Son múltiples las luchas en contra del rechazo y de la violencia que durante décadas han tenido que enfrentar muchas personas que tienen una orientación sexual diferente a la que han profesado la religión y parte de una tradición. Mauricio Albarracín Caballero, investigador de Dejusticia y activista LGBTI, recuerda que en Colombia se llegó a vivir, incluso, una persecución a los cargos públicos en donde notarios o profesores homosexuales, por ejemplo, eran sancionados y considerados como un peligro en el contacto con los ciudadanos o los estudiantes.
Hoy, el panorama es diferente en algunas zonas del mundo y en Colombia, luego de la Constitución de 1991, se han evidenciado algunos cambios considerados como hitos en la lucha del activismo que fueron analizados en la cita de Diálogos de integridad Respeto y Tolerancia ¿qué tanto aceptamos la sexualidad en Colombia?, que se realizó en el domo del Centro de Visitantes el pasado viernes 16 de agosto.
Como parte del programa de Respeto en EAFIT, el Centro de Integridad ha liderado una serie de conversaciones que motivan en la comunidad y en la ciudadanía una serie de reflexiones. En esta oportunidad, Nathalia Franco Pérez, jefa de esta unidad, moderó la intervención entre Mauricio, Carlos Julio Arango Benjumea, docente de la Escuela de Derecho, y el público asistente.
En materia legal, explica Carlos Julio, Colombia ha vivido una evolución jurídica expresada en los últimos años, a través de la Corte Constitucional, en el reconocimiento de los derechos a las minorías sexuales y personas LGBTIQ+ (lesbianas; gays; bisexuales; transgénero; queer y el símbolo que agrupa otras expresiones tanto eróticas, sexuales, cómo de género).
“Una de ellas, por ejemplo, es la sentencia 075 de 2007 en la que se extienden las uniones maritales de hecho a las parejas del mismo sexo, el reconocimiento en el ámbito de la seguridad social en 2009, o una de las más importantes en 2011 en donde la Corte Constitucional indica que una pareja conformada por dos personas del mismo sexo es considerada como una familia”, explica el abogado.
Sin embargo, el profesor opina que, si bien este es un desarrollo progresivo en términos legales –aunque en los últimos años el poder legislativo no acepta ningún proyecto relacionado con este tema-, hay mucho camino por recorrer desde lo social.
Para Mauricio uno de los grandes cambios, en este sentido, se está dando en la actualidad con las preguntas que se hacen las nuevas generaciones porque en las respuestas encuentran que no hay razón para castigar o sancionar. “Ahora los niños en lugar de preguntarse por qué hay dos hombres o mujeres juntos se inquietan por ver que otros se molestan ante esas situaciones”, expresa.
Además, agrega que hay un ejercicio claro y empoderado desde el activismo para luchar por los derechos de la comunidad, que los logros que hasta la fecha se conocen son patrimonio colectivo del país y que son pocas las naciones en el mundo que protegen a estas personas de la manera como se hace en Colombia.
En ese sentido son muchas las organizaciones que emprenden proyectos de investigaciones para tener cifras actualizadas o centros de apoyo a las personas LGBTIQ+, o las que se desarrollan desde el Consultorio Jurídico de EAFIT en donde hay una preocupación constante por lo que sucede en el país en materia legal y un acompañamiento jurídico enmarcado en el respeto.
“Así mismo, tenemos un grupo de estudio de sexualidad diversa conformado por estudiantes, convenios con la Corporación Transeres y Familias por la Diversidad Sexual (Fauds), y una materia en la maestría en Derecho dedicada a la reflexión de fondo de estas temáticas y la proposición de acciones concretas”, agrega Carlos Julio.
Por último, los ponentes extendieron la invitación a insertar en el lenguaje la sexualidad diversa como una manera de referirse a las personas, sin importar la preferencia u orientación sexual que tenga cada uno como aspecto integrador, no prejuicioso y basado en el respeto y la tolerancia.