que impacte a la sociedad, la participación en el ejercicio de la política pública propiciando el acercamiento de los jóvenes, la inclusión activa para todos y todas, el compromiso con el cierre de brechas, y la solidaridad como ejercicio de valor compartido.
Jóvenes y ruralidad
De los 12 millones de colombianos, más de tres millones son jóvenes (51% hombres y 49% mujeres), y en esta población es que tienen que estar enfocados los esfuerzos y las oportunidades que les brinde el próximo gobierno en materia de educación y empleo, pues en la actualidad hay una tasa de desempleo del 21.1 por ciento, y un 42.8% solo llega hasta el nivel primario de educación. La afirmación fue de Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad La Salle, y encargado de presentar este eje, que le correspondió a esta institución.
Las recomendaciones de la Universidad, después de este diagnóstico, se basan en tres grandes pilares. En el de educación con lo que tiene que ver con oferta y demanda, permanencia o el programa de matrícula cero; en participación e inclusión, en el que se garantice la articulación con las organizaciones tomadoras de decisiones o se fortalezca el rol de la mujer en la ruralidad; y en prácticas y empleo, con programas que beneficien tanto a las personas como al sector productivo.
Biodiversidad y bioculturalidad
Hernando Chindoy, líder del pueblo Inga y representante de la Universidad Biocultural Indígena Panamazónica (AWAI), antes de presentar sus propuestas frente a este eje alertó sobre la amenaza que existe sobre la biodiversidad biológica y étnica del territorio colombiano y por eso instó a tomar acciones al respecto.
Además de pedir que se atiendan las sugerencias que surgen desde la Amazonía, el líder compartió las recomendaciones que hacen al Estado colombiano contenidas en el documento. Una que se “tome en serio” la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos atendiendo sus cuatro mensajes principales para generar una política pública en materia ambiental y biocultural. Otra es que se apoye con recursos técnicos y económicos el avance e implementación de los procesos en materia de educación superior en la Panamazonía colombiana, particularmente el proceso de AWAI, que lidera el pueblo Inga.
Sostenibilidad energética
Las apuestas de la Universidad Tecnológica de Pereira en este asunto están enfocadas en varios temas, entre los que se destaca el papel crucial de la educación a través de mayor inversión en investigación y tecnología, el aumento de los graduados de posgrados en campos como las matemáticas, la ingeniería eléctrica y las ciencias computacionales, y la integración de doctores en el mercado laboral para generar impactos reales.
Y en lo que se refiere al contexto de país, las sugerencias van por el lado de la creación de centros que analicen y entiendas las problemáticas locales; el aumento del presupuesto nacional de investigación en temas de energía, y la transformación hacia un enfoque distribuido y a pequeña escala para evitar caer en modelos neoextractivistas. Óscar Arango, profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue el encargado de presentar este informe.
Sostenibilidad ambiental
Que todas las universidades tengan un centro de pensamiento y espacios de reflexión que se enfoque en la sostenibilidad y que surjan programas que se puedan compartir entre las instituciones educativas. Que la academia pueda participar en las agendas ambientales del país.
Así resumió Carolina Espitia, directora del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, las propuestas en este eje en las que valoró la unión de las universidades para trabajar por el bien común.
Cambio climático y justicia social
Que cada habitante comprenda su responsabilidad con el cambio climático, esa es la aspiración de la Universidad EAN y, para alcanzar esta premisa, la institución propone tres elementos claves. El primero es transitar de un modelo homocentrista a uno biocentrista. ¿Cómo?, fortaleciendo estos ejes en la educación en todos los niveles, definiendo parámetros éticos para el avance tecnológico, y facilitando la integración ecológica entre personas y seres.
Los otros dos elementos complementarios que recomienda esta institución son potenciar los procesos de gobernanza y gobernabilidad adaptativa, y garantizar la vida de todos los actores y líderes sociales que participan en estos procesos. Jennyfer Vargas, decana de la facultad de Humanidades y Ciencias Social de la EAN fue la encargada de presentar este informe.
Etnicidad, cultura y desarrollo
Las recomendaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó al respecto, compartidas por Carmen Judith Asprilla, docente de la institución, partieron desde el concepción de la interculturalidad como motor de cambio y desarrollo sustentable del país. Hay mucha reglamentación, pero no se ha logrado consolidar realmente una política étnica en el país, dijo la profesora.
Entre las recomendaciones de la institución están la transformación del sistema educativo con el fin de propiciar el fortalecimiento, reproducción y diálogo intercultural entre todos los saberes y prácticas que tienen presencia en el país, y “desarrollar estrategias para que, tanto el sector público como el privado, incluyan población perteneciente a comunidades étnicas y propicien espacios de diálogo intercultural y así avanzar en el goce efectivo de los derechos establecidos por la Constitución de 1991”.
Desarrollo rural
En este eje, según lo mencionó Óscar Orlando Porras rector del Instituto Universitario de La Paz, lo más importante es transcender la idea reduccionista de que el desarrollo rural se refiere, únicamente, al tema agropecuario. Para el directivo se trata de entender esta problemática a la luz de la sostenibilidad y propiciando soluciones para temas críticos como el cierre de brechas, las mujeres en el campo, los jóvenes, el agro y el sector productivo.
