Para Juan Felipe Torres, un estudiante de leyes de la Universidad de Antioquia con discapacidad motora, la movilidad en su silla de ruedas en una ciudad llena de obstáculos no ha sido el único inconveniente. Su testimonio fue uno de los que se escuchó en el Foro Regional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, realizado este jueves 15 de septiembre en el Auditorio Fundadores de EAFIT, y en el que estuvo presente Jorge Eduardo Londoño Ulloa, ministro de Justicia y del Derecho.
Para Juan Felipe, una de las mayores dificultades ha sido la aceptación de la discapacidad dentro de una sociedad que no permite de manera igualitaria el acceso a las oportunidades laborales, a la educación superior y a la justicia, sobre todo en torno a temas tan esenciales para la vida como los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres. “Los discapacitados también somos personas sujetos de derecho”, manifestó con voz firme.
Como él, en Colombia se estima que más de tres millones de personas viven con limitaciones físicas, afectados en su mayor parte por problemas de movilidad reducida, visión, escucha o problemas cognitivos, entre otros trastornos o padecimientos.
“Más que barreras físicas, lo que más encuentra uno en el día a día en la sociedad, son barreras humanas. La idea es hacer concienciación con las personas, que nos visibilicemos para ayudar a romper estas barreras. Yo creo que en la ciudad hemos mejorado en temas de movilidad como de justicia, pero aun no es suficiente”, afirmó Girlesa María Gómez Martínez, quien hace parte del proyecto de políticas públicas en discapacidad de la Alcaldía de Medellín.
Llamados como el de Girsela María y experiencias sobre la discapacidad en América Latina, también fueron presentados en el Foro Regional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que participaron representantes del Gobierno y colectivos para hablar de proyectos de inclusión y políticas públicas que velen por los derechos de esta población.
Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y aclarar los mitos que existen sobre de la discapacidad, este evento académico fue convocado por el Ministerio de Justicia, a través de RUNDIS, una red conformada por 44 facultades de Derecho de distintas universidades del país, donde se articula la investigación, la práctica y el conocimiento generado alrededor de los derechos de las personas con discapacidad.
“Estamos trabajando para que todas las personas con capacidades diferentes puedan ser incluidas de manera democrática y real en nuestro ordenamiento jurídico. Son personas de que hay que aprender muchísimo. Creo que no hay sector de la sociedad colombiana que nos enseñe tanto como esas personas que tienen otras capacidades. Son personas que hay que incluir para que nos ayuden a solucionar todos estos problemas del postconflicto”, señaló Jorge Londoño, Ministro de Justicia.
Un Estado responsable de derecho
María Graciela Iglesias, abogada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, compartió la experiencia jurídica de su país en este tema y manifestó que quienes se encuentran ejerciendo funciones dentro del Estado son responsables de hacer efectivos los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Para esto, considera la abogada, deben incluir políticas que generen un fácil acceso a oportunidades laborales, educativas y de inclusión a los servicios jurídicos, que garanticen la plenitud de los derechos en la población con limitaciones físicas y mentales.
“El hecho de ser personas nos pone en igualdad. ¿Qué pasa con aquellas personas con diagnósticos que tienen que ver con incapacidad intelectual severa? Hay que ir despejando si la capacidad depende de lo que una persona puede tener como diagnóstico, o si la discapacidad está más bien en la sociedad que levanta barreras. Hoy hablamos de capacidad, de personas iguales ante la ley”, señaló la experta, quien se desempeña en Argentina como juez de familia y secretaria del órgano de salud mental.
Uno de los inconvenientes que enfrentan las personas en situación de discapacidad, particularmente aquellas con limitaciones mentales, es la falta de autonomía a la hora de tomar decisiones. Con respecto a este asunto, Federico Isaza, asesor jurídico del Programa por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, expuso que en casos como el derecho al voto se les está imposibilitado por ser declaradas interdictos. “Hay que hacer modificaciones a la legislación en términos de capacidad jurídica. Todas las personas tienen los mismos derechos de acceder a los apoyos, para que puedan tomar decisiones en su vida”.
Como parte de las estrategias que se adelanta desde el Gobierno para la inclusión de la población discapacitada, se han creado programas que incentivan la generación de puestos de trabajo para los discapacitados. En Medellín, explicó Lina Zuluaga, directora de la estrategia para la inclusión laboral de la Alcaldía, las personas en discapacidad tiene la posibilidad de desarrollar competencias. “Tienen derecho en decidir qué trabajo desean y así iniciar un proceso de inclusión laboral. En nuestros programas laborales nos basamos en un modelo de derechos y competencias”, dijo.