Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación, ve desolador el panorama del sistema penal acusatorio de Colombia. Su explicación se respalda en cifras: un total de 113.665 audiencias penales represadas en el país, 19.500 audiencias pendientes para imputación y 1.784 de estas con más de un año (con los términos de prescripción en curso). Esas fueron algunas de las cifras que reveló el funcionario en la instalación del foro regional Nuevo procedimiento penal abreviado y acusador privado, que se realizó en EAFIT la mañana de este martes 28 de febrero.
El Fiscal entregó los datos para hablar de las razones que, según él, justifican la Ley 1826 de 2017, que expidió el Congreso de la República y en la que se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. “Hay una demanda creciente por justicia y el aparato judicial no ha podido consolidarse y fortalecerse porque no hemos tenido una política pública que acompañe el desarrollo y el fortalecimiento del poder judicial”, dijo Martínez Neira después de mencionar que Colombia tiene hoy 4.300 jueces, lo mismo de hace 25 años, cuando él ocupó el cargo de Ministro de Justicia.
La reciente Ley tiene como propósito, justamente, ofrecer estrategias que descongestionen el sistema, como crear un procedimiento especial abreviado que hace más corto el procedimiento penal para algunas conductas delictivas previamente establecidas. Una de las principales diferencias entre el procedimiento abreviado y el ordinario es que en el primero se suprime la audiencia de formulación de imputación y se reemplaza por un traslado de la acusación.
Las fases de la labor investigativa que debe seguir la Fiscalía en algunos casos y la necesidad de tener un mayor músculo para combatir el crimen organizado fueron otras de las razones que mencionó el Fiscal para argumentar la necesidad de la Ley. Hay -dijo- 1.500 audiencias represadas por la espera de la autorización judicial para recaudar información urgente para la investigación criminal.
En cuanto al crimen organizado, Néstor Humberto Martínez mencionó que hay una mora en el diseño de instrumentos jurídicos que permiten combatirlo, pues tiene características que dificultan que pueda ser judicializado siguiendo el ritual que se sigue con el crimen convencional o el delito común. El sistema del país estaría diseñado para judicializar a individuos, más que a esas empresas criminales y eso contribuye al desbordamiento del sistema.
En palabras del Fiscal, esas organizaciones criminales están creciendo y ocupando territorios en los que antes estaba la guerrilla. El escenario de posacuerdo fue otra de las menciones que hizo para respaldar la Ley, más necesaria aún porque para él la política criminal del Estado durante los últimos años se ha limitado a la creación de conductas punibles y por eso hoy existen cerca de 400 tipos penales y se ha acudido a un aumento “delirante” de las penas para enfrentar el delito y la criminalidad. “Esto pone evidencia que una de las asignaturas pendientes del Estado en Colombia tiene que ver con el diseño, articulación y puesta en marcha de una verdadera política criminal que en el escenario del posconflicto resulta una tarea inaplazable”.
Otro de los asistentes al foro que aplaudió el nuevo procedimiento penal abreviado y la figura del acusador privado fue Hernán Penagos Giraldo, representante a la Cámara por el departamento de Caldas y ponente del Proyecto de Ley 1826 de 2017. El parlamentario aseguró que la ley es muy útil para el país y que si llegara a operar sobre, por los menos, la mitad de las noticias criminales -denuncia o querella- los resultados serían muy buenos.
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Alejandro Gómez Valencia
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT
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