Por eso, las soluciones que propone esta entidad, con sede en el Magdalena Medio, están enfocadas en temas como el reconocimiento de la importancia del territorio rural con sus problemáticas y potencialidades; el fomento de la participación activa de las comunidades de estos territorios; el trabajo en red con otras instituciones para articular esfuerzos; y la gestión de mayor inversión para el campo en materia de investigación, apropiación social del conocimiento, infraestructura, salud, educación y saneamiento.
Economías ilegales y paz territorial
Cultivos ilícitos, narcotráfico, contrabando y minería ilegal fueron cuatro de los asuntos fundamentales que mencionó Martha Sofía González, rectora de la Universidad de Nariño, en relación con este eje. Estos problemas, dijo, afectan la consecución de la paz, así como el desarrollo sustentable.
Entre las recomendaciones mencionadas están la formulación e implementación de una política pública que atienda las necesidades socioeconómicas de las regiones más afectadas por la presencia de las economías ilegales. Implementación de una política que incentive la producción agropecuaria local, regional y nacional con cultivos legales. Así como establecer políticas que le permitan estabilidad a las pequeñas explotaciones mineras y garantizar un trabajo e ingresos adecuados a los propietarios y trabajadores.
Economía y democracia
Según José Obdulio Curvelo, decano nacional de Contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia, uno de los grandes retos que tienen las comunidades científicas de las universidades del país, frente al eje de Economía y democracia, es ayudar a que la unión de estos aspectos con otros temas como el ambiental y el desarrollo sustentable y sostenible, no siga siendo relegado en las agendas públicas.
Para este fin, según el académico, hay continuar alineándose con los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es un tema impostergable; desarrollar currículos que involucren las nociones de economía y democracia como base para entender las diferencias y puntos de vista; y reconocer que el país debe avanzar en protección de empleo y a la generación de mejores condiciones de vida para todos.
La salud en la encrucijada
La salud es una interdependencia de derechos, tanto individuales como colectivos, ya que implica asuntos como, por ejemplo, el acceso a la alimentación de calidad y un buen hábitat. Desde esa premisa partió Juan Carlos Ochoa Botero, director académico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, antes de compartir las recomendaciones.
Algunas son avanzar en una perspectiva territorial y descentralizada en la organización del sistema de salud; replantear las relaciones sociedad-naturaleza en todos los ámbitos, desde la producción hasta el consumo y la reproducción social; y crear una política farmacéutica que afronte las limitaciones evidenciadas con la pandemia de covid-19.
Construcción de paz
Primero abordar la construcción de la paz a partir de un enfoque de política pública que implemente el derecho constitucional a la paz, lo que implica que no sea considerada como una política gubernamental sino estatal. Segundo subjetivar la paz, hacer que los ciudadanos sientan y se apropien de la necesidad de construir la paz, lo requiere del diseño de estrategias y planes de educación en y para la paz.
Esas fueron las dos propuestas centrales que presentó Hugo Buitrago, director del Unidad Especial de Paz de la Universidad de la Universidad de Antioquia, quien además advirtió que la construcción de paz implica el respeto por los derechos humanos y la profundización de la democracia, incluso al interior de las mismas universidades.
Política exterior y contexto internacional de Colombia
En materia de política exterior es claro que Colombia ha sido encasillada en tres temas: narcotráfico, relaciones con Estados Unidos, y la crisis actual de Venezuela. Hay que cambiar esa visión en los siguientes años y esa será una tarea primordial para el próximo gobierno. Así lo considera la Universidad Externado de Colombia y su representante Gonzalo Ordoñez Matamoros, si el país quiere tener una postura más protagónica en el contexto global.
El giro hay que darlo para alinearse con las agendas de desarrollo sostenible, para ser proponentes de temas coyunturales, y configurar una visión de Estado. Para eso, la Universidad Externado propone un camino en el que serán protagonistas la diplomacia científica, el fomento a la innovación social y el fortalecimiento de misiones como la Misión de Sabios, a la que referencian como un excelente ejemplo de articulación entre ciencia y política exterior.
Ética pública y corrupción
¿Por qué se ha normalizado la corrupción? Por la decisión de imponer los intereses individuales sobre los colectivos. Esa es la pregunta y la respuesta que ofreció Gonzalo Cocomá, coordinador de Cultura Institucional y Proyección Social de la Universidad de Los Andes.
Acciones para prevenir, sancionar y evaluar se contemplas en las recomendaciones. Algunas tienen que ver con desarrollar estrategias curriculares y pedagógicas desde la educación básica hasta la educación superior, para el desarrollo de competencias socioemocionales, éticas y ciudadanas. Crear un ecosistema de datos entre ciudadanos interesados que comparten información (universidades, entidades públicas y empresas) y propiciar estrategias de comunicación que enteren a todos los ciudadanos de las políticas y procedimientos anticorrupción.