Las nuevas restricciones adoptadas en las principales ciudades se reflejan, entre tanto, en la caída del promedio de los índices de movilidad de Google (excluida el componente residencial, gráfico 4), lo que anticipa un segundo trimestre de 2021 que, aunque tendrá un crecimiento importante respecto a 2020, será probablemente menos dinámico que lo hasta ahora proyectado.
Fuente: Google Mobility Report.
2. La reforma tributaria
El Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, radicado por el Gobierno el pasado 15 de abril en el Congreso de la República, representa un avance significativo en el rediseño estructural de las políticas públicas en el país. El énfasis fundamental en un nuevos esquemas de protección social, a través del Programa de Ingreso Solidario (PIS); el cambio de enfoque de la tributación, reorientando el esfuerzo tributario de las empresas a personas; la orientación hacia esquemas impositivos simples, en los que se reduzcan exenciones y excepciones y se limite la “porosidad” de los esquemas; la implementación de transferencias focalizadas, para mitigar impactos distributivos de tributos de otra manera eficientes como el IVA; la redistribución de externalidades ambientales, a través de la implementación de nuevos impuestos y la canalización de recursos hacia la transición energética; y los anuncios de racionalización del gasto y de focalización adecuada de subsidios, son todos elementos primordiales de una transformación estructural del papel del estado en la economía y del cambio de énfasis de las políticas públicas, que debe ser aplaudido y apoyado, aún a pesar de que algunas de las propuestas deban ser revisadas y su impacto evaluado en detalle.
La reforma fiscal implícita en el proyecto es, además, absolutamente necesaria para garantizar el bienestar futuro de la sociedad, amenazado por los riesgos inminentes que, para la evolución de la economía, se derivan de la compleja situación de las finanzas públicas, en un entorno mundial así mismo complejo, en el que se avizoran riesgos importantes en el acceso a los mercados financieros. Ese tema, que la opinión pública subestima a veces, creyendo que es “cosa del gobierno” y no de la sociedad, es la principal razón para dar un apoyo decidido un proyecto de ley que, en medio de reformas importantes a la institucionalidad que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, evita que ponga en riesgo el acceso del país a los mercados crediticios internacionales. Las consecuencias que se derivarían de una reducción de las calificaciones de la deuda soberana del país, si no se asegura un adecuado ajuste de las finanzas públicas, serían devastadoras, especialmente en un momento histórico como éste, en el que ha quedado puesta de presente la precariedad en la que vive una parte importante de la sociedad.
Es un momento pues trascendental para el país, en el que tenemos que garantizar como sociedad la confluencia de tres grandes propósitos fundamentales: enfrentar de manera adecuada la precariedad que agobia a una parte importante de la sociedad; mantener el dinamismo económico que se requiere para aspirar a un futuro mejor; y evitar que un manejo inadecuado de las finanzas públicas interrumpa el necesario acceso a los mercados financieros internacionales. Ello, en un entorno internacional complejo, en el que la disrupción de las cadenas de valor, el desacople de mercados y las nuevas tendencias de la globalización, representan inmensas oportunidades para una reinserción creativa del país en los mercados mundiales, y en el que la inmensa liquidez generada por políticas expansivas puede representar riesgos importantes, una vez que se consolide el paso a una “nueva normalidad” en los mercados financieros y de crédito.
Ello exigirá, sin duda, un esfuerzo importante de las clases más favorecidas, que tendrán que aportar recursos para ese rediseño estructural de las finanzas públicas, pero no porque ellas “deban volverse solidarias”, o porque se les pida que “ayuden a los más desfavorecidos”. Más bien, porque ellas serían las grandes perdedoras, si no logramos llevar a cabo la transformación implícita en ese rediseño; si, como claramente se puede avizorar ahora, la precariedad empuja al país al populismo. Y porque en un país pujante, sostenible, en el que hayamos enfrentado con éxito los riesgos políticos implícitos en los altos grados de precariedad en la que vive más de la tercera parte de los colombianos, serán las clases medias las verdaderamente beneficiadas. Son ellas las que tienen el capital humano, financiero y relacional indispensable para aprovechar las oportunidades que una economía dinámica genera.