• Gracias a EAFIT y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 57 instituciones educativas de la región cuentan con su propio Plan Escolar de Gestión del Riesgo.
• Los establecimientos beneficiados, en Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, La Estrella, Caldas, Itagüí y Sabaneta, recibieron kit escolar con elementos básicos para atención de emergencias.
Proteger la vida y la integridad física de la comunidad académica en 57 instituciones educativas de ocho municipios de la región es el principal objetivo del proyecto para la elaboración del Plan Escolar de Gestión del Riesgo, que desde julio realizan EAFIT y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Y es que por ley, como explicó Juan Fernando Ruiz Campuzano, director por parte de EAFIT de este proyecto, todos los colegios deben tener un Plan de Gestión del Riesgo y un comité que se encargue de hacerlo operativo y de atender cualquier emergencia que se presente en la institución.
“Buscamos con el Área Metropolitana aprovechar el conocimiento que se tiene en la Universidad en el tema de gestión del riesgo para formular un proyecto que permitiera desarrollar los planes escolares en estas instituciones”, afirmó Ruiz Campuzano.
De acuerdo con el profesional, lo que ocurría era que muchas instituciones educativas o no tenían el plan o contaban con este por un mero trámite, con el agravante de que en los colegios la mayoría de la población son niños, una población muy vulnerable.
Lo que trae el plan
El proyecto, que comenzó a ejecutarse a mediados del año y que finalizará la segunda semana de diciembre, permitió la conformación del Comité Escolar de Prevención y Atención de Desastres (Cepad) en cada una de las 57 instituciones intervenidas en los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, La Estrella, Caldas, Itagüí y Sabaneta.
Cada uno de los Cepad ya cuenta también con un kit escolar que contiene los elementos básicos para atender emergencias y que fue entregado el 7 de noviembre en EAFIT a cada uno de los rectores y coordinadores de las instituciones educativas. La entrega de este material hizo parte de uno de los componentes de este convenio.
Pero, ¿cómo se eligieron las instituciones? Juan Fernando Ruiz indicó que lo primero que se hizo, tras la firma del proyecto, fue determinar, con cada una de las secretarías de educación municipales, cuáles eran los colegios que se debían intervenir de acuerdo con su vulnerabilidad. Ya fuera por tener al lado una quebrada, o un talud, o por tener una infraestructura con deficiencias para la protección de la integridad de los estudiantes.
Posteriormente se hizo un inventario para ver qué tenía cada institución: si contaban o no con un Cepad, con un plan escolar de gestión del riesgo o con implementos para atención del riesgo. “Ahí nos encontramos de todo: unas instituciones más o menos organizadas, pero la mayoría no; unas que tenían extintores vencidos y otras que ni extintores tenían”.
Ante este panorama, comenzaron con los procesos de capacitación en temas como bomberotecnia, primeros auxilios y gestión del riesgo.
También se hicieron seminarios sobre el tema en los municipios con los funcionarios públicos y directivos de otras instituciones que no estuvieran intervenidas, con el fin de generar un conocimiento mucho más amplio sobre el tema en cada localidad.
Hoy en día se realizan simulacros para poner en práctica todo lo aprendido, como estrategia para identificar dónde se cometen errores, para ver qué hay que corregir, para que el primer ensayo no sea en un evento real y ponga en riesgo la vida o la salud de las personas por no estar bien preparados.
Las capacitaciones se ofrecieron a rectores, docentes y a algunos alumnos de los grados más avanzados.
En este sentido, Carlos Augusto Castaño, profesional en desarrollo familiar y quien acompaña este proceso, hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los docentes y rectores de dar oportuna respuesta ante diferentes emergencias para salvaguardar la integridad de los estudiantes.
Y es que aunque el proyecto terminará su ejecución a mediados del mes de diciembre, todas las acciones se consideran solo como un abrebocas, pues los establecimientos tienen que seguir capacitándose y preparándose, y lo podrán hacer gracias a que el Área Metropolitana tiene entre sus planes acompañar estos procesos de prevención y capacitación.
Juan Fernando Ruiz destacó el rol de los rectores y de los docentes. Así, se espera que tanto estudiantes como demás integrantes de las instituciones educativas puedan continuar su vida académica dentro de condiciones más seguras.
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Nathalia Giraldo Díez
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