EAFIT convocó a diferentes actores para dialogar sobre la seguridad social a la luz de las reformas

Hablar del país posible implica proponer conversaciones amplias y profundas que permitan aflorar preguntas relevantes, establecer lazos de confianza y sumar voluntades en temas que afectan a la sociedad en su conjunto. Esta ha sido la intención de Valor Público, el centro de estudios e incidencia de EAFIT que, en colaboración con la Escuela de Derecho y el Centro de Gerencia y Empresa de la Universidad, convocó este 7 de agosto a representantes de la academia, sindicatos y gremios al encuentro La seguridad social a la luz de las reformas: un debate urgente.

Para iniciar el evento, Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de EAFIT, puso sobre la mesa la cuestión de cómo la protección de los derechos conlleva obligaciones por parte del Estado, que incluyen el respeto y la garantía de estos, en un contexto de recursos limitados. Aunque se han logrado avances, aún persisten brechas de género, entre el campo y la ciudad, y en la formalización laboral. “La Universidad tiene el compromiso de aportar argumentos críticos y constructivos, enriqueciendo las miradas y propiciando el debate”, afirmó el decano.

Siguiendo este propósito, Juan Camilo Chaparro, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, presentó varias cifras del primer semestre de 2023 sobre el mercado laboral en Colombia. Destacó que 7 millones de mujeres se encuentran al margen de la fuerza laboral y se dedican a oficios del hogar, una cifra significativamente mayor que el millón de hombres en la misma condición. En cuanto a la informalidad laboral, señaló que aproximadamente 7.7 millones de hombres y 5 millones de mujeres trabajan sin contar con la debida protección social.

¿Si le ofrecieran un empleo como asalariado, en el que ganaría lo mismo que obtiene actualmente, pero con prestaciones, aceptaría? La respuesta a esa pregunta que se les hace en la Gran Encuesta Integrada de Hogares a los trabajadores informales que están ocupados por cuenta propia refleja, para el profesor Juan Camilo, un drama y un desafío del mercado laboral: cerca del 40 por ciento de los hombres en esa condición y el 35 por ciento de las mujeres diría que sí.

Ese dato tiene más impacto si se tiene presente que la informalidad para las mujeres es cercana al 56 por ciento y en los hombres llega al 60 por ciento. El caso más alarmante sería el de los trabajadores informales por cuenta propia (más cinco millones de hombres y casi tres millones de mujeres). Es el grupo más grande de personas ocupadas, pero no tienen seguridad social, no están relacionados con una empresa y no los cobija el código sustantivo del trabajo. Para las personas que caen en el “cuentapropismo”, además, dijo el investigador eafitense, es muy difícil escapar de esa condición. En el caso de los hombres, por ejemplo, el promedio de años trabajando de esa manera llega 11.2 años.

Sobre la categoría empleados informales en empresas privadas (el 12.4 % de los hombres ocupados y el 11.9 % de las mujeres), Juan Camilo dijo que “es una categoría muy grave porque son personas que están en una relación laboral, que deberían estar cubiertos por los elementos básicos de la seguridad social y no lo están”.

De igual forma, el profesor Juan Camilo expuso algunos de los resultados del estudio Efectos macroeconómicos de la reforma laboral, de salud y pensional, realizado por investigadores eafitenses, en el que se cuantificaron los efectos que tendría la implementación de todas las reformas contempladas por el Gobierno Nacional para el año 2030, utilizando un modelo de equilibrio general computacional. Uno de los hallazgos señala que la tasa de crecimiento del PIB con las reformas sería del 2.8 %, en contraste con el 3.2 % si estas no se implementaran, además, el porcentaje de trabajadores informales se estancaría en una tasa del 43 %.

Con esta introducción, Martín Jaramillo López, director del Centro de Gerencia y Empresa de EAFIT y moderador del encuentro, solicitó a los invitados que compartieran su visión sobre el objetivo de un sistema de seguridad social y los aspectos que deben mejorarse en Colombia. En este punto, hubo consenso en la importancia de que el sistema abordara cuestiones relacionadas con la calidad de vida, incluyendo la salud, las pensiones y los riesgos laborales, adaptándose a las realidades actuales.

“Lo que nos convoca en este momento es saber si las reformas están apuntándole a lo que necesitamos. La respuesta es no, estamos distantes. El sistema de seguridad social debe ayudar al bienestar del empleador y el empleado; si no hay un equilibrio se podría aumentar la informalidad y la reactividad en la generación de empleo”, expresó Juliana Valencia González, profesora de la Escuela de Derecho de EAFIT.

Frente a este último punto, Nicolás Posada López, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, llamó la atención sobre la importancia de dialogar con todos los actores de la sociedad para lograr un consenso: “somos un país en desarrollo que sigue con problemáticas y realidades muy adversas, por eso tenemos mucho temor cuando se afirma que la reforma de trabajo no pretende aumentar el empleo", añadió.

Por otro lado, Hiller Alberto Hernández Muñoz, director general de la Escuela Nacional Sindical, adoptó una perspectiva diferente, argumentando que la reforma busca prevenir la precariedad laboral. "La actividad económica es la que garantiza el empleo. No se debe centrar la reforma únicamente en los costos laborales, ya que esto no determina la productividad de las empresas; en su lugar, es necesario examinar los planes estratégicos de los empleadores", dice.

Juan Camilo Chaparro compartió que las economías que están en un nivel medio podrían optar por dos caminos para generar desarrollo económico. Uno es escoger sectores específicos de la economía para impulsarlos con política industrial gracias recursos públicos y empresariales. Otro es el que toman ciudades de países más desarrollados y es la diversidad económica, que implica un portafolio muy amplio de actividades económicas. Ese último, dijo, cree que debe ser el que tome Colombia entre otras razones por los riesgos proteger sectores que no deberían ser tan grandes y olvidarse de otros como el de servicios.

Al final de la conversación, César Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, expresó que “todos queremos tener unos tamaños de beneficios y derechos mayores para la sociedad, pero es cuando pensamos en los tamaños para esos beneficios cuando empezamos a encontrar diferencias”, y agregó que el papel de la academia en este caso es decir cuáles son los efectos de los tamaños y las maneras de financiación de esos beneficios que se incluyen en las de reformas.

Este este tipo de espacios, concluyó el Decano, ayudan a entender y acercar los problemas en discusión, a pensar en cómo avanzar en cuanto a la financiación y a contribuir desde la Universidad con investigaciones que adviertan sobre asuntos que no se sabían antes.

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Alejandro Gómez Valencia 

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