La preocupación no es por la descentralización, sino por cómo esta se piensa desarrollar, sobre todo a partir del acto legislativo 018 de 2024, que se encuentra en el octavo debate en el Senado de la República, y que promueve el aumento de transferencias a los departamentos. Esta fue una de las principales conclusiones del foro El país posible desde las regiones, organizado por Valor Público de EAFIT, centro de estudios e incidencia de EAFIT, el viernes 22 de noviembre en el Coliseo Los Guayabos de la Universidad.
En el foro, que contó con la presencia de académicos y personalidades de la política del orden nacional y local, entre ellos la senadora Angélica Lozano y el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, se abordaron también temáticas alrededor de la paz territorial, las capacidades y las competencias territoriales, la autonomía fiscal territorial y las experiencias regionales para el futuro de Colombia, asuntos que, como lo indicó César Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, generan una mayor consciencia sobre un mejor quehacer en los asuntos públicos.
El primer segmento, denominado La paz territorial, tuvo como expositor a Santiago Tobón Zapata, profesor de EAFIT, investigador de Valor Público y experto en economías criminales. En esta, habló de los retos y herramientas que se requieren para la construcción de dicha paz a partir de la experiencia del Medellín Impact Lab, una idea de conocer en profundidad los contextos ilegales de la ciudad. En su intervención, se refirió a cuatro pilares que deberían asumirse para negociar con las estructuras criminales que operan en Medellín, teniendo en cuenta que, según los análisis, se tiene un mal diagnóstico al tratar de buscar programas que funcionaron en otros países y se implementan sin saber.
El primero es investigar la estructura de mercado y la economía política del crimen organizado partiendo del modo de operación de los cerca de 400 combos que hay en la ciudad y que regulan hasta la misma violencia en los barrios, lo que, en palabras del experto, mantiene pacífica a Medellín. Lo segundo es unificar las fuentes de información y los datos administrativos alrededor del sector criminal para entender cómo estos grupos son los que proveen orden y seguridad en un tercio de los barrios, inclusive con negocios como el de las arepas, las tierras y los préstamos gota a gota. Como tercero está la comprensión de las carreras ilegales en el largo plazo como un lugar en el que algunos jóvenes encuentran “futuro”. Y el cuarto es construir asociaciones entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y academia.
En ese sentido, el profesor Tobón propone trabajar en tres frentes de negociación: atacar las rentas criminales, reducir el interés de los jóvenes en el crimen y mantener la paz con la premisa de que en Medellín un número cercano a las 12 mil personas están dedicadas al crimen y 150 mil hogares pagan semanalmente extorsiones a los combos.
En el desarrollo del panel, moderado por la periodista Ana Cristina Restrepo y con la presencia de Elda Neyis Mosquera, exguerrillera de las FARC; Juan Ospina, consultor en temas de paz, víctimas y justicia; y Gustavo Duncan Cruz, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, se habló de cómo el Estado, aunque se ha fortalecido, debe ser mucho más funcional en los territorios donde hoy operan grupos criminales. Además, se conversó sobre aquello que motiva a muchos jóvenes campesinos a unirse a grupos al margen de la ley; se puso sobre la mesa la importancia de entender las rentas criminales existentes en muchas zonas del país, distintas al narcotráfico; y se reconoció la importancia de aprender de la experiencia de otros procesos de paz y analizar que las negociaciones obligan a regulaciones internas en los colectivos armados.
Capacidades y competencias territoriales
Inicialmente, el profesor Alejandro Gómez Velásquez, de la Escuela de Derecho de EAFIT abordó, desde el tema de capacidades y competencias territoriales, cómo regular las relaciones entre el centro y la periferia, entendiendo cuál es el punto de partida, las contrarreformas y las propuestas actuales que hay sobre la mesa. Lo primero que debe asumirse es que la Constitución de 1991 mantuvo la unidad nacional con la promesa de la autonomía territorial y la descentralización en un modelo que estaba por construir. No obstante, el que se impuso fue otro modelo que se instauró por dos contrarreformas o dos actos legislativos particulares (1 de 2001 y 4 de 2007) y que hizo que las transferencias hacia los territorios bajaran de cerca de un 46 a un 20 por ciento, lo que en palabras del experto se constituyó en un decrecimiento dramático para las entidades territoriales.
