Todos los momentos de transición democrática que han significado el fin de conflictos bélicos y sociales en el mundo han compartido un elemento fundamental: la verdad. En el caso de Colombia, mientras el país transita el camino del posacuerdo, la búsqueda de la verdad es una obligación que exige grandes compromisos por parte de todos los sectores de la sociedad.
Dicha premisa estuvo presente en el discurso de los ponentes de la conferencia Garantías del derecho a la verdad y del acceso a la información en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, realizado este viernes 11 de agosto en EAFIT, como una actividad de análisis académico organizada por la maestría en Derecho y la especialización en Comunicación Política de la Universidad.
En este espacio, se analizaron los instrumentos del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc diseñados para acceder a la verdad, así como los desafíos en materia de acceso a la información pública que plantea el posacuerdo, en un esfuerzo institucional por aportar a la pedagogía sobre el tema, en palabras de Esteban Hoyos Ceballos, coordinador de la maestría en Derecho, "ya no en una discusión con miras a los seis puntos acordados en La Habana (Cuba), sino a la implementación de los mismos, por medio de una mirada atenta, cercana y multidisciplinaria".
Los cuatro componentes de la justicia transicional (verdad, justicia, reparación a las víctimas y medidas de no repetición) sirvieron de punto de partida a Catalina Botero Marino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, para resaltar el reconocimiento de la verdad como el fundamento del sistema de justicia para la paz, el cual es a su vez el instrumento del acuerdo de paz para garantizar una transición democrática hacia el fin del conflicto.
"Las razones por las que la verdad está en el centro de este proceso son que las víctimas tienen derecho a saber lo ocurrido a su gente y a ser reconocidos como sujetos de derechos inadmisiblemente violados. Además, la verdad puede empoderar a las víctimas y permitir la reconstrucción de la memoria histórica, temas contemplados en el acuerdo de paz", explicó la docente.
La decana subrayó la importancia de las herramientas judiciales cuyo objetivo es que quien no dice la verdad no accede a los beneficios de la justicia transicional, un acto en el que las implicaciones van más allá de aceptar cargos en su contra. Sin embargo, advierte, pueden haber contradicciones respecto de lo hallado por los mecanismos extrajudiciales contemplados en el acuerdo: la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
"¿Qué pasa si una comisión cuenta historias que no han sido reconocidas en los procesos judiciales? ¿Qué pasa si hay dos verdades? Este es solo un desafío. El segundo es el acceso a la información en la Comisión de la Verdad, la cual recibirá muchos testimonios para hacer sus informes. ¿Tenemos derecho a conocer dichos informes? El acuerdo dice que no, por un asunto de seguridad de quienes cuentan sus historias", aclaró la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
La experta habló de un tercer reto referido al acceso a los archivos de inteligencia militar, los cuales consideró necesarios para garantizar la seguridad de un Estado pero reconoció un mal manejo de los mismos por parte de los organismos estatales de América Latina.
En ese sentido, se remitió a la Comisión de la Verdad sobre el terrorismo de Estado en Brasil para ejemplificar sobre el derecho a conocer los archivos clasificados, argumentando que, en ese caso, la violación a la seguridad nacional, entendida como la defensa de la integridad de la nación y de los valores, derechos, y principios de un Estado democrático, no es que la gente sepa que el Ejército cometió atrocidades sino que este las haya cometido.
Responsabilidad compartida
El posacuerdo también exige que los medios de comunicación desempeñen un papel más importante del hasta ahora ejercido, teniendo en cuenta que uno de los pilares del periodismo es, precisamente, la verdad.
Así lo considera Fabiola León Posada, corresponsal en Colombia de Reporteros sin Fronteras, quien manifestó en la conferencia que del ejercicio responsable del derecho a la información depende en parte que no se vuelvan a repetir los crímenes y no sea necesario pasar por otro eventual posacuerdo.
"Tenemos unos 60.000 desaparecidos, más de los generado por las dictaduras del continente. En 20 años, han sido asesinados 729 defensores de derechos humanos y, hasta ahora, solo hay cinco condenas. Parte del problema es que seguimos construyendo información desde las posturas oficiales y, a veces, desde la visión del victimario. Mostramos los hechos pero no trabajamos desde las causas. Tuvimos una debilidad crítica desde los medios y desde otros sectores del país: los funcionarios públicos dijeron lo que quisieron y no hubo contrapreguntas", manifestó Fabiola.
La comunicadora instó a sus colegas a trascender los titulares con estadísticas y volver a las causas y los hechos. A recoger muchas historias de lo que pasó en medio del conflicto, cuyos detalles se ocultaron por miedo a represalias, una petición secundada por Jorge Iván Bonilla, profesor del Departamento de Humanidades de EAFIT y director del grupo de investigación Comunicación y Estudios Culturales de la Universidad.
"Debemos volver sobre esos acontecimientos a los que no les prestamos atención cuando sucedieron, atestiguarlos por segunda vez, ingresarlos de nuevo a la esfera pública y convertirlos en objeto de debate. Indagar por un significado distinto al que parecían tener al momento de ocurrir, pues cuando las guerras parecen inevitables para una sociedad los ciudadanos responden menos a sus horrores. Tenemos que contar lo ocurrido con historias bien narradas desde el periodismo, el cine, la literatura y el arte en general", sugirió el profesor.
Los ponentes de la conferencia Garantías del derecho a la verdad y del acceso a la información en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia coincidieron en enviar un mensaje de trabajo responsable por garantizar el derecho a tener información libre, plural y diversa, pero también a generarlo a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
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Alejandro Gómez Valencia
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