Santiago Higuita Posada
Colaborador
En Fredonia, un pequeño municipio cafetero de 21 mil habitantes del Suroeste antioqueño, el pasado 5 julio de 2017 se efectuó uno de los golpes más contundentes al crimen organizado de la región. En un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía de Antioquia, después de un año de seguimiento e investigación, 68 personas de la banda Los Aguilar, al servicio del Clan del Golfo, uno de los actores criminales más fuertes del departamento, fueron capturadas tras una serie de allanamientos alrededor del tráfico de estupefacientes.
Operaciones como esta, donde se logró incautar cerca de 8 mil millones de pesos a las organizaciones delincuenciales por parte de las autoridades, son el resultado de un renovado modelo de lucha contra el crimen organizado, que fue implementado en 2012 y reunió a las principales instituciones de seguridad y justicia: el Departamento de Policía Antioquia, la Dirección Seccional de Fiscalías y la Gobernación de Antioquia, quienes tomaron la decisión de enfrentar las estructuras del crimen organizado, que inició en 100 municipios de la región.
El modelo ‘Épico’, como fue denominado por sus siglas –Estrategia Penal Integrada Contra el Crimen Organizado–, se gestó como un nuevo modelo de intervención estructural basado en el análisis y la investigación criminal. Un primer diagnóstico, realizado en 2014 por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Gobernación de Antioquia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía de Antioquia mostró el agudo panorama delincuencial en las distintas subregiones del departamento para ese entonces.
Según el análisis, dos grandes organizaciones criminales, conocidas como el Clan del Golfo y el Clan Isaza, actuaban, para ese entonces, en el departamento. Además, en 10 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Odin), con presencia en Medellín y su área metropolitana, y, un escalón abajo, se hallaron 24 grupos delincuenciales de carácter local con funciones subsidiarias en las subregiones del Suroeste, Oriente y Norte de Antioquia.
“Históricamente han existido clanes familiares que han mantenido el monopolio de la producción y la venta de estupefacientes en el departamento de Antioquia. Antes se hacían unas intervenciones a través de diligencia de allanamiento y registro, sin una base investigativa y análisis importante. En consecuencia, la mayoría de las veces, se terminaba imputando tráfico de estupefacientes con unas penas muy bajas. La ventaja del modelo ‘Épico’ es que permite, a través del caso estructural, poder imputar delitos base como el concierto para delinquir con fines de narcotráfico y delitos asociados al mercado de drogas como el homicidio, la extorsión, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la utilización de menores en la comisión de conductas delictivas”, señala el abogado penalista César Quiroz, subdirector de Fiscalías y Seguridad Ciudadana de la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia.
El punto clave de esta estrategia de persecución penal que se está implementando, y que hoy es considerada como una buena práctica en la gestión de la seguridad en América Latina por sus resultados en la lucha contra la criminalidad organizada, fue la coordinación generada entre las policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín que, de manera conjunta, comenzaron a impactar las estructuras criminales en el departamento, concretamente en las siete subregiones donde tiene jurisdicción la Policía Antioquia.
“Nos dimos a la tarea de empezar a georreferenciar las bandas delincuenciales que dominaban el control territorial del tráfico de estupefacientes e impactarlas de manera estructural. Eso ha hecho entonces, sin duda, que seamos una de las seccionales más operativas del país y que hayamos diseñado una estrategia que nos permitió articularnos con el Gobierno Departamental, con un apoyo muy importante: recibimos un aporte de más de 800 millones de pesos en compras de equipos que nos permitieron hacer inteligencia investigativa y adelantar las investigaciones que ya teníamos georreferenciadas”, expresa Carlos Jaime Taborda, director Seccional de Fiscalías de Antioquia.
El modelo ‘Épico’ se creó luego de analizar el panorama criminal de Antioquia y evidenciar la débil coordinación que existía entre el Gobierno Departamental, la Fiscalía y la Policía. Como antecedente de esta estrategia, la Gobernación de Antioquia, dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015, creó el programa Política Criminal Regional, orientado a fortalecer canales de coordinación entre autoridades de seguridad y justicia, y a mejorar las capacidades técnicas y tecnológicas para intervenir los fenómenos de criminalidad organizada a partir del análisis y la investigación criminal.
"Nos dimos a la tarea de empezar a georreferenciar las bandas delincuenciales que dominaban el control territorial del tráfico de estupefacientes e impactarlas de manera estructural".