En este punto, el profesor Gómez introdujo, hablando de las propuestas actuales, el tema del trámite del proyecto de acto legislativo 018 de 2004, que se encuentra en el octavo debate en el Senado de la República y que, según la página web de este órgano, con este “se espera aumentar las transferencias que la Nación le gira a los departamentos, distritos y municipios a través del Sistema General de Participaciones”. A esto se le suma la propuesta de referendo fiscal que impulsa desde Antioquia el gobernador Andrés Julián Rendón para que los impuestos de renta y patrimonio no pasen a la Nación, sino que se queden en los departamentos.
Seguidamente se realizó el panel correspondiente a este tema, en el que participaron la senadora Angélica Lozano; Santiago Leyva Botero, profesor e investigador de Valor Público; Julián López Murcia, director de Nalanda Analytica; y Daniel Castellanos, economista y asesor del Ministerio del Interior. La moderación fue de Santiago Ángel, periodista de El Colombiano. En este se abordó la reforma al Sistema General de Participaciones, por lo que se discutió cómo dichas reformas no pueden darse si no hay énfasis en las competencias que se transferirán a los departamentos, entendiendo que son tan importantes como los mismos recursos y con el antecedente, especificado por Santiago Leyva, de que Colombia es un país con una burocracia central muy débil. Para la senadora Lozano, por ejemplo, el monto que se fijó en la meta, que es de 46 por ciento de transferencias a las regiones y luego a un 39 por ciento, es incumplible. “Me ciño a lo dicho por la Misión de Descentralización: 31 por ciento de transferencias más una bolsa de 5 por ciento para convergencias regionales o procesos asociativos entre entes territoriales”.
Autonomía fiscal territorial
En el tercero de los segmentos del foro, Alejandro Torres García, profesor del Área de Macroeconomía y Sistemas Financieros de EAFIT, se centró en lo que está ocurriendo con el Sistema General de Participaciones (SGP) y si es la mejor forma de continuar con el proceso de descentralización. Así, mostró cómo los recursos que se transfieren a las regiones cada vez son menos de los que entran a las arcas del gobierno nacional. Además, enfatizó en si el SGP debe dedicarse solo a atender las necesidades básicas de la población o apuntarle a asuntos como la competitividad, en la que sí existe una brecha grande entre, por ejemplo, Bogotá y Vichada. A su vez, Colombia es un país donde el recaudo de los departamentos es menor que el de los municipios, uno de los pocos casos en el mundo. Subrayó también, como uno de los retos, que una descentralización de recursos no comprometa la sostenibilidad fiscal de la nación.
El panel de este tema contó con la participación de Carolina Soto Losada, asociada senior Dattis y exviceministra de Hacienda; Jesús Botero García, profesor emérito de EAFIT; y Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte. Lo moderó Angélica Gómez Benavides, periodista de Cambio. Para empezar, y de cara al tema de la descentralización, Carolina Soto expuso cómo Colombia ha tenido una credibilidad en su manejo macroeconómico y cómo este acto legislativo que cursa en el Senado pone en riesgo la estabilidad macro del país al considerar que no existen las competencias locales para responder por ese presupuesto. Para el rector Meisel, por su parte, las brechas en Colombia no van a cerrarse solo con transferencias; mientras que para Jesús Botero, aunque descentralizar es absolutamente indispensable, se requieren reformas más estructurales que incluyan no solo los recursos sino las competencias.
Experiencias regionales para el futuro de Colombia
El último segmento del foro fue una conversación entre Aníbal Gaviria Correa exgobernador de Antioquia; y Federico Hoyos Salazar, exembajador de Colombia en Canadá, moderado por María Paulina Domínguez Hernández, jefe de proyectos de Valor Público de EAFIT. En un comienzo, el exgobernador Gaviria dijo estar de acuerdo con el proyecto de acto legislativo que promueve la descentralización, pero que el debate que debe plantearse ahora desde la academia y otros sectores, es por las capacidades de las regiones para gestionar esos recursos. A su vez, Federico Hoyos llamó la atención porque, en su opinión, “fue un debate que pasó de agache y no se han escuchado las voces técnicas para hacer las correcciones oportunas ante los riesgos de sostenibilidad fiscal”.
En conclusión, los diferentes participantes del Foro El país posible desde las regiones llamaron la atención sobre cómo deben darse más espacios de este tipo alrededor de un tema tan trascendental para el país como la descentralización.
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Alejandro Gómez Valencia
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