Autor: Juan Simón González
En Colombia, por ejemplo, el Consejo Nacional de Política Económica -CONPES- en 2018 aprobó la Política de Crecimiento Verde: un plan a 13 años que busca aumentar la productividad y competitividad económica de Colombia bajo un esquema de desarrollo sostenible y que se alinea con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (DNP, 2016). Se estima que la implementación de este plan costará alrededor de 2.3 billones de pesos (CONPES, 2018). La pregunta que surge entonces es ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para lograr estas metas? Es aquí donde las finanzas se vuelven fundamentales para apoyar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Las finanzas climáticas son una rama de las finanzas que buscan asegurar el flujo de recursos hacia las actividades que permiten reducir las emisiones de carbono y tener un crecimiento resiliente al cambio climático. Entre los instrumentos financieros que han surgido como respuesta a esta problemática se encuentran los bonos verdes, que ya se negocian en mercados de todo el mundo, incluido el colombiano. Pero ¿qué son los bonos verdes? Comencemos por el principio: según la Bolsa de Valores de Colombia (2018), los bonos son Títulos Valores representativos de una parte proporcional de un crédito colectivo, emitido por empresas o entidades gubernamentales, con el fin de obtener recursos del mercado de capitales; el emisor se compromete a amortizarlo en un plazo determinado y a una tasa de interés preestablecida. El objetivo principal de los bonos es el financiamiento de proyectos nuevos o existentes.
Ahora bien, el tipo de proyecto que se financie con estos recursos determinará, en algunos casos, el tipo de bono emitido. Es el caso de los bonos verdes: instrumentos de deuda que están diseñados para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes; es decir, proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos y el uso de la tierra, entre otros1 . La emisión de bonos verdes necesita que los emisores estén alineados con los Principios de los Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés), los cuales son promulgados por The International Capital Market Association (ICMA), y promueven directrices que recomiendan la transparencia, reporte de informes y publicidad (International Capital Market Association, Junio).
Como todo título valor, los bonos verdes tienen sus ventajas y desventajas, tanto para el emisor como para el tenedor. El emisor puede encontrar varias ventajas. En primer lugar, las tasas de interés a las que son colocados normalmente resultan siendo menores que las tasas de los bonos tradicionales con características similares. En segundo lugar, un emisor puede tener beneficios reputacionales, dado que éste se beneficia de una mayor parte inversora y, además, aumenta el branding de la empresa, ya que la destinación de sus fondos debe ser divulgada antes de la emisión, permitiendo los inversionistas tener más información disponible para su toma de decisiones. Sin embargo, esta última característica puede terminar convirtiéndose en una desventaja para el emisor, pues un bono verde implica el monitoreo del uso de los fondos a través de informes periódicos, además del cumplimiento de ciertos requisitos adicionales a los de un bono tradicional, los cuales pueden terminar en costos y procedimientos adicionales por temas de auditorías y certificaciones (Grupo Bancolombia, 2018).
Por parte del tenedor, un bono verde permite el acceso a mercados especializados de inversionistas internacionales, además de la demanda típica de los mercados tradicionales. Sin embargo, la falta de liquidez de los instrumentos puede suponer una desventaja, pues los mercados de bonos verdes tienen apenas un desarrollo incipiente, por lo que estos instrumentos pueden ser poco líquidos. Cabe anotar que, en algunos casos, esto se debe a que la oferta de bonos verdes es considerablemente menor que su demanda y los tenedores de estos bonos suelen mantenerlos hasta su vencimiento.
En Colombia no han sido muchos los bonos verdes emitidos: con la última emisión hecha por el Grupo Bancolombia, ya son cinco las emisiones totales de este tipo en el mercado, que suman un valor adjudicado cercano a 1,7 billones de pesos. Tres de estas emisiones han sido privadas (Bancolombia, Davivienda y EPSA), mientras que las otras dos (Bancoldex y Bancolombia) se llevaron a cabo a través de la Bolsa de Valores de Colombia (DNP, 2019), logrando llegar a un mercado mucho más amplio. Además, es claro el apetito que actualmente tienen los inversionistas por este tipo de inversiones, ya que, según La República (2018), “[m]ientras los $5,9 billones adjudicados en bonos de diferentes tipos a través de la BVC en 2018 han tenido una demanda 79,6% mayor al monto ofrecido ($10,6 billones), los bonos verdes han logrado una demanda 115,2% mayor al monto adjudicado entre los dos que se han emitido en la BVC”.
Por lo anterior, esperaríamos observar un aumento en el número de emisiones de bonos verdes que aproveche el apetito de inversionistas que quieren obtener retornos en los mercados de capitales, a la vez que apoyan actividades con impactos positivos en términos ambientales y sociales. Así, con el apoyo del sector privado, podríamos acercarnos más rápidamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1 El tipo de proyectos elegibles para financiar mediante bonos verdes están reglamentados por los GBP. Sin embargo, dicha lista no limita al emisor, ya que, si éste desea financiar algún proyecto que no se encuentre listado, puede buscar la opinión de un calificador especializado que acredite el cumplimiento de los requisitos de los proyectos verdes.
Referencias