Los analistas eafitenses
A sus 30 años Alejandro Londoño y Pablo Zapata, amigos y politólogos de la Universidad EAFIT, coincidieron en la necesidad de realizar una evaluación delictual en Antioquia, luego de la puesta en marcha en 2012 del modelo ‘Épico’, que apuntaba a mejorar los resultados en la lucha contra el crimen organizado en el departamento.
Los dos se conocieron en las aulas del pregrado en Ciencias Políticas. Su experiencia profesional y académica los llevó a encontrarse de nuevo como consultores del Centro de Análisis Político de EAFIT, una plataforma de investigación que desde hace 10 años estudia, entre otros, los asuntos relacionados con el gobierno de la seguridad, las economías criminales y el conflicto armado en Colombia.
Antioquia ha sido un laboratorio para estudiar todos estos fenómenos, pues en el departamento confluyen muchas dinámicas asociadas a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público.
Luego de graduarse de la Universidad, Pablo estuvo en México realizando una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Actualmente es profesor de la Escuela de Humanidades de EAFIT y expresa que siempre ha tenido como interés la evaluación de políticas públicas.
Por su parte Alejandro, que acumuló experiencia durante cuatro años como investigador y coordinador del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Gobernación de Antioquia, se volvió especialista en el estudio de economías criminales, política de drogas y fortalecimiento institucional para combatir el crimen organizado.
“Ahí hemos confluido, porque una de las líneas principales de investigación y consultoría del Centro de Análisis Político es seguridad ciudadana y análisis de políticas públicas. En ese sentido, ya habíamos trabajado en dos planos, yo más en el teórico y Alejandro más en el plano práctico, en el ejercicio también de la función pública”, cuenta el politólogo Pablo Zapata.
“Estos dos temas a mí me interesan bastante, y Pablo es una persona experta en materia de gobierno local y el análisis técnico de políticas públicas, desde lo local y regional, todo lo relacionado con el tema de articulación y coordinación de actores y políticas. Lo que hicimos fue unir los conocimientos que cada uno tiene, yo desde la experiencia que he tenido, él desde sus investigaciones”, añade su colega Alejandro Londoño.
Específicamente el fenómeno del narcomenudeo, entendido como la etapa de distribución y comercialización de drogas ilícitas dentro del territorio, fue analizado por estos dos investigadores académicos que encontraron en este delito un eslabón importante dentro de la cadena de producción del narcotráfico, ligado a las grandes estructuras criminales que actúan en el departamento.
“Antes lo que sucedía, y aún sucede en muchas partes de este país, es que, para los temas específicos de narcotráfico, y cuando hablamos de narcomenudeo estamos hablando de narcotráfico, pero dirigido al interior del país, era que no se investigaba, no se entendía el problema, había una gran descoordinación entre la Policía, la Fiscalía y los gobiernos. Primaba, sobre todo, el tema de flagrancia, que lo único que produce es una tremenda congestión en el sistema de justicia y un desgaste institucional gigantesco porque son capturas que no están precedidas por una investigación”, señala Alejandro Londoño, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de EAFIT.
Según datos recogidos por los investigadores, entre los años 2012 y 2013 en Antioquia, 43.003 personas fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de las cuales el 94 por ciento quedaron posteriormente en libertad. ¿La razón? No había cómo comprobar que esas personas fueran parte de una organización criminal. A esto se suma el alto costo, en términos económicos y operativos, que conllevaba una captura en flagrancia. “Una captura en flagrancia le costaba en el año 2012 a la institucionalidad en Medellín, en horas laborales de los policías, fiscales y jueces, aproximadamente 135.930 pesos. Y sume eso por las personas capturadas entre los años mencionados en todo el departamento. Es decir, un gasto absolutamente irracional”, apunta el académico.
Aunque este estudio de análisis criminal se originó por la propia curiosidad académica de los politólogos, el apoyo institucional del Centro de Análisis Político de EAFIT y, posteriormente el trabajo junto al Departamento de Policía y la Fiscalía de Antioquia, brindó la oportunidad de tener un impacto dentro de esta política pública en el departamento.
