Política en Medellín por los derechos de las mujeres urbanas y rurales

Con el apoyo técnico y académico del Centro de Análisis Político de EAFIT, la Secretaría de las Mujeres y el Movimiento Social de Mujeres espera actualizar una política pública existente hace 15 años.

Por eso se radicó el 7 de noviembre el proyecto de acuerdo 160 del año 2018 en el Concejo de Medellín para tener una nueva política pública que garantice los derechos de las mujeres en la ciudad.

Imagen Política en Medellín por los derechos de las mujeres urbanas y rurales
​Actualmente se realizan socializaciones en distintos barrios y comunidades sobre equidad de género y la nueva política pública. La imagen corresponde a uno de los talleres que se realizaron para crear la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales.

​En Medellín, en promedio, las mujeres reciben el 84,2 por ciento del salario de los hombres (una brecha salarial del 16 por ciento) y su acceso a educación doctoral, a pesar de ingresar en mayor número a estudios de pregrado, es del 38 por ciento, en comparación con el 62 por ciento del género masculino. 

Estos indicadores económicos y educativos, entre otros relacionados con la salud, la participación social y política, la seguridad y la paz evidencian la situación actual de la mujer en la ciudad. Así lo asegura el documento único elaborado por el Centro de Análisis Político (CAP) de EAFIT para la construcción de la nueva Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales

“Inicialmente se tenía planteado como una actualización de la política pública que se encontraba en el Acuerdo 22 del año 2003. Por asuntos de corte jurídico no se habla de actualización porque el Acuerdo se va a derogar por completo. Se habla de una nueva política pública que pretende ser una continuación de esta, para retomar el proceso de avance en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en Medellín”, explica Carolina Lopera Tobón, investigadora del CAP y coordinadora técnica del proyecto. 

Para garantizar la mayor participación de las mujeres, tanto en aspectos laborales, económicos, políticos y sociales, el pasado 7 de noviembre en el Concejo de Medellín se radicó este proyecto de acuerdo, que será debatido en secciones extraordinarias durante diciembre en la corporación municipal. 

“Ya existían unos aprendizajes y unos trabajos muy juiciosos en materia de políticas públicas, pero esta tiene sus particularidades por tratarse de un asunto de género. Lo que se ha desarrollado es la estructuración del problema público, que es bastante complejo. El reto fue identificar esas brechas de género, esas desigualdades que hay que intervenir de manera prioritaria”, señala Carolina. 

Este apoyo metodológico y técnico del Centro de Análisis Político de la Universidad se realiza desde el año 2016 junto a la Secretaría de las Mujeres y el Movimiento Social de Mujeres, que con sus procesos han aportado a la construcción de una línea base que permita dirigir las acciones y estrategias para reducir la brecha de género.

Para la elaboración del documento los investigadores realizaron una encuesta —ejecutada por la firma Invamer— a 1800 mujeres, además grupos focales, entrevistas a especialistas y talleres con comunidades. A su vez, se hizo un análisis sobre la evolución de los discursos políticos sobre equidad y la necesidad de renovar la actual política pública. 

“Los ámbitos en que se dan las problemáticas de las mujeres no han cambiado desde la política pública vigente, pero los problemas sí. El problema de las violencias contra las mujeres se ha acrecentado para mujeres de todas las edades y condiciones sociales, existe mucha violencia psicológica y económica en los hogares, producto de que las mujeres se han liberado de los roles tradicionales y estereotipados”, expresa Gloria Isabel Montoya, del Equipo de incorporación con enfoque de género sector público y privado de la Secretaría de las Mujeres. 

En la construcción de esta nueva línea base, que guiará las discusiones en el Concejo de Medellín, las desigualdades de género son reconocidas como obstáculos estructurales que impiden el desarrollo y la participación activa de las mujeres en la sociedad. Este proceso de construcción colectiva, señalan los investigadores, permitirá crear mejores instrumentos para intervenir la problemática. 

La renovación de la política pública, que existe desde hace 15 años, obedece, además, a los cambios legislativos sobre igualdad de género en el mundo, por lo que la ciudad se pone a tono con el avance de las discusiones sobre la participación de la mujer en distintos espacios de la vida social y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

“Estamos viendo la luz al final del túnel porque ha sido un proceso largo, el problema público es complejo y era necesario dialogar con muchas organizaciones sociales. Logramos establecer los instrumentos de política pública adecuados, construir los objetivos y diseñar las dimensiones. Se radica el proyecto y en el seno del Concejo Municipal se hacen una serie de socializaciones para hacer los ajustes necesarios”, manifiesta Carolina Lopera Tobón.

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Alejandro Gómez Valencia
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