La presentación de la investigación sobre el oro y la madera se desarrolló el miércoles 18 de abril en el Auditorio de Proantioquia.
• Gracias al trabajo conjunto entre EAFIT y Proantioquia se presentó el libro Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia.• La investigación revela que entre 100.000 y 150.000 familias del departamento viven de la explotación ilegal, lo que propicia escenarios violentos y de pobreza.
La economía informal no necesariamente es ilegal o criminal. Esta fue una de las conclusiones de la presentación del libro Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia, escrito por los investigadores Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de EAFIT; y Juan Carlos Muñoz Mora.
La presentación de este texto académico, que se desarrolló el miércoles 18 de abril en el Auditorio de Proantioquia, estuvo a cargo de Juan Carlos Vélez Rendón, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia; y de Gustavo Duncan Cruz, quien actualmente cursa el Ph.D. of Political Science at Northwestern University y es docente de EAFIT.
En el libro se tratan temas como el de la cadena de la explotación ilegal de la madera. Allí, las irregularidades incluyen, entre otras, explotación de bosques públicos, talas sin autorización, extracción de más madera de la permitida, utilización de especies protegidas, declaración de exportación inferior a la real y transporte sin salvoconducto.
Así mismo, la investigación revela que Antioquia, en 20 años, se redujo a casi una quinta parte su bosque denso o primario (32.9 por ciento en 1980 a 7.2 por ciento en 2000), pues “de las dos fuentes de producción maderera en Antioquia, gran parte sigue procediendo de bosque natural en lugar de plantaciones forestales”, comenta Jorge Giraldo.
Los investigadores también señalan que la mayoría de municipios auríferos son los peor calificados en el ranquin de desempeño fiscal de Planeación Nacional, sin embargo la legislación deposita en los alcaldes la fiscalización, pese a su vulnerabilidad ante los actores ilegales y hasta su vinculación directa con la explotación ilegal.
Los profesores calcularon que solo por las “vacunas”, por permitir el uso de las retroexcavadoras, “mensualmente los grupos ilegales podrían estar recibiendo entre 650.000.000 a 3.450.000.000 de pesos”, cifra que representaría entre el 20 y el 70 por ciento del PIB minero.
El análisis
De acuerdo con Juan Carlos Vélez Rendón, este libro da forma a una línea de investigación que aún es incipiente en el medio: las economías criminales. Pero destaca que este es un texto bien concebido y documentado, en el que se trata un tema de actualidad, pertinencia y complejidad.
A esto le se suma el hecho de que si bien el tema central es Antioquia, los autores inscriben su estudio en un marco de análisis que comprende la dinámica mundial, nacional y algunos aspectos locales de esta problemática.
“El tema alcanza importancia en la medida en que, de un lado, los precios internacionales del oro vienen incrementándose significativamente y, de otro, desde organizaciones criminales han encontrado diversos incentivos para insertarse en agrupaciones informales del oro y de la madera, con un alto costo en términos políticos e institucionales”, señala el investigador Juan Carlos Vélez.
Y agrega que la importancia del tema radica precisamente en que las economías criminales propician escenarios para la explotación laboral, para la sobreexplotación de recursos naturales, para el ejercicio de la violencia y para reproducir la pobreza.
Por su parte, Gustavo Duncan Cruz manifiesta que celebra la publicación de libros como este, porque con su rigurosidad y minuciosidad ayudan a descifrar esta serie de fenómenos en un aspecto particular de la realidad nacional.
Para este académico, la lectura del libro motiva “una preocupación dada por las características sociológicas de la explotación del oro en Colombia, que están como mandadas a hacer para que las regule un actor armado diferente al Estado”.
De esta manera, el profesor Duncan Cruz acota tres hechos que, para él, son preocupantes: primero, la magnitud, tanto del volumen del negocio, como de la cantidad de personas que viven de la explotación del oro: 100 a 150.000 familias. Problema equivalente al de las familias cocaleras.
Segundo, la localización de esta explotación: Norte y Nordeste antioqueño y, por último, su naturaleza, pues la explotación del oro y la madera es ambiental y socialmente agresiva.
Trabajo con Proantioquia
De igual manera, durante la socialización del trabajo se hizo énfasis en que su publicación fue posible gracias al trabajo conjunto entre EAFIT y la Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia), y que la Universidad está en procura de acercarse al conocimiento de lo que Jorge Giraldo ha llamado “el lado oscuro antioqueño: esa economía que no es legal, pero que no necesariamente es criminal”.
Un tema que puede explicar muchos de los fenómenos que ocurren en el departamento, no solo de violencia, sino también de baja capacidad del Estado en algunas regiones.
Finalmente, se destaca que el apoyo de Proantioquia le ha permitido a EAFIT empezar a construir esta línea de investigación que se está tratando de consolidar entre las escuelas de Economía y Finanzas; y de Ciencias y Humanidades de EAFIT.
Mayores informesJorge Giraldo RamírezDecano de la Escuela de Ciencias y HumanidadesTeléfono: 574 2619500 Ext. 9539Correo electrónico: jorgegiraldo@eafit.edu.co