Buena parte de los gobernantes de los 32 departamentos y 1.123 municipios de Colombia radicaron en los últimos días sus planes de desarrollo, una figura que sirve como hoja de ruta a los mandatarios para ordenar los programas que favorecerán a sus comunidades, pero cuya validez como instrumento político debe replantearse para trascender al uso de otras herramientas.
Así lo considera Santiago Leyva Botero, jefe del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT, para quien es muy poco el tiempo otorgado a las administraciones locales para transformar los planes de gobierno -planteados en sus campañas- en planes de desarrollo que incluyan intereses de la mayor parte de los sectores sociales.
"El plan de gobierno es el punto de arranque, y las administraciones entrantes tienen dos meses para convertirlo en un primer borrador de plan de desarrollo, el cual entregan al Concejo Territorial de Planeación y, tras un mes de ajustes, lo hacen llegar al Concejo de la ciudad para que quede en firme en mayo. Es decir, se cuenta con cuatro meses para diagnosticar y definir acciones para cuatro años de gobierno, para todos los aspectos de ciudades tan complejas como Medellín, Barranquilla, Bogotá, entre otras", señala Leyva.
La figura del plan de gobierno se definió en la Constitución Política de Colombia de 1991 -en Medellín el primer plan oficial se presentó en 1994- aunque algunas gobernaciones la usaban desde la década anterior. "Pero hoy en día este modelo puede haber dado el máximo rendimiento para estas grandes ciudades, y se debe pensar en gobernar no tanto por planes, sino por políticas públicas, que comprometan inversiones a mediano y largo plazo con estrategias a diez años y apoyo en diagnósticos juiciosos -hechos a lo largo de un año o más- adelantados por equipos técnicos fuertes", plantea el académico.
Otra de los aspectos señaladas por Santiago Leyva se deriva de la cantidad de planes que se ponen en marcha al mismo tiempo, sin una coordinación central para enfocar esfuerzos y evitar que programas sociales exitosos de administraciones pasadas sean desechados. "Al no existir un factor articulador se pierde mucho conocimiento y aprendizaje, y no hay agencias o actores que tengan el rol de replicar buenas prácticas en programas sociales y evitar las malas".
Estrategias bien planteadas
La apreciación de Juan David Escobar Valencia, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad, es diferente. El docente afirma que ningún instrumento puede reemplazar los planes de gobierno, en la medida en que su función es servir de guía al gobernante de turno y de constancia sobre lo que va a hacer durante el mandato.
"Los planes no son malos o buenos, lo malo son las ejecuciones de los mismos. La limitación verdadera es que nuestros planes se quedan en resolver problemas, y eso está bien, pero no buscan desarrollar potencialidades ni encontrar opciones para generar desarrollo. Simplemente plantean las directrices del gobierno e incluyen obligaciones con deudas y proyectos anteriores, así como las propuestas de la gente y de los concejales", explica Juan David.
Y es que el ejercicio de creación de un plan de desarrollo, en palabras de Adolfo Eslava Gómez, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT, se concibe como un ejercicio participativo, en el que la comunidad se inscribe por medio del Consejo Territorial de Planeación, antes de que las propuestas pasen a ser validadas por el Concejo Municipal, entidad que da el visto bueno a pesar de que el alcalde puede tomar la decisión por decreto.
El rol del Concejo, sin embargo, no suele ser ignorado, y los planes solo se radican tras llegar a acuerdos que implican ajustes a algunos programas, cambios de presupuesto e inclusión de algunas iniciativas. Al respecto, Juan David Escobar manifiesta que "casi siempre hay una concesión en los dos sentidos: los concejales tienen unos intereses específicos, propios del ejercicio electoral de prometer cosas a personas y localidades, e intentan que esas necesidades se vean reflejadas en el plan de desarrollo. Al gobernante le toca darles gusto, en lo posible, con esos requerimientos, porque ellos son los que finalmente aprueban la iniciativa".
No obstante, el rol que juegan en el proceso el Concejo Municipal y la comunidad está, en opinión de Adolfo Eslava, definido por la ley y establecido en el papel pero, de otro lado, aparece el afán práctico y los intereses políticos que limitan el carácter participativo del ejercicio.
"El reto para la academia, los actores políticos y las comunidades es enorme, y si bien contamos con herramientas de carácter jurídico, en la práctica ciudadana y en el debate público es donde se materializan las grandes dificultades por parte de intereses que se manifiestan legítima o ilegítimamente. De otro lado, tenemos la apatía de la gente y el desinterés de los ciudadanos por participar y legitimar estos escenarios. Es decir, hay posibilidades formales, pero la participación se da en escenarios informales, y debemos tender puentes entre ambos frentes", concluye Eslava.
El aporte de EAFIT
Santiago Leyva Botero, jefe del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT, explica que en la ciudad hay organizaciones activas, como Medellín Cómo Vamos, que hacen un seguimiento juicioso del impacto que está teniendo el plan de desarrollo en la calidad de vida de los habitantes.
"EAFIT es socia y hace aportes a Medellín Cómo Vamos. Estamos en los comités técnico y directivo, y hacemos una tarea muy juiciosa de seguimiento al plan. Somos la única universidad incluida y con un importante rol en el fortalecimiento técnico de esa iniciativa", indica el docente, quien agrega que la Institución apoya al Concejo de Medellín con el Observatorio de Políticas Públicas, para revisar el plan de desarrollo y acompañar a ese cuerpo colegiado en las discusiones del mismo en las comunas y corregimientos de la ciudad.
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Alejandro Gómez Valencia
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT
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