“El análisis delictual ha permitido revertir la forma de ver las cosas, porque inicialmente el sistema judicial estuvo dado para el conocimiento de las investigaciones caso a caso, y eso dificultaba generar unos mejores resultados porque el esfuerzo investigativo resultaba insuficiente. Desde la dirección de Antioquia hicimos un esfuerzo importante para fortalecer y articular esas fuerzas del Estado, y de la mano con la Gobernación, que siempre ha estado presta, sobre todo con lo que llamamos nosotros ‘juguetes’ para la investigación: las cámaras, los micrófonos, los equipos que desencriptan los teléfonos celulares. Lograr esa consolidación de esfuerzos, que todos tiremos para el mismo lado, ha permitido que los resultados sean importantes”, expresa el subdirector de Fiscalías, César Quiroz.
El centro, que inició bajo el liderazgo del decano Jorge Giraldo Ramírez, de la Escuela de Humanidades, ha desarrollado una fuerte línea de investigación en los temas relacionados a las políticas públicas, gobierno y la seguridad ciudadana.
Un premio en Chile
Durante la VIII Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual, que se realizó en Santiago de Chile el 26 y 27 de julio de 2017, los politólogos eafitenses, autores de la evaluación de la estrategia penal integrada contra el crimen organizado, expusieron el modelo y sus resultados en Antioquia. Un mes antes el estudio de los investigadores había sido premiado en el VI Concurso Internacional Buenas Prácticas en Análisis Delictual 2017.
Este evento, organizado por la Fundación Paz Ciudadana, en colaboración con la Asociación Internacional de Analistas Criminales (Iaca) y la Fundación Motorolla, tres importantes instituciones que apoyan el desarrollo de políticas públicas en temas de seguridad, reúne los principales centros de estudio, observatorios de criminalidad y autoridades de seguridad y justicia en América Latina que usan el análisis delictual para la prevención del delito y la persecución penal.
"Antioquia ha sido un laboratorio para estudiar todos estos fenómenos, pues en el departamento confluyen muchas dinámicas asociadas a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público que evidencian problemáticas singulares, pero también un conjunto de retos para nosotros y la sociedad en general”, dice Pablo. “Lo que se hizo fue un diagnóstico donde se pudieron identificar unas falencias, porque se daba prioridad a lo operativo sobre lo investigativo. Y lo que se pretendió hacer fue la cualificación del proceso de investigación criminal”, apunta el académico.
La inteligencia criminal y el empleo de herramientas avanzadas de investigación, desde los conocidos agentes encubiertos hasta el uso de tecnologías para interceptaciones telefónicas y el rastreo del big data, son parte del análisis investigativo del modelo ‘Épico’, lo cual ha permitido la recolección coordinada de datos que se producen en los territorios por parte de investigadores y fiscales.
“Lo que sucedía en Antioquia era que había especializaciones de la Policía y la Fiscalía que atendían delitos específicos como homicidios, hurtos, extorsión, microtráfico, crimen organizado y cada uno operaba por su lado. Lo que genera el modelo ‘Épico’ es una transformación, no solo operativa sino organizacional en estas instituciones. A través del proceso de análisis criminal se identifican las organizaciones, sus miembros, la explotación de rentas ilícitas. Se recogen todos esos datos y se realizan operativos conjuntos, contra una sola estructura por diferentes delitos, y eso es algo inédito en el país, sobre todo en el ámbito territorial”, concluye Alejandro Londoño.
El Centro de Análisis Político
El Centro de Análisis Político de EAFIT, que actualmente cuenta con 35 investigadores adscritos a 13 proyectos de investigación aplicada y de consultoría, es una plataforma de gestión del conocimiento que realiza estudios en el campo de la ciencia política.
El centro, que inició bajo el liderazgo del decano Jorge Giraldo Ramírez, de la Escuela de Humanidades, ha desarrollado una fuerte línea de investigación en los temas relacionados a las políticas públicas, gobierno y la seguridad ciudadana. Para Laura Gallego, coordinadora de esta unidad, el Centro de Análisis Político es un puente entre la agenda académica e investigativa y las preocupaciones del sector público y privado.
“La política criminal en Antioquia se convierte más en una arquitectura institucional para poder desarrollar acciones en los territorios. Uno no puede hablar de una sola estrategia de intervención territorial en materia de lucha contra el crimen organizado, porque cada territorio tiene sus particularidades. Lo interesante de la política es que desarrolla unos instrumentos, unos escenarios de planificación de las intervenciones de los organismos de seguridad y justicia. Y permite un asunto muy importante: la coordinación y articulación, porque lo cierto es que parte del reto es llegar al territorio de forma articulada”, dice la coordinadora Laura Gallego.